El viernes pasado luego de varios comunicados, finalmente, se publicó el acuerdo definitivo entre las y los dirigentes nacionales de la Mesa del Sector Público-CUT y los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Un 12% de reajuste nominal, pero sin reajuste real y con diferenciación según ingresos, son parte de las concesiones que hizo la MSP al gobierno de Boric.
Lunes 5 de diciembre de 2022
Estas negociaciones se llevaron a cabo desde el 28 de noviembre con las carteras de Hacienda y Trabajo, la primera con Mario Marcel, ligado a la ex Concertación y la segunda con Jeannette Jara del Partido Comunista y los principales dirigentes de la CUT del sector Público. Entre estos, encontramos a David Acuña (presidente CUT y militante del Partido Socialista), a Carlos Insunza (PC y coordinador de la MSP), u otras, como la anterior presidenta de la CUT, dirigenta de la AJUNJI y militante PS, Silvia Silva Silva.
Así, un popurrí de militantes de partidos de gobierno o la DC definieron entre ellos los términos de la negociación que casi no pasó por la movilización que se preveía ante el complicado escenario económico y ante un pliego que pregonaba un reajuste equivalente al “IPC+3%”, es decir, 15%: 12% nominal y 3% de ajuste real, sin distinción de rentas o ingresos y que también proponía un mínimo de 550, 600 y 650 mil pesos de sueldo mínimo para auxiliares, administrativos y técnicos del sector, respectivamente.
Finalmente, tras varios comunicados que mostraban casi paso por paso el “tira y afloja” entre estos personeros de gobiernos y el mundo sindical de funcionarios públicos, se llegó a un acuerdo, como nos tienen acostumbrados, “por arriba”, donde se resignó a que no hubiese aumento real de los salarios (0% reajuste real) y sí un 12% nominal “para remuneraciones brutas mensualizadas hasta $ 2.200.000” y 264 mil para funcionarios con sueldos brutos superiores. Reajuste cercano al IPC acumulado y remuneraciones mínimas de 480, 534 y 568 mil pesos para los funcionarios con ingresos más bajos ya mencionados. De la reducción de la jornada laboral a 40 horas, ni un comentario.
Es importante señalar que esto se obtiene tras discontinuas y escuálidas movilizaciones de la MSP, donde sólo un puñado de decenas de dirigentes (apartando a las decenas de miles de funcionarias y funcionarios) se movilizaron las últimas dos semanas frente a instituciones ministeriales. Donde no hubo la más mínima participación de las bases ni en la toma decisiones de los guarismos ni menos en la movilización, no existen asambleas que analicen en específico estas negociaciones a nivel de las asociaciones locales.
Lo que sí demostró una vez más esta negociación es la estrategia de débiles movilizaciones en clave de amenazas (“alerta”), conversaciones entre cuatro paredes entre militantes de partidos tradicionales (sean dirigentes políticos o sindicales) y la apuesta a que el parlamento termine poniéndole el “vamos” o el “rechazo” a dichos acuerdos.
Si bien, es una señal para el resto de las y los trabajadores del sector privado para obtener un reajuste mínimo cercano al IPC (12%) y, por ende, a la inflación, los métodos burocráticos sin consulta de bases y la “atrofia” que implica no movilizarlas por conseguir mejores condiciones, nos demuestra una vez más que las dirigencias tradicionales aplacan, restringen, el poder que existe cuando somos decenas de miles quienes peleamos por nuestros derechos como clase trabajadora: si este acuerdo se consiguió sin presión desde las bases, probablemente el 15% (IPC + 3%) sin distinción de renta bruta, el mínimo de 650 mil para técnicos, por ejemplo, pudo ser una meta totalmente alcanzable.
Es por esto, que quienes somos trabajadores y trabajadoras del sector público y parte de agrupaciones como Abran Paso de la salud o Nuestra Clase en educación, insistimos en que es posible conquistar nuestras demandas para enfrentar la inflación y la carestía de la vida con la unidad y coordinación de todos los sectores, públicos y privados, no fragmentados como los gremios actualmente se encuentran (ejemplo la FENATS Barros Luco, solos luchando por una mejor carrera funcionaria). Con la perspectiva de que sean las bases quienes decidan y organicen la producción y los servicios “desde abajo” con independencia de los partidos de turno en el gobierno, impulso que la Coordinadora Unida de Trabajadores de la Zona Sur se propone concretar entre trabajadores de salud, educación, transporte o la industria.
