A veintiún años de la masacre de Aguas Blancas, efectuada por el Estado, donde 17 campesinos fueron asesinados, ningún responsable ha recibido castigo. La demanda de justicia sigue en pie, y este 28 de junio se realizó una manifestación en el lugar donde ocurrió el crimen de estado
Lucía Rodríguez México D.F.
Martes 28 de junio de 2016
El 28 de junio de 1995 un grupo de cuarenta campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se trasladaban rumbo a un mitin político para demandar la aparición con vida de Gilberto Romero Vázquez –uno de los miembros de la organización desaparecidos un mes atrás-.
Al pasar por Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero, 400 agentes de la policía judicial y motorizada emboscaron a los campesinos dejando un saldo de 17 muertos y 21 heridos.
Aunque en un primer momento el gobernador en turno, Rubén Figueroa Alcocer, negó los hechos, la evidencia gráfica de la masacre, que fue conocida a nivel internacional, así como la movilización social, forzaron el término de su gobierno en marzo de 1996.
A pesar de que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que los hechos ocurridos en Aguas Blancas constituían un genocidio y que se comprobó mediante investigación que el gobernador ordenó la masacre para evitar la llegada de los campesinos al mitin, la masacre perpetrada hace veintiún años sigue sin ser castigada. Hay que recordar también, como pruebas de esta responsabilidad, que Figueroa indicó el retiro de todos los policías municipales en el lugar donde el mítin se llevaría a cabo, y que advirtió al personal del hospital regional que se estuviera listo para la llegada de heridos.
Después de más de dos décadas en que decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos así como familiares de las víctimas, demandan justicia y castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos, lo más que los gobiernos federales y estatales han otorgado a las familias son algunas indemnizaciones que únicamente pretenden acallar su exigencia.
La demanda de justicia por el crimen de Aguas Blancas tiene enorme vigencia. Recuerda la necesidad de la lucha por el cese a la represión y del castigo a los responsables de los crímenes de Estado.
Al eco de Aguas Blancas se ha sumado la demanda de aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia por el crimen de Iguala, hechos en los que policías y ejército participaron. Además de la reciente represión en Nochixtlán en el cual, de acuerdo a la CNTE, 12 personas fueron asesinadas.
Para Aguas Blancas: ni perdón, ni olvido.
