El Gobierno cerró el acuerdo con el FMI tras largas negociaciones, avalando la estafa de la deuda macrista. Un acuerdo que incluye más ajuste fiscal, e implicará un mayor deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora, poniendo al país a los pies del Fondo por al menos por una década.
Larisa Pérez Abogada @Larisaperez_
Viernes 4 de marzo de 2022 18:29
En la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso el martes pasado, parte de la bancada de Juntos por el Cambio se fue del reciento “ofendida” cuando Alberto Fernández habló de la causa penal que investiga la deuda contraída por el gobierno de Macri en el 2018. Mucho se habló de este show del macrismo, pero poco del que montó el propio gobierno diciendo por un lado que la deuda debe investigarse por delito, pero yendo a los pies del FMI para pagarla a costa del pueblo trabajador. La causa iniciada hace dos años no avanzó en su objetivo. ¿De qué puede servir investigarla penalmente una vez que ya se implementaron los planes de ajuste y saqueo de recursos?
Por qué es una “deuda odiosa” y no debe pagarse
Así se llama a las deudas de los Estados que se contraen sabiendo que el préstamo no tiene como objetivo para beneficiar a la población o al Estado, sino que van en contra y benefician a personas próximas al poder político y económico, y que además hay una complicidad de los prestamistas al saber -o estaban en condiciones de saber- que esos fondos no se destinarían a beneficiar a la población.
Esta doctrina jurídica fue desarrollada por Alexander Sack en la década de 1920, a partir del estudio de litigios sobre deudas soberanas, estableciendo que pueden ser categorizadas de “odiosas” cuando cumplen esas dos condiciones.
Posteriormente fue reapropiada por juristas y movimientos sociales como el Comité para la Anulación de las Deudas Ilegítimas (CADTM), según el cual una deuda odiosa es: 1) “una deuda contraída en violación de los principios democráticos (incluyendo el consentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad) y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior”; o 2) “una deuda que tiene como consecuencia denegar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior”.
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En nuestro país ya en el 2000 hubo un fallo dictado por el juez Jorge Ballesteros estableciendo los 477 actos ilícitos detectados en el proceso de endeudamiento de la dictadura, confirmando que la deuda externa pública es ilegal. El Congreso Nacional no trató este fallo bajo ningún gobierno.
Recientemente fue publicado un estudio internacional por los juristas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh indicando que el acuerdo firmado entre el FMI y la Argentina en 2018 debería declararse nulo. Analizan las condiciones en que fue acordado el préstamo, y señala que “fracasó en todos sus objetivos centrales, violando los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ultra vires". Esto implica, de acuerdo al derecho jurídico internacional, que el acuerdo debería ser considerado nulo por rebasar “el límite de la ley".
Como explicaba Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, en una entrevista reciente para La Nación: “Lo máximo que hizo el Gobierno fue tirar una querella en tribunales, como decimos los abogados cuando algo se hace como un gesto para la tribuna. Es evidente que el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el Fondo fue totalmente ilegal, que no cumplió con las mínimas normas vigentes al momento de su firma. Eso puede enmarcarse en lo que en el Derecho Penal Internacional se denomina “doctrina de la deuda odiosa”, es decir, que la deuda externa contraída y usada contra intereses de las mayorías, a sabiendas de quienes la otorgaron, no tiene por qué pagarse ni es exigible su devolución, sino que es nula. Países como México o Estados Unidos la utilizaron en algún momento".
Desde la doctrina de deuda odiosa se podría plantear la invalidez de la deuda externa Argentina, y por lo tanto un desconocimiento soberano de la misma. Bregman explicaba: “Nosotros no nos desentendemos de lo que puede pasar si no se le paga al FMI. Sabemos que la ruptura derivaría en intentos de corrida, en maniobras para sacar los dólares del país. Pero no nos van a convencer de que lo único que nos queda es agachar la cabeza. Por eso decimos que lo que hay que hacer es un desconocimiento soberano de la deuda. Pero que esa medida no debe tomarse aisladamente, sino como parte de un conjunto de medidas que empiecen por nacionalizar el sistema bancarios y el comercio exterior. Porque, sin esas políticas que eviten los mecanismos de fuga, se estaría dejando al país completamente desarmado frente a todos los pulpos financieros del mundo que obviamente intentarán, como lo hicieron siempre, torcernos el brazo para que cedamos ante determinadas condiciones. Sabemos que eso implicaría asumir un programa completamente distinto del que asumió el Gobierno, que hace dos años decía que iba a terminar con la herencia macrista, que iba a recuperar lo que se había perdido, pero lo que eligió fue continuar en la misma senda.”
Para derrotar el ajuste y la entrega que implicará el acuerdo entre el gobierno y el FMI, es necesaria la fuerza de miles movilizada en las calles acompañando la convocatoria realizada por organizaciones sociales y políticas para el día que se vote en el Congreso.
