CONGRESO NACIONAL. Aborto legal: la educación sexual y la injerencia religiosa en los proyectos en debate

Uno de los lemas que acompañan el reclamo de aborto legal es el de la educación sexual integral, que en Argentina se reconoció como derecho en 2006, con la Ley N° 26.150 con el objetivo de fortalecer a niños, niñas, niñes y adolescentes en sus capacidades para desarrollar una vida plena y para dar respuesta a situaciones en las que sus derechos se vulneran, como la violencia de género, el abuso o el maltrato.

Sin embargo, como plantea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el derecho a la interrupción del embarazo no existe como contenido pedagógico de la ESI. Por eso, en el artículo 12 de su proyecto de ley, la Campaña plantea que debería ser una responsabilidad del Estado garantizar su incorporación en todos los niveles y en todas las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social, para garantizar así que se acceda a este derecho mediante “contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”.

El proyecto que propuso el Gobierno, en cambio, no hace mención al tema, que no casualmente omitió también el dictamen que en 2018 obtuvo media sanción en Diputados.

Junto a la objeción de conciencia (que abre las puertas a la objeción institucional y al accionar de los grupos antiderechos, como pasa en Uruguay), la penalización de las personas gestantes que aborten luego de la semana 14, la ampliación del plazo para garantizar la práctica (de 5 a 10 días en el proyecto oficial) y la ausencia de toda referencia a la información laica para quien solicita la interrupción, son aspectos que se suman a este reclamo que pone en juego el vínculo que hay entre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el derecho a la Educación Sexual Integral.

Qué dice la Campaña

Un estudio que difundió recientemente la Red de Docentes por el Derecho a Decidir, que integra la Campaña, señala que los Lineamientos Curriculares para la aplicación de la ESI en Argentina sólo hacen una única referencia al aborto, y es en el nivel Secundario. “No se incorpora en el nivel superior ni en primario”, destacan, y advierten que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define al abuso sexual infantil como un crímen que tiene, entre sus consecuencias, la de los embarazos forzados en niñas.

“Sostenemos la enseñanza del Aborto como derecho en los distintos niveles, incluyendo la escuela primaria”, enfatizan, y señalan que esto colaboraría con el aprendizaje de les niñes y adolescentes “sobre sus derechos sexuales y (no) reproductivos y la soberanía de sus cuerpos, en tanto que su inclusión en la formación docente dotará a lxs educadorxs de herramientas para una adecuada intervención frente a casos de embarazos”.

No se trata de un detalle. Según la Encuesta sobre ESI que realizó la Red en febrero de este año, el 70% de la docencia no tuvo formación en Educación Sexual Integral. Y entre quienes sí la tuvieron, sólo el 44% obtuvo ese conocimiento estando en servicio. El 60% de las personas encuestadas manifestaron también haber encontrado obstáculos para implementar esos contenidos en las instituciones donde trabajan. En la mayoría de los casos, esos obstáculos provienen de las autoridades escolares.

Niñas, no madres

Aunque el Código Penal habilita la práctica del aborto en casos de violación, la Dirección de Estadística e Información en Salud del Ministerio de La Nación (DEIS) informó en 2018, año en que se debatía el proyecto de la Campaña, que 87.118 niñas y adolescentes fueron madres ese año: 2350 de ellas tenían entre 10 y 14 años y 84.768 adolescentes tenían entre 15 a 19 años.

Los números argentinos, que colaboran en que América Latina y el Caribe sea la segunda región del mundo con la mayor tasa de embarazos en adolescentes, hablan de una realidad que no sólo sucede ante los ojos del Estado: son sus propias instituciones y funcionarios quienes les revictimizan obligándoles a parir, como hemos visto en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y tantas otras provincias. Aunque la OMS califica este hecho como una tortura, el accionar de los sectores antiderechos, en sus distintos niveles, también tiene este lamentable pero no sorprendente resultado.

La injerencia de las Iglesias

Que el proyecto del Poder Ejecutivo no incorpore al aborto como derecho en el marco de la ESI, justamente cuando se propone su legalización, parece un detalle pero tampoco lo es. La propia Ley de Educación Sexual Integral, que todavía no rige en la totalidad de las provincias, es una muestra de ello. Y lo es justamente porque también habilitó, en su artículo 5, una puerta de entrada a la injerencia religiosa. Como señala su texto, con la sanción de la ley, se creó el Programa de ESI, pero se garantizó a las cúpulas religiosas que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Así, elevadas a la calidad de agentes educadores, las jerarquías de las Iglesias lograron avanzar en una mayor injerencia en la educación. Y tan poderosa fue y es esa alianza que, pese a lo progresivo de la ESI, cuando en 2018 se intentó modificar ese y otros artículos que garantizan la incidencia religiosa, la negativa a dictaminar sobre el tema, que promovieron diputados y diputadas antiderechos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, impidió que eso suceda.

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Con un proyecto de ley alternativo, desde las bancas de Nicolás del Caño y Myriam Bregman, se propuso ese año y también luego la modificación de éste y otros, al mismo tiempo que -como plantea la Campaña en su proyecto de ILE-, se propuso la incorporación de este derecho en los contenidos educativos.

"Cuando hablamos de la separación de la Iglesia del Estado también estamos diciendo que las instituciones religiosas no pueden ser consideradas ’agentes educadores’ ni tener injerencia en las actividades, contenidos o arquitectura de los edificios educativos", señaló en ocasión de la presentación de este proyecto Nicolás del Caño (PTS/Frente de Izquierda).

Hoy, en 2020, nos encontramos con que esa injerencia no sólo sigue existiendo, no sólo avanzó en 2019 con puestos en listas electorales para varios de sus referentes, con bancas dentro del oficialismo y de la oposición mayoritaria, con cargos en distintos puestos del Estado, sino que hoy también aspira a profundizarse con la venia de estos sectores. El llamado a movilizar este sábado 28 de noviembre contra el derecho al aborto, en diversas localidades del país, va precisamente en ese sentido.

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Para que el derecho al aborto sea reconocido como tal, también es necesario que al mismo tiempo el Estado garantice la educación sexual integral laica y científica y la anticoncepción gratuita. Y, para ello, como proponen desde el PTS en el Frente de Izquierda, también es fundamental que participen docentes, estudiantes y familias, junto a las organizaciones de mujeres y de la diversidad, los centros de estudiantes y los sindicatos docentes, en la elaboración de los contenidos. Ellos, ellas, elles… y no las cúpulas de las Iglesias.

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