En la misma semana que se realizó la segunda marcha contra los travesticidios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se contabilizaron al menos cinco muertes de jóvenes trans y travestis. Las causas de la muerte son por falta de acceso a la salud.
Miércoles 12 de julio de 2017
El pasado 28 de junio, al grito de “¡Al calabozo no volvemos nunca más!” cientos de personas trans, activistas y referentes de la diversidad sexual se movilizaron en un nuevo aniversario de la Revuelta de Stonewall, contra las razzias policiales y por justicia por las víctimas de crímenes transfóbicos. También exigieron por la aplicación del cupo laboral trans y por la implementación de la parte sanitaria de la Ley de Identidad de género, a la que sigue sin destinársele presupuesto.
En la misma semana, cinco jóvenes trans y travestis, de entre 29 y 40 años, murieron en la Provincia de Buenos Aires.
Romina Kataleya, Tania Barrionuevo, Ana Laura Portillo Navarro, Cindy Martínez, y Karla Martínez, todas ellas militantes y comprometidas activistas de organizaciones que luchaban por los derechos del colectivo trans. Todas ellas habían sido diagnosticadas con VIH y luchaban por el acceso integral a los tratamientos para personas sero positivas. La mayoría se encontraba en situación de prostitución como única vía de subsistencia.
Lamentablemente esta realidad es la regla, por eso luchamos contra las instituciones que fomentan y avalan el "sentido común" que pregona el papa Bergoglio como cuando comparó a las personas trans con bombas nucleares.
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Las personas trans tienen una expectativa de vida de 37 años, porque el Estado sigue sin asignarle partida presupuestaria a lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género N° 26.743, sancionada hace ya 5 años.
A demás, se suma la denuncia del faltante de medicación e insumos para personas con VIH, ya denunciada por distintos organismos y activistas, que deja a las personas seropositivas sin acceso a la salud.
Tanto la ley de cupo laboral trans -que prevee para la provincia de Buenos Aires el 1% de los puestos de trabajo estatales para personas trans-, como la ley de Identidad de Género, han sido aprobadas tras años de lucha de este colectivo; pero la realidad nos muestra que la igualdad ante la ley no es a igualdad ante la vida.
Máxima Fernández, candidata a Diputada provincial por el distrito de Zárate en el PTS Frente de Izquierda dijo a La Izquierda Diario: "La situación de las personas trans en Argentina sigue siendo marginal. Lejos de los de puestos en las fuerzas represivas para personas trans que continúa anunciando Patrica Bullrich como forma de inclusión, la ley de cupo laboral trans tan urgente para nuestra comunidad no se aplica en ningún municipio de la provincia, ni siquiera en los que quieren posar de progresistas".
Nuestra vida vale más que sus ganancias
Por su parte el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Tomás Máscolo, dijo: "Las cinco compañeras activistas que ya no están, fueron víctimas de una política de Estado muy presente, que claramente prioriza mayores presupuestos de "seguridad", y subsidios a las grandes empresas que continúan despidiendo antes que a la salud pública y programas de salud sexual y reproductiva, así como tampoco para las personas sero positivas más vulnerables. El acceso al trabajo formal tanto en el Estado como en el ámbito privado es una lucha que debemos continuar como un paso en mejorar nuestra calidad de vida, pero que no termina con la transfobia de este sistema de explotación y discriminación. Y es una lucha que debemos dar tanto en el parlamento como en las calles y de la mano de la clase trabajadora como aliada, uniendo nuestros reclamos con todos los sectores oprimidos".
Es necesario entonces, organizarse de manera independiente de los Gobiernos que siguen subsidiando en millones a patronales, mientras las y los trans siguen exigiendo a gritos una mejor calidad de vida.
