El encargado de la investigación es el juez Mario Carroza, el mismo juez detrás de investigaciones como la muerte de Pablo Neruda, Caravana de la muerte, y otras más ligadas a derechos humanos.
Martes 20 de febrero de 2018
Esta semana, Carroza, se hace responsable de la investigación de más de 500 adopciones ilegales durante el período de 1973 y 1990, es decir, durante la dictadura en nuestro país.
Desde EE.UU entre los años 1950 y 2001, la encargada de hacer los trámites correspondientes a las adopciones era la trabajadora social Telma Uribe, interrogada en 2017 y que quedó en calidad de inculpada desde ese año. Entre sus funciones estaba acreditar judicialmente la situación de abandono de los niños y que los padres adoptivos estuviesen capacitados para los cuidados correspondientes, finalmente Uribe sacaba al menor de Chile y se los entregaba a la familia adoptiva en el extranjero, Estados Unidos principalmente y Perú.
Esta investigación se lleva a cabo luego de que el magistrado de la Corte de Apelaciones diera la orden del peritaje a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, cuando en 2017 encontraron en poder de la asistente social, junto con otros documentos, una carta de una de las jóvenes adoptadas luego de que encontrara a su madre biológica y que ésta recordara que un matrimonio le quitó a su hija recién nacida, en compañía de una asistente social.
La abogada y asistente social de la Universidad Católica, María Erazo, realizó un informe tras estudiar los documentos que se encontraron en posesión de Uribe, señalando que todo ésto fue debido a la poca rigurosidad de los trámites de adopción de la época. Se espera, a medida de que avance la investigación que se sepa el número exacto de adopciones ilegales, sin embargo en varios casos habría prescripción, según declara el juez Carroza.
Estas adopciones ilegales se suman a los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura contra las mujeres, violaciones y torturas a embarazadas, a menores de edad, encarcelamientos y exilios entre otras cosas. Con estas prácticas lograron imponer el terror y el disciplinamiento.
Hoy en día, la derecha sigue instalando su discurso conservador asociado a la familia, impidiendo a mujeres trabajadoras y pobres a abortar de manera libre y segura, mientras algunas mujeres pueden pagar la interrupción de un embarazo en una costosa clínica privada la mayoría pone en riesgos sus vidas abortando en clandestinidad y con recursos precarios. Exponiéndose a dejar secuelas en sus cuerpos y mentes y a la persecución del estado y de la iglesia, mientras algunas mujeres pueden pagar un aborto clandestino con dinero las mujeres trabajadoras y pobres lo hacen con su vida.
Casos como el de Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que en 2016 el Estado obligó a parir a su hija engrillada o el de la machi Francisca Linconao, autoridad mapuche acusada del homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, que enfrenta un segundo juicio luego de ser declarada inocente. Hoy en día vivimos estos hechos de la mano de la Nueva Mayoría, incitados por la ultra derecha y su disputa económica por los territorios que ha habitado históricamente el pueblo mapuche.
