CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. Ad portas de la Convención: ¿Cuál es el camino para conquistar las demandas de octubre?

La académica en historia del derecho, Marianne Gonzáles, en una entrevista a El Mostrador, haciendo referencia a las tensiones previas, y posibles tensiones durante y post convención constitucional, hace referencia a que estamos en un momento bisagra, donde la tensión sería inherente al proceso entre los poderes ya constituidos y el nacimiento de una nueva organización en formación de pacto social.

Agregando además que esta tensión entre el Gobierno y un órgano que aún no tiene las reglas claras, siendo algo positivo es parte de “un auténtico proceso constituyente y que algo está cambiando”.

Pero, para ir más hasta el final de qué tan auténtico proceso está atravesando el país y que tendrá su punto de partida este domingo 4 de julio, habría que remitirse también, a cuáles son los orígenes que establecieron el actual proceso constitucional.

Es de conocimiento de todos que la constituyente fue producto de la profunda crisis que se expresó de forma contundente en octubre del 2019, y como han tenido que reconocer incluso grandes empresarios del país, sobre todo a la jornada del 12 de noviembre, en el marco de la huelga convocada por Unidad Social, que superando las propias expectativas de las direcciones de las grandes centrales sindicales como la CUT, fue el punto de inflexión en el que el factor de la clase obrera uniéndose a las y los miles de jóvenes en el país, trajo consigo el fantasma de la huelga general. Esto hizo tambalear al gobierno de Piñera y al propio régimen, teniendo que acudir a los acuerdos entre los partidos desde la derecha hasta el Frente Amplio tres días después de esa gran jornada, sellando así el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución.

La “cocina” del acuerdo, más la tregua de hecho que le dio el Partido Comunista dirigiendo a la CUT, siendo un obstáculo para la entrada de la clase obrera como sujeto a la rebelión, terminó sellando el principio de la política del desvío “institucional” de la movilización de millones en las calles, obstaculizando que la propia rebelión avanzara a transformarse en revolución, salvando a Piñera.

Es así que canalizando el descontento “de las calles al palacio” con este acuerdo se abrió un proceso custodiado por el viejo régimen, sus partidos e instituciones, con una clase dominante teniendo que “sacrificar” la constitución de Pinochet para desviar las fuerzas de la calle, pero a la vez garantizando las reglas impuestas por los partidos de los 30 años, las cuales se expresan en el antidemocrático poder de veto de los tercios, el no poder tocar los tratados internacionales en los cuáles se basa mucho del saqueo de las últimas tres décadas, la revisión de las decisiones por parte de la Corte Suprema e impidiendo que la convención sea soberana, dado que no puede interferir en las prerrogativas de las instituciones del viejo régimen.

Aún así, con un proceso que busca desviar, aún la profunda crisis política no se logra cerrar. Lo vimos y vivimos en medio de esta pandemia que por la fracasada estrategia de Piñera, aumentó el descontento con un Gobierno con menos del 10% de aprobación y el rechazo a las instituciones como el parlamento, la justicia y la policía. Esta misma crisis se expresó entre los choques del Poder Ejecutivo y Legislativo, en momentos de choque por los retiros del 10% de las AFP.

Elecciones que no logran cerrar la etapa abierta el 18 de octubre

Las elecciones de mayo arrojaron resultados contradictorios para los defensores del régimen, siendo para estos, la principal trampa para desviar la fuerza del 2019 e impedir la apertura de un proceso revolucionario: la derrota de la derecha y la ex Concertación más grande en los últimos 30 años de la “transición pactada”, acompañada de un 57% de abstención del universo de votantes. A la vez la alta votación y fenómeno de los independientes, sobre todo de la Lista del Pueblo y el fortalecimiento del bloque entre el PC y el FA, mostró la ruptura de un sector importante de masas con los viejos partidos del régimen, a la vez que fortaleció las expectativas e ilusiones en la Convención Constitucional como el principal mecanismo para resolver las demandas expresadas durante la rebelión popular.

A la vez, vemos como el propio régimen busca también un salvavidas en el ciclo electoral abierto por la carrera presidencial. Por lo que lejos de haberse cerrado la crisis y haber cumplido lo demandado por millones en las calles, la situación se encuentra entre la disyuntiva por un parte ante una posibilidad de que se logre consolidar el desvío con todas sus letras con la convención y presidenciales, o por otra, que la experiencia de un sector importante de masas con una convención que termine siendo estéril ante los problemas profundos de salud, pensiones, salarios, educación y recursos naturales, más el factor de la crisis sanitaria que se ha traducido en casi dos millones de despedidos, aumento del trabajo informal y la precarización de la vida, termine por profundizar la crisis provocado nuevos choques.

No es casual que, ante lo anterior, Marianne González en El Mostrador, de cuenta de que movilizaciones podrían haber igual, pero que espera que el Gobierno responda con menos represión, ya que esto podría aumentar las tensiones en la situación, ya que esta tendrá una importante atención de las masas a nivel nacional.

Respeto o no a las reglas del “Acuerdo por la Paz”

Los poderes reales del país, como lo es la burguesía y los partidos que administran los intereses de los capitalista, buscan mediante la convención y las elecciones presidenciales, cerrar la crisis abierta y reorganizar el mapa del régimen a través de una transición ordenada, si es que la política del desvío logra culminar.

Los partidos del régimen, incluyendo al PC y el FA, son parte también por izquierda de esta transición, estableciendo y adaptándose a través de una suerte de consenso que no desestabilice la carta del régimen para encauzar todo vía institucional. Es más, buscan que la elección de convencionales se limite sólo a la redacción de esta nueva constitución, mientras siguen vigentes los poderes en manos del cuestionado régimen político con el fin de que se toque lo menos posible las instituciones de estos 30 años de saqueo y miseria para el pueblo trabajador.

Respecto a lo anterior, las últimas semanas estuvieron atravesadas por el debate del respeto a las “reglas” de la Convención impuestas por el Acuerdo de “Paz”, sobre todo después de la carta de los 34 convencionales que conformaron la “Vocería del Pueblo” y que fue firmada ya por 41 convencionales. Esta carta tomó seis puntos entre los más importantes, la libertad de los presos políticos de la revuelta, el juicio y castigo a los responsables materiales de la violación a los D.D.H.H. y el llamado a declarar “soberana” la Convención, es decir, sin respetar las reglas del acuerdo del 15 de noviembre.

Esta declaración fue respondida por el conjunto de los partidos del régimen en contra, desde la derecha y la ex Concertación, con cuestiones como que la carta ataca la “república democrática”, que es “inconstitucional”, “ilegal” y que “traiciona la voluntad” que se expresó en el plebiscito. El FA por su parte lo redujo a una discusión “bizantina” donde los convencionales pueden decir lo que quieren, pero respetando el Acuerdo por la Paz, y el PC osciló entre el respeto al acuerdo y el acomodo criticando el Acuerdo por la Paz.

Retomar el camino de octubre para conquistar las demandas del pueblo trabajador

Esto expresa una posible tensión en el marco del desarrollo de la convención, que se ve en la convocatoria que hay para el mismo domingo que comienza a sesionar a través de la convocatoria a una movilización por la libertad de los presos políticos. El problema que tiene la carta de la “Vocería de los Pueblos”, es que la declaración y conquista de los seis puntos propuesto no van acompañados de medidas de lucha, organización, movilización y menos de la necesidad de impulsar organismo de autoorganización por fuera de la convención para asegurar la conquista de estas.

Y de lo que se trata, es que ante la ya posición de los poderes reales de oponerse ante la carta de los 34 convencionales, es expresión de que habrá resistencia por parte de los defensores de los privilegios de estos 30 años moverán sus cartas para oponerse a cualquier medida que toque los cimientos de la herencia de la dictadura.

Por ello, es necesario buscar el fortalecimiento de la organización y movilización. Partiendo por exigir que la primera medida de la convención sea votar la libertad y la amnistía inmediata para los presos políticos de la revuelta y víctimas de la represión del Gobierno, la que debería ser una primera medida básica, pero también para tomar la “agenda de Octubre”: el fin de las AFP, salud pública universal y gratuita, prohibición de despidos, terminar con la precarización laboral y el desempleo, salario y pensión de 550 mil, entre otras.

A la vez esto tomarlo bajo la perspectiva que retomando la movilización y la fuerza que mostró la rebelión de octubre, la lucha contra la burocracia sindical para que la clase trabajadora y sectores estratégicos que detentan un gran poder de fuego entre en la escena y con esta fuerza conquistar la real soberanía de la convención, partiendo por la salida de Piñera convocando nuevas elecciones, sin las reglas del viejo régimen, con voto desde los 14 años; revocabilidad mandatos si se traiciona la voluntad de las masas que se expresaron durante las elecciones; terminar con la prohibición a dirigentes sindicales para ser electos en cargos populares; que todos quienes ejercen cargos públicos ganen como un trabajador; la abolición senado y figura presidencial; elección de jueces bajo sufragio universal, jurados populares; disolución de Carabineros y abrir el debate entre las organizaciones del pueblo trabajador sobre cómo ejercer su propia autodefensa.

Es decir, retomar el camino que abrió octubre hacia la huelga general, de medidas que ataquen el poder del gran capital como son las multinacionales, y la lucha por la nacionalización de los recursos estratégicos sin pago y bajo control de los trabajadores junto a las comunidades; nacionalización de la banca y el comercio exterior; control obrero en la industria y el comercio; la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados unido a un plan de viviendas y obras públicas gestionados por los trabajadores y las comunidades. Medidas que van en la perspectiva de resolver íntegra y efectivamente las demandas de octubre, conquistando un Gobierno de las y los trabajadores.