El día lunes, las dos diputadas del Partido Social Cristiano y miembros de Chile Vamos, presentaron el texto acusatorio contra el ministro de educación Marco Antonio Ávila, en lo que viene siendo una ofensiva de la derecha por asestar golpes al gobierno e imponer una agenda aún más favorable a su política y la los empresarios.
Miércoles 21 de junio de 2023
Durante semanas la derecha amenazó que acusaría constitucionalmente al ministro de educación Marco Antonio Ávila, pero la polémica del Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, pareció darle un respiro a Ávila, el que terminó el día lunes cuando las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Social Cristiano, tomaron la palabra en el ingreso a la sala de la cámara de diputados para mostrar el libelo acusatorio. Mientras las diputadas tomaban la palabra, diversos dirigentes de Chile Vamos rodeaban a las diputadas mostrando su apoyo a la acusación.
El texto, que consta de siete capítulos, tiene en su centro los intereses de la derecha por instalar un clima reaccionario y conservador en el seno de la educación pública, obligando a que la educación tenga un sesgo casi religioso en el tratamiento de la educación sexual.
Y es que en el denominado capítulo sobre el “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” lo que acusan es que el ministerio estaría impulsando la supuesta “ideología de género” al “sexualizar a los niños” y quitando autonomía de los padres para hablar de estos temas.
Pero la realidad es totalmente opuesta a la que señalan desde los sectores conservadores, ya que las guias que pone a disposición el ministerio para el uso en las escuelas, son programas que vienen hace años y no son específicas de este gobierno, por lo mismo diputados de derecha como Sergio Bobadilla afirmó que la instrucción del ministerio era “imponer” la “inclinación sexual” del ministro, una afirmación llena de homofobia y prejuicios que encarna el sector más rancio de la derecha en el país.
De hecho, una de las referentes ideológicas del Partido Republicano, Vanessa Kaiser, señalaba en sus columnas por YouTube, que esto es una política “ideológica” perteneciente a agendas internacionales para “pervertir” a los niños, violando el “pudor” obligando a los niños a hablar de lo privado en lo público, un delirio que solo abre espacios para naturalizar el abuso sexual de menores en el seno de las propias familias.
La derecha, que tiene problemas para hablar de la sexualidad en la esfera educacional, es la misma que avala y defiende a los pedófilos de la iglesia católica en lo “privado” o peor aún, que cínicamente dice “con mis hijos no” mientras abusan de sus propios hijos como ocurrió en Perú donde un pastor evangélico y vocero de una agrupación ultraconservadora, ha sido acusado por violación a su hija.
Esta acusación, que no es más que un intento por imponer una agenda conservadora contra la posibilidad de que exista una educación sexual integral, al necesitar algún punto más “consistente”, el resto de los miembros de la derecha anexó otros seis puntos para ver si podía “pegar con uno”.
El resto de los capítulos III (exclusión de estudiantes discapacitados en la “política de educación inclusiva”) IV (infracción al rol de autoridad, que incluye atraso en entrega de resultados del Simce, ausentismo y deserción escolar entre otros), V (incumplimiento en la supervigilancia de la Junaeb) y VII (también en referencia a Junaeb) son puntos que se anexaron pero que seguro pasarán a segundo plano en la discusión ya que son el punto “administrativo” por el que generalmente terminan pasando las acusaciones constitucionales (situación similar a la de Provoste 2008, y Beyer el 2013) para que luego sean votadas en el Senado.
Pero lejos de representar algún interés por la situación de la educación pública del país, el real interés de la derecha es pegarle al gobierno, sin importar a que costo o si está haciendo utilización política o no de una situaciones complejas como son los problemas de ausentismo, violencia escolar o déficit de infraestructura en las escuelas, ni que hablar de la educación sexual o los derechos de la comunidad LGBTI+.
Porque mientras las y los profesores de Antofagasta llevan meses movilizándose contra las precarias condiciones de trabajo y de infraestructura al interior de las escuelas públicas (donde la responsabilidad es de la corporación municipal del alcalde Velásquez, ex Evopoli) o en Chiloé donde decenas de profesores reclaman el pago de sus remuneraciones, si estos sectores se movilizan por sus derechos y los de sus estudiantes, es la derecha la primera en salir a criminalizar el paro o la movilización.
Por último, el gobierno tampoco ha llevado adelante una política medianamente consecuente en este punto, sentándose a negociar con la derecha todas las iniciativas a nivel de educación e incluso, retrocediendo de compromisos de campaña como la condonación del CAE o el pago de la deuda histórica de los profesores entre otros.
