La ministra Bullrich y diputados de Cambiemos se reunieron el lunes con funcionarios estadounidenses y ayer con el jefe de la policía colombiana. El modelo de “narcoparapolítica” es el norte.
Carolina Ararat @carolinanunu
Jueves 28 de julio de 2016
Fotografía: resumenlatinoamericano
En el día de ayer la ministra de seguridad Patricia Bullrich participó de un encuentro con el jefe de la policía nacional de Colombia Jorge Hernando Nieto Rojas, junto con otros funcionaros de ese país entre los que se encontraba el embajador de Colombia en Argentina, Alejandro Navas Ramos.
La reunión se hizo en la Cámara de Diputados y fue presidida por el diputado radical Luis Petri. En declaraciones a Radio Ciudad Petri manifestó que “es muy importante este encuentro por la reconocida experiencia que tiene la policía colombiana en su lucha contra el narcotráfico y el crimen en las calles”.
Según informaron luego, en la reunión “se analizaron los mecanismos a llevar a cabo para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” y se remarcó “la importancia de compartir experiencias que hayan logrado avanzar en esa temática”.
Nieto Rojas es jefe de la policía colombiana desde febrero. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en ese país hace dos meses que se anunció la “emergencia carcelaria”. Desde esa entidad denuncian que la situación de la población privada de su libertad es muy preocupante.
En un estudio publicado este mes señalan que “existen factores puntuales de vulnerabilidad para los derechos de los internos (...) Las cifras de hacinamiento se mantienen estables en el 55 %, con una población de 121.249 internos frente a una capacidad instalada para 78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas” y, en más de la mitad de los establecimientos, la atención médica es prácticamente nula. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos denuncian que en ese país existen alrededor de 4.000 presos políticos.
Reunión con funcionarios de Estados Unidos
En su línea de “cooperación internacional” la ministra Bullrich se reunió el pasado lunes con funcionarios de Seguridad de los Estados Unidos. Participaron otros funcionarios del gobierno nacional como el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y el secretario de Fronteras, Luis Green. La delegación estadounidense estuvo compuesta, entre otros, por el agregado de Defensa Michael Rayburn, el agregado de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y el agregado de Investigaciones de Seguridad Nacional para el Cono Sur, Eddie Agrait.
En ese encuentro desde la administración estadounidense se ofrecieron “a colaborar en la capacitación de efectivos argentinos” en las bases que posee ese país en Colombia. Plan en el que se avanzó en la reunión de ayer con los representantes de la policía colombiana y funcionarios de ese país.
Trabajamos coordinadamente con autoridades estadounidenses, en la capacitación y formación de nuestras fuerzas pic.twitter.com/6u8intxr5t
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 de julio de 2016
Otro de los temas tratados en dicha reunión fue la visita a la Argentina del secretario de Estado estadounidense John Kerry.
No se informaron especificaciones sobre el “entrenamiento” que irán a recibir los efectivos argentinos en las bases que Estados Unidos tiene en Colombia. Pero no es nada difícil imaginarlo.
La intervención estadounidense en Colombia, tanto a través de sus bases militares como de su injerencia en la política interior del país latinoamericano, demostró a lo largo de los años lo lejos que están las palabras de los hechos. Mientras se llenaron la boca hablando del combate al “narcotráfico”, la militarización y el financiamiento yanqui al Estado colombiano derivaron en la profundización del proceso de “narcoparapolítica”, del que se vieron beneficiados nada menos que los capitalistas de la droga y gran parte del funcionariado colombiano.
Y como contracara de ese proceso, la supuesta “guerra contra el narcotráfico” (el mismo cliché utilizado por el macrismo en Argentina) terminó siendo una guerra contra las FARC y las organizaciones populares con persecuciones, desapariciones masivas y asesinatos selectivos de dirigentes sociales, campesinos y sindicales.
Si a eso se suma la cárcel de Guantánamo en Cuba y los reiterados casos de gatillo fácil contra la población negra y latina dentro de Estados Unidos, queda más que en evidencia que el gobierno de Cambiemos quiere basar su política represiva interna en modelos que han sido todo un éxito. Un éxito para los capitalistas del narco y otros negocios criminales. Y un éxito para el control y la criminalización de la población trabajadora.
