Derecho a decidir. Aborto legal en Puebla: iniciativas, parlamento abierto y movimiento de mujeres

El debate en torno al aborto se activó en Puebla en las ultimas semanas, sobre todo a partir del desarrollo del parlamento abierto. Desde hace dos años se han presentado al menos cuatro iniciativas que abordan de forma central o tangencial el derecho al aborto.

La situación del aborto en el estado

Actualmente en el estado de Puebla, el aborto tiene una pena de 6 meses a un año de prisión a quien se aplica, y hay penas hasta por 3 años para personal de salud u otras personas que practiquen abortos.

Según cifras oficiales, de 2009 a 2019 once mujeres fueron sentenciadas por abortar, y recién en agosto de 2019 se aprobó la amnistía para mujeres presar por abortar. Pero el problema es más profundo, hay otras mujeres que son juzgadas, no por aborto sino, por homicidio en razón de parentesco, lo que implica penas de 20 a 50 años de prisión. De 2013 a 2021 6 mujeres fueron sentenciadas por ese delito, y pese a la ley de amnistía, el gobierno del estado el año pasado declaró que al menos tres mujeres seguían en prisión bajo ese delito.

Por otro lado, el aborto está despenalizado bajo tres causales, cuando corre peligro la vida de la madre, cuando hay malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida extrauterina o por violación; empero, gran mayoría de la población no cuenta con esta información.

Sin embargo, esta ultima causal es un calvario para lograr que se aplique. Por un lado, exigen pruebas formales de la violación que implica lidiar con el sistema judicial, vagar por los MPs para que te atiendan, y pruebas médicas que terminan haciendo más tortuosa la interrupción del embarazo; en algunos casos, los tramites demoran tanto que, el tiempo de gestación excede las 12 semanas, momento en el que ya no es legal su interrupción.

Pero no solo eso, hay solo tres hospitales y clínicas capacitados para dicho procedimiento en todo el estado de Puebla. También se ha denunciado que en general, en los hospitales y clínicas, no hay personal capacitado (trabajadores sociales o personal de salud) para atender casos de violencia, en muchas de las ocasiones, ni siquiera se ofrece la pastilla de emergencia para víctimas de violación para evitar el embarazo.

Pese a que Puebla es uno de los estados con mayor índice de violencia hacia las mujeres, con altas cifras de violaciones, de 2016 a 2019 solo quince mujeres accedieron a la ILE por causal por violación, nueve de ellas eran menores de edad.

La falta de información y las trabas que se imponen agravan el problema, condenado a mujeres a concluir sus abortos u orillándolas a acceder a abortos clandestinos. Para otro sector, que tiene capacidad de costarlo, la salida es ir a la CDMX a aplicarse un aborto.

Puebla es un de los principales estados de los que se trasladan las mujeres que abortan en la CDMX, de 2007 a 2020 mil 438 poblanas asistieron a la capital para practicarse un ILE en las clínicas públicas, a ello se suman las mujeres que asisten a clínicas privadas. Pero este es un pequeño privilegio que se puede dar un sector, mismo que es inaccesible para las mujeres más pobres y precarizadas.

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Iniciativas y parlamento abierto

Como mencionamos al inicio, existen actualmente cuatro iniciativas que tocan el derecho al aborto. Por un lado, iniciativas que promueven modificar la Ley de Salud Estatal, que implique la garantía de derechos sexuales y reproductivos, acceso a anticonceptivos, y la interrupción leal del embarazo hasta las 12 semanas.

Otras que de forma tangencial hablan del aborto en el marco de leyes que impliquen plenos derechos para las mujeres, o la modificación del código penal para quitar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de los delitos.

Dichas iniciativas se han presentado en los últimos dos años, y han permanecido congeladas ante la indolencia de las y los diputados. Esta situación tomo relevancia cuando el 24 de noviembre del 2020, organizaciones feministas y de mujeres hicieron una toma del congreso para exigir que las iniciativas fueran discutidas y aprobadas. Además del tema del aborto, exigían se aprobara la Ley Agnes en defensa de los derechos de la comunidad trans, además de demandas en torno a la violencia.

La toma se levantó el pasado 18 de diciembre con una serie de acuerdos, mismos que fueron firmados por la mayoría de las y los diputados exceptuando la bancada del PAN, encabezada por Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien además de ser militante de dicho partido es integrante del Frente Nacional por la Familia, conocido por ser una organización impulsada por sectores de la iglesia y la extrema derecha, que con un discurso de “protección a la familia” tiene una cruzada contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+.

Entre los acuerdos firmados para levantar la toma se incluía que la despenalización del aborto seria discutida el 15 de enero y el 15 de abril, algo que no sucedió. Otra de las iniciativas que logró colocarse luego de la toma fue la convocatoria a un parlamento abierto en el que se pudiera discutir las diversas posturas en torno a la legalización del aborto.

Dicho parlamento abierto comenzó el pasado 5 de abril y concluye el 20 de este mes. En él ha habido en su mayoría figuras de organizaciones antiderechos, sectores de la Iglesia y de la extrema derecha, como el ya mencionado Frente por la Familia. También han asistido integrantes de organizaciones feministas, ONGs en favor de los derechos de las mujeres, entre otras figuras que impulsan el derecho al aborto.

En dicho parlamento se han presentado argumentos salidos del siglo pasado, en los que aseguran que el aborto es igual al asesinato, que esto esta lidereado por el Nuevo Orden Mundial, que la práctica del aborto per se deja secuelas físicas y psicológicas, entre otras barbaridades.

Mientras esto sucede, afuera sigue habiendo mujeres obligadas a continuar con sus embarazos o son obligadas a abortar clandestinamente. Además de una oleada de criminalización a mujeres que brindan información sobre la interrupción del embarazo con misoprostol.

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Movimiento de mujeres

Por otro lado, en los últimos años ha ido en ascenso el movimiento de mujeres, siendo el 8M del 2020 uno de sus puntos más álgidos en el que cientos de miles de mujeres salieron a las calles en todo el país. Es gracias a eso que estos temas comienzan a tomar relevancia a nivel nacional, y ejercen una presión para que mínimamente se discutan en los congresos las iniciativas por el derecho al aborto.

Sin embargo, no podemos obviar que la discusión en los congresos locales ya ha sido bloqueada en diversas entidades, confirmando que no será voluntad de los gobiernos otorgarnos el derecho a decidir, sino que implica, necesariamente que estos sean arrancados con la movilización independiente, combativa y en las calles.

Solo confiando en nuestras propias fuerzas y con una campaña nacional por el derecho a decidir, es que lograremos arrancar que sea ley en todo el país, como lo hicieron las compañeras argentinas a finales del año pasado.

La ruta legislativa en el estado de Puebla aun no es clara, hay una incertidumbre de que va a pasar luego del parlamento abierto. Pero la única forma de imponer el derecho al aborto en Puebla y en todo el país, es arrancándolo en las calles.

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