Juventud. Acoso y hostigamiento policial: moneda corriente para los jóvenes de La Matanza

“Hay cosas que no sé explicar, como las veces en que vi llorar a mi hermano, las veces que lo tuve que abrazar y contenerlo y decirle “negro va a estar todo bien, cuando ellos pasen vos quedáte tranquilo y haceles caso”. Eso es lo que hacíamos: en vez de tratar de que ellos no lo maltraten, nosotros le decíamos que no salga, que se quede en casa, que avisara cuando fuera a un lugar, que cambiara su vida porque tenía un grupo de policías que lo estaban humillando constantemente. Eso era lo que le decíamos a un pibe de 16 años: que viva encerrado porque si salía le iban a poner una Itaka en la espalda. ¿Cómo iba a poder vivir una vida normal después de que le pegaran, de que lo hicieran comer un sandwich escupido por todos los policías, que lo tuvieran diez horas encerrado verdugueándolo?” Testimonio de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en el segundo día del juicio contra el policía Torales.

Los juicios por torturas policiales no son muchos. En realidad, en el caso de que se lleven adelante, se realizan como consecuencia de la enorme batalla que dieron familiares, amigos, organizaciones sociales y de DDHH, así como también el apoyo de partidos políticos. Por esa misma razón es que estas palabras, que se traducen de forma literal en la criminalización de los jóvenes, no son escuchadas públicamente a menudo ni mucho menos tenidas en cuenta por los medios masivos de comunicación.

Hoy, es el policía Torales quien está imputado por haberle infligido torturas a Luciano Arruga. Sin embargo, el acoso y el hostigamiento policial forman parte de la cotidianeidad de miles de jóvenes en La Matanza, sobre todo hacia aquellos que por sus condiciones de vida son permanentemente criminalizados por parte de las fuerzas represivas, y que en consecuencia impactan de lleno en sus vidas, alterando sus actividades, sus diversiones e inhibiendo el pleno desarrollo de su propia juventud. En relación a ello, Orieta declaró en el día de ayer que “a Luciano se le había juntado el miedo y la desesperanza. Hablábamos siempre de lo mismo, de cómo iba a seguir ya no podía transitar libremente, y eso se empezó a notar mucho en la forma de vida de Luciano porque en el último tiempo no salía del barrio. Mi hermano era un pibe con unos dientes enormes, con su sonrisa y sus ojos brillosos, porque estaba viviendo y tenía 16 años, pero después de la detención aparece este pibe, que tenía siempre la mirada triste, que tenía miedo de salir a la calle y encontrarse con la misma situación”.

Por supuesto, toda mención a la violencia institucional para cualquier campaña política, claramente no “garpa”, y el gobierno de Cristina Kirchner siguió al pie de la letra esta regla tácita del juego político. Quizás es por esta razón que, al igual que como ocurrió con Julio López, el caso de Luciano Arruga jamás fue mencionado por ninguna cadena nacional. Tampoco fue prioridad en la agenda de Daniel Scioli, quien como actual gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo el manejo de la Bonaerense y por lo tanto un conocimiento directo de las prácticas que llevan a cabo sus miembros, ni de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y empecinado precandidato a la misma gobernación que ocupa Scioli.

En plena campaña electoral, nada de eso juega a favor para ningún candidato, pero los que sí “garpan” son los acuerdos políticos, como por ejemplo los efectuados entre el municipio de La Matanza y el rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Daniel Martínez, con la instauración de la escuelita de policías en el predio de la facultad en 2012 a los efectos de “humanizar” la institución policial y acercarlos a la comunidad. Son los mismos estudiantes que, violación a la autonomía universitaria mediante, pasarán a formar parte en su egreso de una de las ramas actuales de la Bonaerense, la denominada “Policía Local”, y los mismos que eventualmente llevarán a cabo las prácticas de sus colegas más veteranos.

Sin embargo, desde el CeProDH UNLaM se llevaron a cabo distintas iniciativas con el objetivo de conformar un espacio de estudiantes que puedan discutir las problemáticas actuales de los jóvenes en relación con las fuerzas represivas y el futuro rol que como profesionales llevarán a la práctica. En este sentido es que durante el año pasado se realizó una charla con Myriam Bregman, actual candidata a la jefafura de gobierno por Capital Federal, en donde la consigna fue la criminalización de los jóvenes, así como también el proyecto de creación de un mural sobre Luciano Arruga dentro de la universidad.

Tal como mencionamos, las denuncias a las prácticas policiales no suman en materia electoral, pero para el Frente de Izquierda implica todo lo contrario, ya que el precandidato a gobernador bonaerense, Christian Castillo, estuvo en las primeras filas del juzgado junto con Néstor Pitrola, apoyando a los familiares y amigos de Luciano Arruga y demostrando que es únicamente con la lucha y con la denuncia desde las bancas electorales la manera de pelear firmemente junto con estudiantes y trabajadores en contra de la represión y el hostigamiento policial y a favor de nuestros derechos.