La visita de Patricia Bullrich a Córdoba fue más allá de lo estrictamente protocolar, con un fuerte contenido político. Es que el gobernador Martín Llaryora y su ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros, se preocuparon permanentemente de ubicarse bien cerquita a la derecha de la ministra de Milei.
Miércoles 20 de marzo de 2024 11:30
Mientras el peronista Llaryora sigue aplicando la licuadora a toda velocidad en Córdoba, esta semana dio otro salto en mostrarse amigable con el gobierno nacional. Se trata de una puesta en escena de empoderamiento de la policía, con la excusa de la lucha contra el “narcoterrorismo”.
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Si bien hubo mucho de gestos para alimentar la rosca ante la votación en diputados del DNU 70/23 y el nuevo proyecto de Ley Ómnibus, también hay una búsqueda por parte de Llaryora de apoyarse en Bullrich para fortalecer a la policía provincial que viene con fuertes cuestionamientos.
Por parte de los ex candidatos del agonizante Juntos por el Cambio, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que le ponen llanto y pasión a la competencia por mostrarse como los más garantes de la gobernabilidad de Milei, acompañando incluso las medidas más reaccionarias, no tuvieron ni una foto de cortesía con Bullrich, quién se habría juntado con el sector más cercano que responde a ella, y la orden sería buscar el acercamiento al gobierno provincial.
Llaryora, con la crisis en Rosario apeló a la única receta que se le ocurre y viene repitiendo, que es la de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esta medida, copiada a la que proponía Massa en la campaña presidencial de 2015, aparte de ilegal tiende a agravar el problema como sucedió en México.
También esconde un objetivo que es el de avanzar en el proceso de reconciliación con las Fuerzas Armadas, esto no tuvo problemas en decirlo en la misma semana que recordamos otro aniversario del golpe del ´76. De hecho, en la misma mañana, Llaryora había inaugurado la semana de la memoria señalando que "aunque parezca obvio, hay que defender la memoria, la verdad y la justicia".
De estos juegos ambivalentes deberían tomar nota aquellos sectores que se negaron a realizar criticas al accionar del gobierno provincial para la convocatoria a la movilización del próximo domingo 24M, influenciados capaz por funcionarios de tercer o cuarto orden. Como decíamos hace unas semanas atrás. también hay sectores que ven a Llaryora como la esperanza para 2027 en la reconstrucción del peronismo. Con respecto a la protesta social, si bien se encargan de aclarar que no se encuentra vigente el protocolo "antipiquetes", se conoció hace pocos días la elevación a juicio de 5 lideres de organizaciones sociales, por participar de movilizaciones.
Hace 10 días, en La Voz del Interior, se señalaba la preocupación por que el Tribunal de Control Disciplinario de la policía tenía más de 5 mil efectivos que se encontraban fuera de servicio por “Mal desempeño, violencia familiar, corrupción y violencia institucional” entre otras cosas. Una institución totalmente podrida. Según la propia nota, en la cúpula de la policía creen que el tribunal es “muy sensible” y anticipan que en las comisiones de la Legislatura provincial se planteará esta discusión.
Recordemos que este Tribunal de control, fue creado luego de los brutales asesinatos por parte de efectivos policiales de los adolescentes Blas Correas y Joaquín Paredes, en sendos casos que conmocionaron a la población cordobesa.
El gran anuncio dado por Bullrich, junto a su par provincial, Juan Pablo Quinteros, fue la creación de un “grupo de elite” llamado Grupo de Operación Conjunto, que no es más que volver a unir a la policía de la provincia con la Fuerza Policial Antinarcóticos, una hija de la extinta División de Drogas Peligrosas, caída en desgracia luego del escándalo de 2013. Eso sí, este nuevo grupo estaría capacitada por la DEA yanqui, toda una garantía.
En la cuestión securitaria, Martín Llaryora no se desmarca ni un centímetro de las políticas desde hace 25 años del peronismo provincial con las gobernaciones de Schiaretti y de la Sota, marcados por un discurso manodurista y persecución a la juventud y los sectores populares, que fue contestado por grandes movimientos como la marcha de la gorra, entre otros.
