Educación. ¿Admisión Justa? Nada más que mayor segregación

Este lunes, Piñera renovó su respaldo al proyecto de Admisión Justa, ampliamente criticado por reponer los procesos de selección en las escuelas municipales, además de abrir la posibilidad de reposición del copago permitiendo “aportes voluntarios de los apoderados”. Proyecto que este miércoles fue ingresado al Congreso, aunque con urgencia simple, pateando su discusión probablemente hasta marzo.

Un claro intento de voltear la agenda política nacional, en el marco de la fuerte crisis abierta posterior al asesinato de Camilo Catrillanca a manos de la policía, que les trajo como consecuencia no solo un descrédito enorme al Ministerio del Interior, representado en la figura de Chadwick; sino además, de la propia institución de Carabineros, evidenciando su intrínseco rol de represión. La maniobra de la derecha es tan burda que siempre supieron que no contaban con los votos necesarios.

El falso “mérito” de la derecha

Los dichos del mandatario fueron claros, y es que el proyecto de Admisión Justa dará "más libertad y flexibilidad" a quienes están en la "industria de la educación". Eso es la educación actualmente para los empresarios, una enorme industria que deja millonarias ganancias, a costa del subsidio del propio Estado. Uno de los negocios que la dictadura pinochetista nos legó.

Y es cosa de ver las cifras: mientras en 1981 el 78% de la matrícula se encontraba en escuelas públicas y el 15% era de Particulares Subvencionados, al término de la dictadura la matrícula municipal ya había descendido a un 58%, mientras que la subvencionada aumentaba a un 32%.

Pero no fue solo Pinochet, el proceso de privatización continuó en los gobiernos de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, para llegar al 2014 a una matrícula municipal de solamente un 37%, mientras que una particular subvencionada del 58%.

El proyecto de Piñera repondrá los mecanismos de selección de las escuelas, permitiendo por ejemplo que un 30% de la matrícula escolar pueda seleccionarse a partir de “criterios relacionados a su proyecto educativo” (como las escuelas católicas), reponiendo las entrevistas con padres y apoderados, así como especificando que los liceos emblemáticos y bicentenarios puedan completar el 100% de su matrícula vía “mérito académico”.

Solamente alrededor de 300 son las escuelas y liceos bicentenario y emblemáticos, de las más de 8.000 escuelas públicas, y lo que hace el proyecto, lejos de promover una mayor “justicia” en la admisión a estos, es fortalecer un sistema donde quienes tienen mayores recursos económicos, pueden acceder a una educación de mayor calidad, marcada por un ingreso basado fundamentalmente en los resultados académicos de las y los estudiantes, profundizando la enorme segregación del sistema educativo.

El SIMCE de 2017 mostró esta segregación, que Educación2020 expresaba en puntajes respecto del índice socioeconómico de las y los estudiantes: “En Lenguaje la diferencia está entre 50 y 60 puntos en todos los niveles educativos, mientras que en Matemáticas la brecha comienza con 60 puntos en 4º básico y aumenta hasta 105 puntos en 2° medio”. Y así también la PSU, que en el proceso de admisión 2018 tuvo 209 puntajes nacionales, de los cuales solo 22 provenían de colegios municipales, mientras 153 fueron de centros privados, aun cuando los estudiantes de escuelas privadas solo representaban el 11% de quienes rindieron la PSU aquel año.

En aquellas condiciones, es imposible hablar del mérito individual que nos quiere vender la derecha. Es imposible hablar de que el esfuerzo personal es el que lleva a las y los estudiantes a “mejores” o “peores” colegios, cuando los puntajes, las cifras y la realidad de conjunto, nos dice todo lo contrario.

Las “voces opositoras” se unifican por la defensa del legado de Bachelet
La ex Nueva Mayoría se ha mostrado opositora al proyecto de Admisión Justa, ya que echa atrás aspectos de la Ley de Inclusión del gobierno de Bachelet. Sin embargo, ninguna de las reformas y leyes promovidas por los 5 gobiernos de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, buscó avanzar estructuralmente al fortalecimiento de la educación pública.

Lejos de ello, por ejemplo en los últimos 20 años, hubo una disminución neta de 864 escuelas municipales, mientras el aumento neto de las subvencionadas fue de 2.942 escuelas. Mantuvieron y fortalecieron los mecanismos para entregar millonarios subsidios a la educación de iniciativa privada, financiando el negocio de empresarios millonarios o de instituciones como la Iglesia, que utilizan las subvenciones del Estado en levantar proyectos educativos con un marcado carácter ideológico, que reproduce el machismo y el patriarcado en nuestra sociedad.

Pero a pesar de todo esto, el Frente Amplio busca alianzas con aquellos mismos que cumplieron un rol protagónico y crucial para mantener la educación pública en el estado actual de segregación y privatización. Y es que ya han enviado una carta de unidad en “rechazo a la idea de legislar”, que tiene como firmantes a los diputados Gonzalo Winter (MA) y Camila Rojas (IA), junto a Camila Vallejos (PC), Santana (PS), Cristina Girardi (PPD) y Mario Venegas (DC), y que hace una defensa a la Ley de Inclusión del gobierno de Bachelet.

El Frente Amplio centra su foco en la “unidad” parlamentaria con quienes están en contra de un horizonte de fortalecimiento integral, efectivo y estructural a la educación pública. Dirigen organismos tan importantes como el Colegio de Profesores con Mario Aguilar a la cabeza, pero sus fuerzas no pasan de declaraciones de rechazo, o si no ¿por qué el Colegio de Profesores no organizó la movilización de docentes en rechazo de esta iniciativa?

Por un sistema nacional unificado de educación: público, gratuito, laico y sin subsidio a privados

El problema de la subvención a la demanda es muy profundo, ya que quiere decir que la transferencia de recursos del Estado a las escuelas es según su cantidad de estudiantes efectivos, y no según las necesidades que estas presentan. Por tanto, prima la competencia y el autofinanciamiento.

Evidentemente si las escuelas municipales concentran el mayor número de estudiantes de escasos recursos (en un marco donde está demostrado que quienes menos dinero poseen acceden menos a educación de calidad), aquellas escuelas serán precisamente las que concentren los mayores requerimientos si quieren mejorar el proceso educativo, lo cual pasa necesariamente por contar con mayores recursos que permitan dotar de mayores herramientas pedagógicas a sus estudiantes, mejorar las condiciones de infraestructura, dotar de más profesionales que colaboren íntegramente en los procesos educativos, así como mejorar las condiciones laborales paupérrimas a las que deben enfrentarse las y los docentes, sobre todo, dentro de la educación estatal.

Sin embargo, la educación de mercado funciona al revés: las escuelas municipales son las que tienen mayores necesidades, por tanto son las que más dificultades tienen para desarrollar un buen proceso educativo, pero en vez que eso signifique un aporte directo por parte del Estado, significa en realidad que bajan sus puntajes en las pruebas oficiales y que, por tanto, disminuyen progresivamente sus matrículas, causando menores ingresos aún, y continuando con un círculo de debilitamiento de la educación pública, mientras que miles de millones siguen yendo a las escuelas de iniciativa privada.

De ahí que el primer cambio estructural que necesita la educación entregada por el Estado es la redistribución de los recursos, pero eliminando cualquier financiamiento o subvención del Estado a los privados, e inyectando todos esos recursos de manera directa a las escuelas públicas.

Es necesaria la conformación de un Sistema Nacional Unificado de Educación Pública, que integre los distintos niveles educativos, desde la educación parvularia, básica, media y superior, que utilizando los miles de millones de pesos que se van actualmente al mundo privado, asegure la completa gratuidad y el libre acceso, para acabar con las pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PSU que, con un marcado carácter de clase, reproducen la segregación.

Necesitamos una educación pública que deje de estar al servicio del mercado, y pase a estar al servicio de sus comunidades educativas, de las y los trabajadores y del pueblo. Que base su funcionamiento en la discusión entre los trabajadores de la educación (profesores y funcionarios), estudiantes y apoderados, instalando que directivos y rectores sean cargos electos y revocables, para que seamos los distintos estamentos quienes decidamos, tanto como administrar los recursos, así como qué contenidos del currículum son los necesarios para entregar una educación integral, multidisciplinar, contextualizada y significativa.