Las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales escucharon a profesionales y especialistas a favor y en contra. Los peronistas Pichetto y Mayans se cruzaron.
Miércoles 11 de julio de 2018
El plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales culminó este miércoles con su segunda audiencia. Desde las 10 horas, con una mayoría de expositores médicos y abogados, los oradores a favor y en contra de la legalización del aborto se sucedieron en el Salón Illia.
A diferencia del martes, cuando se dio siete minutos a cada expositor y las preguntas de los senadores se realizaron después, tal como sucedió en Diputados, los legisladores esta vez intercambiaron desde el comienzo con preguntas a los expositores. Las audiencias continuarán los próximos martes y miércoles de cada semana, hasta el 1º de agosto. Ese día, se espera, los senadores y senadoras del plenario de comisiones deberán dictaminar sobre el proyecto proveniente de la Cámara baja con media sanción. De todos modos, haya o no un dictamen, el 8 de agosto se tratará en el recinto.
Cruces
Una de las primeras en hablar durante la audiencia de este miércoles fue la ginecóloga María de los Ángeles Carmona, que sostuvo que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de cárcel”. “La objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable”, señaló la representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, que añadió que “la lista de objetores de conciencia no debe ser pública porque generaría discriminación del médico en varios aspectos”, en alusión al registro donde los profesionales de la salud deberían inscribirse.
Quien volvió a polemizar, como en la audiencia de este martes, fue el senador Miguel Angel Pichetto, presidente del interbloque Argentina Federal. “En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, manifestó.
El titular del bloque Justicialista añadió que “es un tema para profundizar”. Como si en los doce años en que fue parte del gobierno kirchnerista no hubiera estado planteado, Pichetto también manifestó que el Estado “debe tener una mirada más amplia y humana”.
Quien salió a responderle fue el formoseño José Mayans, que integra su bloque: “el tema acá es desde cuándo es la vida. Desde la concepción es la vida; la Constitución dice que es así, leyes que hemos votado dicen que es desde la concepción. El Estado no puede matar, no existe en Argentina la pena de muerte”, expresó.
Poroteo
Otra noticia que trascendió en el marco de las audiencias fue la decisión de la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, que anunció que no votará en contra del proyecto sino que se abstendrá en la votación del 8A.
“Yo estoy en contra del aborto pero también hay una realidad que no se puede ocultar. No me convencen ninguna de las dos posturas, ni el rechazo ni tampoco considerar que el aborto sea un derecho subjetivo de la mujer, por eso mi decisión es la abstención”, dijo al diario cordobés La Voz del Interior.
A favor y en contra
Durante la jornada de este miércoles también expuso el abogado Andrés Gil Domínguez, quien afirmó que la iniciativa “no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional para que el Senado sancione la ley”. Él abogado también recordó la recomendación del Comité de los Derechos del Niño que “le ha dicho al Estado argentino que tiene que garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a los abortos legales contemplados y tiene la obligación de despenalizar el aborto”.
Más tarde, Natalia Gherardi rechazó que el debate esté centrado en la concepción porque eso “ya se discutió” cuando en 1921 el Congreso decidió que “las mujeres no podíamos ser obligadas a poner en riesgo nuestra vida para llevar adelante un embarazo ni a continuar un embarazo producto de una violación, negando nuestra autonomía y nuestra dignidad”. La directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género remarcó que “no estamos en un contexto de prohibición absoluta”.
Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, señaló que “la discusión sobre cuándo comienza la vida humana no es algo que el derecho puede ni va a resolver porque se trata de un interrogante sobre el que no existe consenso ni en la ciencia, ni en la filosofía ni en la teología”. Y agregó: “si sólo se despenaliza el aborto, este Congreso está avalando que en el país se sigan realizando abortos clandestinos”.
En contra de la legalización del aborto, el director del Centro de Bioética, Nicolás Lafferiere, dijo que la media sanción “no propone nada para solucionar las causas de la vulnerabilidad, incluso genera condiciones jurídicas para que se consolide una mentalidad que exalta la autonomía y descarta la vida vulnerable”. Para el abogado, pese a las modificaciones que se realizaron sobre las causales de aborto, en referencia a que se cambió “malformaciones graves” por “inviabilidad de la vida extrauterina”, “el problema de la eliminación de personas con discapacidad subsiste”.
Otra de las exposiciones contrarias a la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados fue la del abogado Alberto García Lema, quien recordó que en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional “tuvimos que incorporar, fundamentar y hacer salvedades de importancia para el debate que se está teniendo: se enunciaron todos los tratados a los que se les dio rango constitucional y se incluyó la frase ‘en las condiciones de su vigencia’”.
En este sentido, el convencional constituyente explicó que “la incorporación de los tratados internacionales deben estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución” y “las recomendaciones, observaciones o disposiciones” de los organismos de aplicación también tienen que “estar de acuerdo con los principios del derecho público”.
Otra de las expositoras de este miércoles fue la directora del CONICET, Dora Barrancos. "El Estado le debe devolver a las mujeres la plenitud del deseo sexual equivalente a la de los varones”, sostuvo.