“Es una necesidad entender la demanda por aborto legal, como un tema de salud pública, ya que las mujeres no sólo carecemos del derecho a abortar, decidir sobre nuestros cuerpos y optar por la maternidad, si no que tampoco contamos con condiciones dignas de salud en general.”
Lunes 2 de julio de 2018
En Septiembre de 2017 fue implementada la ley de aborto en Chile, fecha desde la cual se han registrado 258 casos de mujeres bajo su amparo en alguna causal.
De dicho registro, 230 han realizado efectivamente interrupciones: 116 corresponden a riesgo de vida de la mujer, 73 por inviabilidad fetal y 41 por violación. Del total de mujeres, un 94% decidió interrumpir su embarazo por riesgo de vida, un 80% por inviabilidad fetal y un 95% por violación.
Claudia Dides, Directora ejecutiva de Corporación Miles ha señalado la importancia de saber que la mayoría de las mujeres cuyos casos han constituido una de las causales, han decidido libremente interrumpir su embarazo, ya que de los 258 casos registrados, 28 mujeres decidieron autónomamente continuar con su embarazo. Situación que contribuye a desmitificar que las mujeres correrían en masa a abortar, únicamente por la existencia de tres causales.
Lo medular, es que las mujeres reconozcan autonomía sobre sus cuerpos, y que las instituciones respondan a aquello. De este modo poder contribuir a que la sociedad en su conjunto entienda la maternidad como un proceso voluntario, no forzoso ni obligatorio.
Donde parir no sea una imposición estatal, que perjudica la vida de cientos de mujeres que se ven arrojadas a abortar en clandestinidad, en condiciones precarias,indignas y sumamente riesgosas.
La demanda por “aborto legal, libre, seguro y gratuito”:
Sabemos que esta demanda ha estado en la agenda del movimiento de mujeres desde larga data, siendo una de las consignas que en la actualidad vuelve a cobrar vida a nivel latinoamericano.
Es así, como hace unas semanas fuimos testigos de la gran marea verde en Argentina, situación que atravesó la cordillera rápidamente, reviviendo la exigencia por aborto libre en Chile. La cual se encontraba dormida luego de la aprobación de las “tres causales” en 2017 bajo el gobierno de Michel Bachelet, quien desvió la demanda histórica para concretarla solo en tres casos determinados. Garantía totalmente insuficiente, que no acaba con algunos ejes centrales del conflicto: La maternidad obligatoria, autonomía reproductiva; La clandestinidad que promueve el mercado negro y; La necesidad política de garantizar el acceso a salud en términos generales, como un derecho básico de la población.
Salud Pública y la necesidad de aborto legal:
La demanda por aborto en infinitas causales, debe incluir la necesidad de aborto legal. Recordemos que el aborto ha existido de tiempos antiguos, donde las mujeres han contado con distintos métodos, muchos de ellos artesanales, para recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ha promovido el crecimiento de un gran “mercado negro” en torno a la venta de medicamentos abortivos, de dudosa procedencia, donde muchas veces se cobran precios altísimos dando paso a la especulación en torno a la desesperación de quienes que no quieren ser madres, aumentando las ganancias de inescrupulosos que lucran con la falta de derechos básicos.
Esta realidad está vigente, y golpea la puerta a diario de cientos de mujeres pobres, y niñas desesperadas que no tuvieron acceso a educación sexual en los establecimientos educacionales. Situación que demuestra la insuficiencia de las tres causales de Bachelet, si no se ve el problema de la salud reproductiva como el conjunto de demandas en torno a garantizar no solamente el “aborto legal” como última instancia, si no que también, la educación sexual temprana y la anticoncepción responsable como presupuestos básicos a la hora de hablar sobre salud reproductiva.
Es un hecho que hablar de “aborto legal”, sin hablar también de salud pública y acceso a ella, es caer al vacío. Recordemos que en el Chile neoliberal, la salud como muchos derechos básicos, son objeto de negocio constante por parte de privados, quienes lucran con el acceso a atención médica, la realización de procedimientos y obtención de medicamentos.
Aquí radica la necesidad de entender la demanda por aborto legal, como un tema de salud pública, ya que las mujeres no sólo carecemos del derecho a abortar, decidir sobre nuestros cuerpos y optar por la maternidad, si no que tampoco contamos con condiciones dignas de salud en general.
Siendo nuevamente, las mujeres pobres las más golpeadas por este sistema, ya que se ven limitadas en accesibilidad a la atención médica en términos amplios. Pero también, arrojadas a la clandestinidad a la hora de interrumpir un embarazo que escapa de las tres causales, porque justamente, el Estado no ha estado a la altura de responder a tiempo nuestras exigencias por derechos tan básicos, como la salud reproductiva.
