#ABORTOLEGAL2020. Aborto: el misoprostol seguirá prohibido en Mendoza si no se trata una ley en noviembre

En las últimas semanas se vio en las redes sociales, en las calles, con campañas de fotos, campañas artísticas, conferencias de prensas, caravanazos, y cientos de formas más que encontraron las organizaciones de mujeres para exigirle al presidente Alberto Fernández que se trate el proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Evitando así que caiga la conquista de la media sanción en diputados.

Según declaraciones de la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra en noviembre el ejecutivo presentaría el proyecto de aborto para que sea tratado junto con los proyectos extraordinarios.

En Mendoza las mujeres y cuerpos gestantes se encuentran en una clara desventaja. En el año 2009 durante el gobierno peronista de Celso Jaque fue sancionada la ley 8.116, propuesta por el radical Abel José. Esta ley limita el expendio y/o suministro y/o fraccionamiento de medicamentos que contengan el principio activo Misoprostol. Bajo éste argumento de que el Misoprostol es dañino para la salud se prohibió su venta bajo receta en todas las farmacias de la provincia.

Durante el 2018, en el marco de la marea verde que copó las calles por el aborto legal seguro y gratuito, se consiguió media sanción en la cámara de diputados para derogar dicha ley. Sin embargo al pasar a senadores, quedó en la comisión de salud que nunca más la trató. Hoy corre el riesgo de perder su estado parlamentario. Dicha comisión de salud, no está funcionando desde el 20 de marzo porque no se la considera una comisión esencial.

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¿Qué es el Misoprostol y para qué sirve?

Julia López, quién es parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, declaró en Radio Popular La Mosquitera, que el “Misoprostol, es un fármaco que originalmente se utilizó con fines gástricos pero se descubrió que en personas embarazadas produce contracciones uterinas, es decir que produce lo mismo que produce un aborto espontaneo”.

Según la Organización Mundial de la Salud, el Misoprostol es considerado un medicamento esencial para producir abortos seguros sin necesidad de internación. De hecho, es el método más utilizado en países dónde el aborto es legal y el único método recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación, cuando la edad gestacional no supera las 12 semanas.

El aborto con Misoprostol es el método más usado para garantizar el derecho al acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en Argentina. Se cuenta con la existencia de un protocolo para abortos no punibles, según lo estipulado por el Código Penal Argentino de 1921. Además, se cuenta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en 2012, precisó que nunca se debía judicializar un aborto no punible.

Mendoza no adhiere al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo poniendo un siglo de atraso a las mujeres y cuerpos gestantes de nuestra provincia.

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¿Qué consecuencias trae que siga prohibida su venta?

Noelia Barbeito declaró que “hay que terminar con una ley que impide la venta legal de este medicamento. Se expone a las mujeres no sólo a los riesgos del aborto clandestino, sino también al peligroso y lucrativo mercado ilegal del Misoprostol y a prácticas de intervención que son mucho más peligrosas para la salud e incluso la vida de las mujeres”.

Y para finalizar agregó que: “sabemos que quienes se oponen a esto son los mismos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo, a la implementación del protocolo de aborto no punible, que es un derecho para las mujeres desde 1921, o incluso a la aplicación de la educación sexual integral en todas las escuelas. Sin embargo las mujeres seguiremos reclamando por todos nuestros derechos”.

Por otro lado, la pandemia implicó menos acceso a la salud y se pudo ver en el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros. Según el Instituto Guttmacher la caída en métodos anticonceptivos puede resultar en 15 millones de embarazos no deseados adicionales en América Latina, lo que aumenta la posibilidad de de abortos inseguros y como consecuencia inmediata un mayor índice de mortalidad entre las mujeres y personas gestantes.

Según los datos presentados por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, en Argentina entre 2005 y el 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por abortos en establecimientos públicos, si se suman los establecimientos privados la cifra llega a los 70 mil. La legalización reduciría el 98 % de esas internaciones y reduciría un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19.

El acceso al Misoprostol es un avance en la conquista de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes, por eso es tan importante y se exige la derogación de la Ley 8.116. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Mendoza declaró en un video de sus redes sociales “ Ni un paso atrás en nuestros derechos”.

En esa sintonía, Mailé Rodriguez Abalo diputada provincial por el PTS en el FIT-U declaró que “Seguimos peleando por todos nuestros derechos porque queremos terminar con la clandestinidad y el peligro para nuestras vidas. Sabemos que si logramos derogar esta ley, que es producto de una alianza entre peronistas y radicales, va ser por la presión del movimiento de mujeres en las calles".