EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA. Acceso irrestricto a la educación en México: una necesidad urgente

La educación pública es uno de los sectores que más fuertemente ha sido golpeado en México durante el último sexenio. No sólo a partir de la aprobación de la Reforma Educativa y el duro golpe que implicó a los maestros y el abandono a las escuelas de nivel básico; también por el enorme recorte presupuestal de los últimos años y una política sistemática que favorece la creación de escuelas privadas sobre la base de asfixiar económicamente a las escuelas públicas de educación superior.

El presupuesto para educación bajó 15.87% en el último sexenio, en tanto que el presupuesto destinado a seguridad interior aumentó 61% del 2008 al 2015 y 15% el 2018 respecto al 2017.

En 2017 se contabilizaban en México 7 universidades, que atienden a más de 200 mil estudiantes, en “quiebra técnica”, sin recursos para cubrir la nómina de los docentes y/o las prestaciones de fin de año.

Aunque aún no hay cifras oficiales para el 2018, en el 2017 la UNAM rechazó al 90% de los aspirantes. Para este año se pronosticaba que el IPN aceptaría al 26% de los aspirantes y la UAM sólo a 1 de cada 10, por mencionar algunas de las escuelas públicas con mayor demanda en el país.

Leer: ¿Cómo enfrentar el recorte al presupuesto de las Universidades?

La situación es crítica y una de las propuestas del próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es garantizar el acceso irrestricto a la educación superior. Aunque aún no ha explicado a profundidad cómo lograrlo, el único eje central para obtener recursos ha sido el combate a la corrupción, que no parece ser suficiente para cumplir también algunas otras propuestas de campaña como otorgar becas estudiantiles, entre otras.

Frente a este debate ¿cómo consideramos los socialistas que debe garantizarse este derecho fundamental? Esta pregunta puede responderse a dos niveles: cómo pueden obtenerse los recursos y con qué métodos los docentes, estudiantes, trabajadores, mujeres y jóvenes pueden lograr imponer estas demandas.

El presupuesto actual es insuficiente para cubrir las necesidades del sector educativo, de todos los niveles. El presupuesto destinado a la “seguridad interior” y la militarización del país deberían ser destinados a la educación pública y aún así no sería suficiente.

La deuda externa alcanzó con Enrique Peña Nieto niveles históricos. Más de 10.8 billones de pesos, y se destina más presupuesto a pagarla que al sector salud, con 2.9% del PIB y 2.4% respectivamente. Por eso es necesario dejar de pagarla, para liberar recursos no sólo para la educación, sino también para el sector salud e infraestructura y para romper de una vez y para siempre los lazos que nos mantienen sujetos al imperialismo, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE. Estos organismos han sido responsables de la precarización a nivel regional en complicidad con empresarios y gobiernos y ya han salido a manifestar su cooperación con la administración entrante.

Leer: Por qué México no debe pagar la deuda pública: un debate con Morena

Gracias a la privatización del petróleo en México, aunque los niveles de producción han aumentado, las mayores ganancias las obtienen las empresas concesionadas para trabajar con este recurso estratégico, lo que ha implicado una recaudación menor para PEMEX. La minería ha sido también un jugoso negocio para las trasnacionales, principalmente canadienses, que despojan a la gente de sus territorios, declaran menores ganancias de las que generan y aún así, ni siquiera el 1% de lo generado les es cobrado en impuestos. Por eso otra medida para generar recursos para la educación es la nacionalización de los sectores estratégicos como la minería y el petróleo, bajo control de sus trabajadores.

Los impuestos a las grandes empresas (1) deberían dejar de ser condonados y por el contrario deberían ser obligadas a pagarlos. Tan sólo para el primer trimestre del 2018 se calculaban créditos fiscales (2) con el SAT por 131, 405 millones de pesos, que son susceptibles a ser condonados y equivalen al gasto programado para seguridad nacional este año.

Esto a la par que haya impuestos progresivos para las grandes fortunas, que quienes generen ganancias multimillonarias sobre la base de la precarización de millones de trabajadores, sean quienes paguen más, para mejorar el nivel educativo del país.

Así podrían generarse recursos no sólo para mejorar la infraestructura de la educación a nivel nacional, sino también para mejorar las condiciones de trabajo tanto de docentes como de trabajadores administrativos e incluso otorgar mayores becas y recursos destinados a la investigación científica.

Ahora bien, para poder lograrse, es necesario que haya una articulación nacional de todo el sector educativo para luchar contra los ataques a la educación pública. El movimiento de excluidos debe confluir con los estudiantes que dentro de las Universidades y bachilleratos han resistido a los embates de la Reforma Educativa, como el IPN en el 2014 o los estudiantes y trabajadores del IEMS también en años recientes; esto junto a los maestros combativos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el 2013 también han dado enormes luchas contra los estragos de esta misma reforma y tras secciones más del SNTE que también se movilizaron para echarla abajo; junto a otros sectores que a nivel nacional también han luchado por mejores condiciones salariales, como en la Universidad de Sonora o la del Estado de Morelos; junto a los sindicatos que se declaran opositores como el de la UNAM y la UAM, entre otros.

Las contradicciones que generaría oponerse a los intereses nacionales y extranjeros en los términos aquí planteados a un gobierno como el de AMLO, que en distintas oportunidades ha declarado su compromiso de respetar sus bolsillos y planes en curso, son evidentes.

Sin tocar estas cuestiones fundamentales para garantizar el pleno acceso a la educación de millones de jóvenes, el proyecto planteado por Morena es impotente para lograrlo de manera efectiva. Las medidas que hemos planteado sólo pueden lograrse con la movilización en las calles y con paros nacionales de todo el sector educativo, junto a los trabajadores de otros sectores. Porque la única manera de obtener los recursos necesarios es atacando directamente los intereses de los capitalistas. Porque nuestra educación y nuestro derecho a obtenerla valen más que sus ganancias.

¡En defensa de la educación pública y gratuita!
¡Por el acceso irrestricto a la educación en todos los niveles!
¡Por mejores condiciones de vida y de trabajo en el sector educativo!

(1) Estas empresas para el SAT son aquellas que cotizan ganancias desde 1, 250 millones de pesos al año.
(2) Un crédito fiscal es una deuda que contrae un contribuyente con el fisco al momento de gravar sus ganancias y determinada por el pagador de impuestos al presentar declaraciones, pero no pagada al fisco.