En la conferencia matutina de este viernes se presentaron datos de la Comisión Nacional de Búsqueda y un "corte de caja" para la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de encabezar por una semana las mañaneras.
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Viernes 29 de enero de 2021
La conferencia matutina de este viernes estuvo nuevamente encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mientras se recupera el presidente López Obrador. Sánchez Cordero inició su intervención con un informe sobre los avances en materia de desaparición de personas, declarando que "la desaparición de personas es uno de los crímenes más terribles, pues provoca una afectación irreparable" y que "para este gobierno es prioridad la atención a los conflictos en todo el territorio nacional y en los que pudiera haber sobre todo violaciones de DD.HH.".
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, detalló que las entidades con incremento de la actividad delictiva las encabezan los estados de Guanajuato, Jalisco y Guerrero com 2395 cuerpos encontrados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, de los cuales un 19% ha sido identificado y casi el 22% ha sido regresado a sus familiares. Detalló que el año de 2006 fue el momento de inflexión de la violencia en nuestro país, dado que la "guerra contra el narcotráfico" disparó las cifras de muertos y desaparecidos.
Informó que existen 80,517 denuncias de desaparecidos desde 2006 a la fecha, así como el hecho de que el 92% de personas buscadas en 2020 han sido localizadas con vida. Los estados con mayor número de cuerpos en fosas clandestinas son Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas, con un 79.5% del total de cuerpos recuperados a lo largo del sexenio.
Las entidades con mayor número de desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero. Asimismo, se informó que específicamente la Comisión de Búsqueda ha realizado jornadas en el estado de Guanajuato, en las que han localizado 204 cuerpos que han sido recuperados en dos meses.
El gobierno informó sobre los avances de dicha comisión, entre los cuales está la creación de comisiones de búsqueda estatales.
Ante la pregunta del "corte de caja" al encabezar las conferencias matutinas por una semana en ausencia del presidente, la secretaria de Gobernación declaró: "me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa".
Ayotzinapa sigue sin respuestas
Por parte del subsecretario Alejandro Encinas se respondió la pregunta sobre los esfuerzos de algunos entes de desprestigiar las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa, entre los cuales están el de "entorpecer las investigaciones", "poner en riesgo la vida de las personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre". Encinas declaró que el gobierno está haciendo esfuerzos por "romper el pacto de silencio" que había con respecto al caso.
Sobre ese mismo eje declaró que la comisión de búsqueda está colaborando con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fiscalía General de la República (FGR). No son datos menores que debamos dejar de lado: recordemos que el papel de la FGR, al igual que su antecesora, es el de garantizar la impunidad de los políticos, eliminar pruebas y entorpecer las investigaciones. Le acompaña en ello la CIDH, que está adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), que en los hechos actúa como el Departamento de Colonias de Estados Unidos y que organizó el golpe de Estado en Bolivia que llevó a la derecha evangélica al poder.
Es así que la sed de justicia seguirá sin resolverse mientras participen en ella organismos de la derecha internacional cuyo objetivo no es el de encontrar a los 43 normalistas desaparecidos, sino evitar que el descontento se exprese en las calles. Para el gobierno, lo importante es encontrar a los 43, pero de lograrlo, ya han dejado claro que no pretenden perseguir a los culpables; en varias ocasiones López Obrador ha expresado "olvido no, perdón sí" y que no va a perseguir a los expresidentes, aun cuando éstos, al ser jefes máximos de las FF.AA. en sus respectivos sexenios, son también responsables de las desapariciones y muertes que se suscitaron bajo sus administraciones.
Sin embargo, más tarde Sánchez Cordero enfatizó que "el Estado está haciendo su trabajo, siempre en colaboración con las madres [en busca de sus hijos]". Ella parte de la premisa de que el papel del Estado es el de velar por la seguridad de la ciudadanía, como si éste fuera un ente abstracto y neutro, pero la realidad es que este Estado es uno al servicio de los empresarios, sus trasnacionales, sus accionistas nacionales, al servicio también de la casta política que se beneficia de ello y en contra de la vida de los trabajadores, como ha expresado la reapertura de sectores considerados "esenciales" sin serlo (como la maquila o la industria automotriz).
Aunado a ello, el Estado mexicano, además de ser crónicamente fraudulento, ha dado sobradas muestras de utilizar su aparato represivo para perseguir y asesinar a la disidencia y la izquierda obrera e independiente. Desde la Guerra Sucia de los 60 y 70, pasando por el uso de grupos paramilitares (mismos que continúan hoy hostigando a las comunidades indígenas), el Estado se ha dedicado a espiar y exterminar físicamente a los sectores del movimiento obrero, de mujeres y estudiantil.
Un caso similar se puede ver justamente en el mencionado en la conferencia de hoy al subsecretario Encinas: miembros de la tribu triqui en la localidad de Tierra Blanca, en el municipio de Juxtlahuaca, al norte de Oaxaca han sufrido desplazamientos y asesinatos por parte de grupos paramilitares, mismos que han sido beneficiados por el gobierno estatal. Pero a pesar de ello, Encinas resaltó que el gobierno estatal debe participar en el diálogo, puesto que la intención del gobierno federal es establecer diálogos de paz entre todas las partes. Pero sucede que entre estas partes están justamente los agresores, los paramilitares (ligados a los partidos neoliberales y varios de los cuales se han sumado ya al Morena), y los agredidos, las comunidades de a pie cuyas familias son afectadas.
Queda claro entonces que no puede haber una resolución efectiva de conflictos y una impartición real de justicia si se pretende encubrir a los políticos responsables de crímenes contra la juventud, los pueblos originarios y la clase trabajadora.
"Legalizar" vs "despenalizar" el aborto
Sánchez Cordero fue cuestionada sobre si esta de acuerdo con una consulta ciudadana que tenga firmas de mujeres expresando su deseo hacia el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Afirmó que "el movimiento feminista es un movimiento muy importante que tiene muchas décadas", pero puntualizó: "tú dices legalizar, yo digo despenalizar; despenalizar las conductas", dado que "en la Ciudad de México el aborto sigue tipificado después de las 12 semanas".
No podemos negar que la secretaria de Gobernación es muy hábil para evadir preguntas difíciles, aunque es conocida su postura contraria al aborto. Si bien habla de "despenalizar y no legalizar", la realidad es que si no hay una política de legalización del aborto con una regulación clara, se deja la vía libre a que "la federación" pueda establecer en cada estado sus propias normas, entre los cuales habría disparidades, como lo puede ser el aborto en la Ciudad de México y una entidad con fuerte población conservadora como lo es Guanajuato.
Ese mismo problema es el que de hecho sucede en Estados Unidos, donde en varios estados las mujeres no pueden abortar y tienen que viajar a veces cientos de kilómetros para llegar a uno donde puedan interrumpir su embarazo sin ser procesadas penalmente. Por ello es necesario que el movimiento de mujeres en México no caiga en la trampa y se deje llevar por los cantos de sirena de "dialogar" con Sánchez Cordero. Se vuelve entonces patente la necesidad de una organización independiente que responda a las necesidades de las mujeres, la juventud, los trabajadores, los pueblos indígenas y todos quienes mueven esta sociedad.
