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Red Internacional
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UNIVERSIDAD DE COAHULIA. Acusan de fraude electoral al rector de la Autónoma de Coahuila

Estudiantes integrantes del Movimiento estudiantil coahuilense convocan a paro académico, cerrando el paso al edificio de coordinación de asuntos académicos en la unidad Torreón, exigen nuevas elecciones.

Jueves 18 de febrero de 2021

En medio de acusaciones por fraude electoral y una larga lista de irregularidades administrativas, Salvador Hernández Vélez, candidato único a rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtuvo dos terceras partes de los votos a favor, es decir, alrededor de 23 mil 719 de los 42 mil 26 estudiantes y docentes empadronados, tomando el cargo de rector por segunda vez.

Cabe resaltar que estás han sido las elecciones con mayor participación de la comunidad universitaria, en las que por primera vez el 30% de los votos restantes fueron a favor de “nuevas elecciones”, porcentaje que representa 13 facultades de la unidad saltillo, es importante señalar que también se reportaron irregularidades en los padrones electorales en la unidad torreón, siendo esta la que concedió la mayoría de los votos al actual rector.

Por su parte el grupo estudiantil MOESCO en la unidad Torreón, acuso a salvador Hernández Vélez de manipular urnas, aprovechándose de que el proceso de elección fue mixto (con votos en plataforma electrónica y en casillas en algunas escuelas), lo que género que el candidato único tomara ventaja por la situación de la pandemia. Esto aunado a las denuncias anónimas de varios alumnos que fueron obligados por algunos docentes a votar por Hernández Vélez.

Mientras que en la capital del estado la organización estudiantil exigió una auditoria con el fin de esclarecer las irregularidades en los votos de la Facultad de Contaduría y Administración, a pesar de todo esto, la Comisión Electoral de la Universidad, aseguró que no se presentó ninguna queja ni impugnación durante el proceso.
Sin embargo, estas prácticas ya se han denunciado con anterioridad en procesos similares, con elecciones a directores, o el propio proceso de elección anterior del actual rector, obligando al cuerpo docente y alumnos a participar de ser necesario en actos de campaña y cualquier actividad que favorezca al triunfo electoral del candidato en turno, para que de esta manera no se ejecuten las represalias.

Varias acusaciones refieren que esta no es la primera ocasión en la que existe un candidato único pese a que en los estatutos internos establece que, de existir un solo candidato registrado, el proceso de elección debe ser aplazado, con la finalidad de ejercer democráticamente una elección con mas propuestas y no solo un candidato en reelección.

UADEC el ente público con más anomalías en el manejo de sus recursos

En su pasada administración, tanto miembros del consejo como el propio rector fueron cuestionados por docentes y estudiantes en varias ocasiones desde el 2019.
En los últimos tres años, la UAdeC ha sido el ente con las mayores anomalías en sus cuentas públicas del estado teniendo 28 observaciones con irregularidades que ascienden a más de 773 millones de pesos.

Entre las irregularidades, que han sido cuestionadas, está la comprobación insuficiente relativa al pago presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones. Y en el pasado ciclo escolar en plena pandemia la universidad incremento las cuotas escolares, sin usar las instalaciones, equipos y plataformas de la institución, en un periodo de despidos masivos injustificados en industrias, quiebres de algunas empresas que dejaron a cientos quizá miles de trabajadores sin prestaciones y algunos casos sin liquidación.

Estas condiciones generaron repudio entre la comunidad de alumnos, dando paso a la organización del movimiento estudiantil coahuilense, convocando a una asamblea extraordinaria en el mes de agosto, en donde presentaron un pliego petitorio declarando sus inconformidades, exigiendo la reducción de altos salarios a los docentes que ejercen cargos al interior de la administración de la universidad (subdirector, secretaría administrativa y académica), con el fin de incrementar el presupuesto y de reducir el costo en las cuotas.

Tras una sesión extraordinaria la decisión del consejo fue reducir solo un 8% el costo final de las cuotas y extender créditos, haciendo de la escuela un negocio que apunta a la privatización, endeudando en plena crisis a cientos de familias que ahora en 2021, no ven seguro un trabajo estable en el futuro cercano.

En defensa de una educación pública y gratuita

Estas condiciones plantean la necesidad de instaurar una auténtica democracia, en la que los docentes, estudiantes alumnos y trabajadores, por ejemplo, sean quienes exijan la apertura de los libros de contabilidad para que se rindan cuentas de la administración del presupuesto, es decir, que pueda la comunidad universitaria conocer con certeza la utilización de los recursos, sin la intervención de los despachos jurídicos al servicio particular del rector, ni otro organismo ajeno a los intereses de la comunidad.

Las y los egresados también debemos apoyar para exigir conjuntamente un aumento al presupuesto educativo con base al no pago de la deuda externa y al no aumento a la Guardia Nacional, de esta forma defendemos la educación de las próximas generaciones en nuestra universidad.

Así mismo, como han planteado estudiantes de la UNAM en diversos procesos, se requiere la democratización de nuestras universidades, a través de un gobierno tripartito que discuta las problemáticas de cada unidad y carrera atendiendo a las necesidades de los diversos sectores que integran la comunidad universitaria, que destine y administre recursos para impulsar la investigación científica, adquirir equipos y herramientas de última generación, para alumnos, docentes, maestrías y doctorados. Que defienda la educación pública y gratuita con la consigna de la independencia política, libre de los grupos empresariales que buscan sacar provechos de la creatividad académica.

Es necesario cuestionar al servicio de quien está la educación para transformar las instituciones educativas, y de esta manera garantizar, que estén al servicio de la mayoría y en función de las necesidades del pueblo pobre y trabajador, no para financiar campañas electores o impulsar las carreras de los rectores en puestos públicos.