Mientras se siguen conociendo datos sobre el llamado caso “quemados”, debido a que uno de los conscriptos que participó del hecho rompió el pacto de silencio que por 29 años negó la verdad de lo que había pasado, el ex presidente Lagos y Bachelet se acordaron de llamar a romper el silencio.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Martes 28 de julio de 2015
El ex conscripto Fernando Guzmán contó pormenorizadamente todo lo que pasó el 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar detuvo, golpeó, roció con bencina y quemó vivos a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, rompiendo de esa manera 29 años de silencio, complicidad e impunidad sobre el brutal caso que afectó a los dos jóvenes.
A pesar de que Carmen Gloria siempre dijo la verdad, relatando como sucedieron las cosas y acusando la responsabilidad de los militares en el hecho, la justicia militar y civil no hicieron nada, dejando en la mayor impunidad el caso.
Pero hoy, a partir de las palabras de Guzmán, se reabrió el caso y el juez de la Corte de Apelaciones Mario Carroza reabrió el caso, deteniendo ya a cerca de 10 personas, acusando a varias de ellas de homicidio y de intento de homicidio.
Por su parte, tanto Carmen Gloria como la madre de Rodrigo, Verónica Denegri, han sido críticas de las políticas de derechos humamos de los distintos gobiernos de la postdictadura, especialmente de los primeros gobiernos de la Concertación, que instalaron las tesis de la reconciliación nacional basadas en la impunidad y en cuyos gobiernos se avanzó poco y nada en materia de justicia. Por el contrario, más bien primó la impunidad.
Ahora, el ex presidente Ricardo Lagos se acuerda de que “es momento de romper los pactos de silencio” y trató de defender las políticas de derechos humanos en su gobierno y los de la Concertación. Este es el mismo presidente en cuyo gobierno se armó la Comisión Valech, que impide que por 50 años se puedan conocer los testimonios en su totalidad, por lo tanto se pueda entregar toda la verdad sobre lo que pasó. En una carta que envió hace algunas semanas a El Siglo, Ricardo Lagos intenta decir que en realidad este secreto es para resguardar a las personas que denunciaron. Victoria Rosas Vergara, abogada e integrante de la Unión de Ex Presos políticos critica los alcances de la ley de Lagos en el informe Valech “la ley del Presidente Lagos impide que usemos esos antecedentes. Aclaro que hay muchos compañer@s que jamás vieron quienes les torturaban, pero si se pudiera utilizar la información que han entregado los demás, los que estuvieron en el mismo tiempo en el centro de torturas o campo de concentración, podrían saber quiénes eran los torturadores en ese lugar y tiempo. Fue esto lo que impidió el acuerdo del ex presidente Lagos con los militares, que se pudieran organizar y preparar las querellas colectivas contra los verdugos” (http://www.unexpp.cl/home/?p=2122).
Lo cierto es que lo único que hizo fue privilegiar la impunidad y que no se supiera realmente lo que pasó. Si algún testimoniante prefería no hacer público su relato, simplemente se podría haber firmado una carta individual, pero acá se obligó por ley a mantener el silencio. Las mismas organizaciones de ex prisioneros que estuvieron hace poco en huelga de hambre, han sido críticos del actuar de los gobiernos de la Concertación y hoy de la Nueva Mayoría. Lo cierto es que bajo el gobierno de Lagos Pinochet siguió impune.
Lo mismo señaló Bachelet sobre romper el pacto de silencio, pero lo cierto es que ninguno de estos dos gobiernos se preocuparon demasiado de los temas de derechos humanos. Inclusive en la actualidad, las demandas de los ex prisioneros políticos de la dictadura son negadas, ofreciendo migajas a quiénes estuvieron detenidos e inclusive fueron torturados, mientras sus torturadores e incluso militares juzgados por homicidio, desaparición, etc. cobran pensiones millonarias.
En ambos gobiernos se permitió el funcionamiento de las cárceles de lujo, como se llamó a los centros donde estaban detenidos los violadores a los derechos humanos, en condiciones especiales y con grandes beneficios. Tampoco se avanzó mucho en temas de justicia, ya que muchos casos siguieron sin castigo. Tampoco se derogó la ley de amnistía, se siguió financiando a las fuerzas armadas con los excedentes del cobre, se reprimió a los movimientos sociales, entre otras cosas.
