El gobierno ya anunció que estarían dispuestos a desembolsar 10 mil millones de dólares y que están abiertos a aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia a 80 mil pesos, sin que este sea descendiente. La mal llamada oposición pide un poco más para “que esté sobre la línea de la pobreza” ¿Qué hay de fondo y que pretenden?
Miércoles 10 de junio de 2020
Un nuevo día de intensas negociaciones se vivió ayer entre el gobierno, los partidos de la ex Concertación y sectores del Frente Amplio en lo referido a un posible Acuerdo Económico Nacional.
El gobierno propuso aplicar 10 mil millones de dólares de aquí a 20 meses para avanzar en ese terreno, y se abrió a la posibilidad de aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia. Desde la “oposición” reclaman que todavía se puede subir un poco más.
Pero de conjunto, más allá del fuego cruzado, todos buscan llegar rápido a un acuerdo. Están contra el tiempo.
Es que de fondo, buscan una política para contener, desembolsando una cantidad no menor de dinero, porque desde el 18 de mayo con las protestas protagonizadas por pobladores de El Bosque se sabe que hay hambre y miseria en las poblaciones. Hasta Mañalich se dio cuenta.
Quieren evitar que las protestas por el hambre escalen y se vuelvan un problema mayor.
En última instancia, a esos viejos partidos empresariales no les importa resolver las condiciones de vida de fondo de las grandes mayorías, por eso discuten un poco más o un poco menos de plata alrededor de la “línea de la pobreza”, lo que quieren evitar a toda costa es un nuevo estallido social, que con hambre, podría ser incluso mayor que el de octubre del año pasado.
Corren contra el tiempo, porque el gobierno ha perdido la brújula en su estrategia sanitaria, no tiene un plan serio, y todo apunta a que deberán extender las medidas y se mantendrán semanas de cuarentena, lo que agravará las condiciones en sectores populares.
Pero mientras diseñan esta nueva política para contener posibles estallidos, siguen golpeando duramente a la clase trabajadora, facilitando los despidos. Un estudio publicado el día de ayer por Clapes UC señaló que en los últimos tres meses se perdió la misma cantidad de empleos que los que se crearon desde el 2015 hasta finales del 2019.
Le dan algunos paliativos a los sectores populares mientras aumentan o permiten ataques a la clase obrera. Nos quieren divididos.
A su vez, buscan entregar más dineros a las empresas, más allá de la que ya están pasándole por los primeros paquetes económicos.
Ahora quieren entregar subsidios a los empleos, es decir, entregar más dinero a las empresas para “financiar el empleo” con dinero estatal, con plata que se saca del impuesto de todos nosotros, mientras discuten rescates y salvatajes a grandes empresas como es el caso de LATAM.
En última instancia discuten y reorganizan el país en función de las necesidades de los capitalistas, permitiendo despidos en cifras históricas, dando subsidios estatales a empresas privadas, precarizando las condiciones laborales y desarrollando las suspensiones.
Quieren de esa manera reorganizar el país en favor de las ganancias empresariales, mientras contienen a los sectores populares con paliativos frente al problema del hambre, como el Ingreso Familiar y las canastas básicas.
Que la crisis la paguen los capitalistas
A estos planes de los partidos empresariales tenemos que contraponerles otra alternativa, otro camino.
Es necesario un programa de emergencia que parta por la prohibición absoluta de los despidos, y por poner fin a la ley maldita de las suspensiones laborales. A su vez, que se aplique un impuesto a las grandes fortunas para financiar un salario básico igual a 500 mil pesos para trabajadores informales.
Estas medidas no las conseguiremos con mesas de trabajo con los empresarios y el gobierno, como quiere hacernos creer la CUT, que mantiene una tregua criminal con Piñera mientras ruega por reuniones.
Es necesario desarrollar la potencialidad de la movilización y de la alianza entre la clase trabajadora y los sectores populares, única fuerza capaz de derrotar los planes del gobierno e imponer una salida distinta a esta crisis.
Y ese programa de emergencia debe ir ligado a un plan de conjunto, a una salida obrera y popular ante esta situación.
Cuando los empresarios quieren reorganizar el país para aumentar el saqueo y la explotación, hay que pensar en medidas estructurales, partiendo por la renacionalización de los recursos naturales bajo gestión de sus trabajadores y comunidades para financiar las necesidades de las grandes mayorías.
Necesitamos pensar esa salida de conjunto ante la crisis, para que esta la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
