Se trata de seis miembros de la comunidad acusados de usurpar tierras en Añelo. El sobreseimiento se dictó luego del vencimiento de los plazos. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén no descartan que el privado y la provincia vayan por la demanda civil.
Jueves 22 de octubre de 2020 12:31
Foto: Martín Álvarez Mullally
Durante la audiencia para definir la prosecución del juicio por desalojo contra la comunidad de Campo Maripe a instancias del empresario Vela, un conjunto de hermanos que se apropiaron de la tierra mapuche en plena dictadura militar, el juez Mauricio Zabala dictó el sobreseimiento de todos los imputados en la causa por usurpación. La causa llevaba varios años y en repetidas oportunidades se sobreseyó a la Comunidad Mapuche que habita el territorio desde el año 1927.
La Izquierda Diario conversó con Jorge Nawel, Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén. Se refirió a los permanentes conflictos con las comunidades que habitan en Vaca Muerta y los privados, ya sean terratenientes o empresas que pretenden despojarlos de sus territorios. “Todos estos actos fraudulentos que se les facilitó con la persecusión judicial a las comunidades, no solo a la familia Vela sino a todo un cordón de propietarios que hay a la vera del río Neuquén y la ruta y que hoy adquiere una importancia vital porque ahí está el epicentro de Vaca Muerta. Esa es la ironía de este caso. Es una familia que llegó en plena dictadura militar a ocupar el territorio de una comunidad. Un conjunto de 34 familias, los Campo Maripe, viven allí desde hace un par de décadas posterior a la campaña del desierto”.
Sobre la prescripción de la causa, Nawel sostuvo que había una línea argumental que venía sosteniendo la defensa mapuche. “Esta causa ya había prescrito, había caducado en su plazo porque son tres años y ya lo habíamos planteado nosotros en el año 2015”.
En ese momento, un juez hizo lugar al planteo, sin embargo, volvieron a activar la causa. “El Ministerio Público Fiscal volvió a activar la causa y llegamos a esta instancia. Apelamos con el argumento de la prescripción y ayer un juez nos dio la razón. Esta causa estaba ya vencida en los plazos desde hace muchísimos años”.
El Werken (vocero) sostiene que los privados son apoyados por altos funcionarios de la provincia de Neuquén. “Recordemos que la provincia puso como principal testigo al secretario Territorial y de Ambiente, Jorge Lara, quien sostuvo que la comunidad mapuche no tenía derechos. Fue escandaloso el rol de este personaje, que lo que demuestra es la clara persecución política y jurídica contra la comunidad mapuche para que no entorpezcamos todo el desastre ecológico que están haciendo con la explotación de Vaca Muerta. Seguramente tanto el privado como la provincia van a intentar continuar esta denuncia desde el ámbito civil. Estaremos esperando porque estamos convencidos del derecho que le corresponde a la Comunidad, por lo tanto no vamos a retroceder un solo paso en la lucha de nuestro pueblo que sabe de persecución, criminalización y hostigamiento por parte de los que se enriquecen negociando nuestras vidas, nuestros recursos, nuestros derechos y nuestro suelo”.
Ante la oleada de amenazas de desalojo a comunidades en toda la región, Jorge Nawel asegura que “esta cuestión se repite en toda la provincia y en la patagonia, que es la inseguridad sobre las tierras de las comunidades mapuche, es producto del incumplimiento de una Ley nacional que es la 26.160, que obliga a realizar el relevamiento y que ello clarificaría la situación y los litigios que hay hoy entre el pueblo mapuche, privados, terratenientes, municipios, empresas. Todo un escenario de permanente conflicto porque no se cumple con todo lo que está normado por ley”.
Campo Maripe: la historia de una comunidad atravesada por el despojo y la criminalización
La comunidad Campo Maripe habita el territorio en cercanías a Añelo, corazón de Vaca Muerta, desde el año 1927. En el año 1940 el Ministerio de Agricultura, bajo la presidencia de Ramón Castillo, reconoce regularizar la situación de los habitantes del territorio, particularmente una deuda de pastizaje que va del año 1927 a 1941. Durante la última dictadura militar la familia Vela adquiere de manera irregular partes del territorio. El territorio, lógicamente es arrasado y la comunidad pasa también a ser propiedad de los terratenientes Vela. El Estado provincial en aquel entonces solo les otorga el permiso de pastorear el lugar con sus animales y construir sus viviendas, pero continúan bajo la propiedad de Andrés Vela.
Hasta el año 2000 se suceden amenazas de manera constante a la permanencia de la comunidad en su territorio ancestral. Sus casas son destruidas y se los corre de ese lugar. Aquí es donde dicen Basta! y deciden pelear por las tierras que han habitado durante más de 70 años.
En el año 2006 la Ley 26.160 declara la emergencia en materia de permanencia y posesión de las tierras ocupadas por pueblos indígenas en el país. La comunidad se inscribe con su propia personería judicial en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Fue el mismo Jorge Lara quien en el año 2015 realizó un relevamiento junto a la cartera que presidía, el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Ambiente, donde se constata que son 34 familias las que habitan ancestralmente una extensión de 11 mil hectáreas.
Al año 2016 la comunidad Campo Maripe tenía más de 450 pozos de fracking dentro de sus tierras. Ese número ha aumentado en los últimos años junto a los intentos de judicialización y persecución a los integrantes del pueblo mapuce.
En abril del año pasado el Juez Gustavo Ravizolli dictó la absolución a seis integrantes de la comunidad que fueron imputados bajo el delito de "usurpación" de su propio territorio. En agosto del mismo año, el fallo del Tribunal Superior de Justicia confirmó la nulidad de la sentencia absolutoria. Ante este fallo la Comunidad Campo Maripe junto a la Confederación Mapuche de Neuquén apelaron a la Corte Suprema de Justicia sosteniendo la validez de la sentencia absolutoria.
Idas y vueltas en el terreno judicial que demuestran la voluntad política del gobierno provincial de darle todo a las petroleras, a costa del despojo del pueblo mapuce de sus territorios, con persecución y causas armadas para castigar a quienes se enfrentan al extractivismo que genera el fracking y defienden sus derechos como pueblo originario.
