Esta renuncia llegó el mismo día en que se cumplieron ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y días después de la filtración de un informe que confirma la participación del Ejército en este crimen de Estado.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 27 de septiembre de 2022
El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo a su cargo como encargado de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Detalló que el motivo fueron las "diferencias" entre Gómez Trejo y la Fiscalía General de la República sobre los procedimientos para emitir órdenes de aprehensión.
Estas "diferencias" se expresaron en la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83 emitidas originalmente, ordenada por la FGR sin consultar al fiscal del caso. En días previos también se dio a conocer que la fiscalía aplazó la judicialización de las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam — vocero de la "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso—, a contra corriente de la exigencia de la FGR de agilizarla.
Esta renuncia llegó el mismo día en que se cumplieron ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y días después de la filtración de un informe sin testar (es decir, sin ninguna edición que oculte alguna parte del documento). En este se confirma no sólo la responsabilidad directa del entonces alcalde de Iguala, Luis Abarca, identificado como quien ordenó la masacre, sino también sus nexos con el crimen organizado y la forma en la que la Policía local colaboraba con el cártel local.
Los detalles del informe sin testar, difundidos a través de redes sociales por la periodista Peniley Ramírez, dan cuenta asimismo del momento en que el gobierno federal —con Enrique Peña Nieto a la cabeza— toma las riendas del encubrimiento y se involucran directamente las Fuerzas Armadas.
Además de a un exprocurador estatal, la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y un exsecretario de Seguridad estatal, esta medida favorece a 16 integrantes del 27 y 41 Batallón de Iguala del Ejército Mexicano, lo cual ha sido duramente cuestionado por familiares de los 43 y por distintas organizaciones políticas, sociales y defensoras de DDHH, que acusan un nuevo intento por encubrir la participación de las Fuerzas Armadas en este crimen de Estado.
En medio de protestas contra la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional —lo que en los hechos militariza al país— y desde un Palacio Nacional que fue amurallado para recibir la marcha que este 26 de septiembre se movilizó en la Ciudad de México exigiendo verdad y justicia para el caso, AMLO aseguró que su gobierno está recibiendo "presiones de todo tipo", pero insistió en que no se "descarrilará la investigación" y llamó a "tener confianza" en su gobierno.
De cara a este llamado es indispensable cerrar filas en torno a la exigencia de una comisión independiente que dé seguimiento al proceso en contra de los responsables, civiles y militares, sin ninguna confianza en que serán las mismas instituciones acusadas las que podrán juzgarse a sí mismas. Hoy más que nunca es indispensable poner en pie un movimiento en contra de la militarización del país que exija no sólo el regreso a sus cuarteles de las Fuerzas Armadas, sino también el desfinanciamiento de cuerpos como la Guardia Nacional.
