CON REGLA DE "CARGA PÚBLICA". Ahora Trump acosará a 26 millones de inmigrantes legales

No conformes con la campaña de persecución y expulsión de migrantes en las fronteras sur de EE UU y México, funcionarios del departamento de seguridad estadounidense anunciaron la próxima aplicación de un política tendiente a desalentar la solicitud de servicios asistenciales con el chantaje de negarles la “green card” si lo hacen, pero que además forma parte de una persecución al inmigrante de origen latinoamericano.

La tarjeta verde les permite residir en EE.UU. y trabajar sin el temor a las redadas contra trabajadores indocumentados, como la que acabamos de ver en Mississippi, en la que extrajeron a 680 trabajadores de su lugar de trabajo. Pero el mecanismo de acceso a estas tarjetas cambiaría tentativamente el próximo 15 de octubre; como anuncian los funcionarios de Trump:

Se otorgarán más tarjetas verdes a aquellos inmigrantes con una buena educación y una medida de autosuficiencia; pero se otorgarán menos a aquellos que (la reciben) simplemente porque alguien tiene un familiar en los Estados Unidos.

. Obviamente, los pobres no necesitan postularse, según este plan.

Esta regla de la “carga pública” surgió en la Ley de Inmigración de 1891 y desde entonces se ha implementado de manera limitada. Se basa en determinar que un trabajador es una “carga pública”, por el simple hecho de hacer uso de dos beneficios públicos federales a largo plazo, considerados como SSI (ingreso de seguridad suplementario), como solía ser un préstamo para vivienda y los cupones de comida. La nueva regla ha incorporado servicios no monetarios como el Medicaid, para apretar más la soga a la población humilde que aspira a nacionalizarse algún día.

La Ley de 1891 permitía la exclusión o deportación de personas consideradas como una carga para el bolsillo público. Pero se refería a "idiotas, locos, indigentes o personas que probablemente se conviertan en una carga pública". Ahora hay que agregar a esta alista a los inmigrantes humildes del patio trasero estadounidense.

Un Estado que ya no garantiza la reproducción capitalista

De esta manera se busca, además del rechazo físico-jurídico vía deportación a los migrantes que llegan a sus fronteras, adelgazar los gastos del Estado a costa de la salud y subsistencia de los trabajadores inmigrantes que ya fueron aceptados. Una medida inocua ante la crisis presupuestaria que afronta el Estado yanqui, ya que este “adelgazamiento” es nulificado por el engorde de los gastos del aparato militar estadounidense, del subsidio a la industria militar y el mantenimiento de sus casi 750 bases militares por todo el mundo.

Esta medida se anunciaba justo un día antes de que la Bolsa de Nueva York sufra una fuerte sacudida al caer sus valores súbitamente en un 3%, en un marco de enlentecimiento de la economía mundial, devaluaciones agudas como en Argentina, y con la perspectiva de que el próximo año la economía más grande del mundo caiga en recesión.

Las estimaciones de los investigadores indican que alrededor de 26 millones de personas se verían afectadas por esta nueva regla y aseguran que “creemos que es una regla por motivos raciales para cambiar la cara de quiénes somos como nación”. [1]

Los patrocinadores de esta medida quieren que haya menos personas pobres que puedan necesitar vivienda pública y asistencia alimentaria. Quieren rechazar a las personas enfermas cuyas enfermedades pueden terminar requiriendo costosos servicios de Medicaid, pagados por el gobierno. Incluso, quieren desalentar a aquellos cuya falta de dominio del inglés podría impedirles tener éxito en una "economía competitiva".

Pero esta "economía competitiva" en el sentido individualista del capitalismo, muestra diversos síntomas contrarios a la posible erradicación de lo inmigrantes pobres al interior de EE UU, pues desde 2018,

"durante un récord de 16 meses consecutivos, el número de empleos abiertos ha sido mayor que el número de personas que buscan trabajo. La economía de EE UU Tenía 7,4 millones de vacantes en junio, pero solo 6 millones de personas estaban buscando trabajo, según datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE. UU. [2]

Esto se refleja en que los trabajadores más difíciles de encontrar ya no son ingenieros informáticos. Son asistentes de atención médica a domicilio, trabajadores de restaurantes y personal de hoteles. Esto significa que, por una vez, los trabajadores poco calificados tienen la mayor influencia en el mercado laboral actual.

¿De qué manera los emigrantes latinoamericanos serían los principales perjudicados?

Pero para Trump y sus funcionarios, los trabajadores que provienen de los sectores más devastados por la penetración imperialista en el patio trasero latinoamericano, no tienen derecho a rellenar los huecos dejados por los millones que ya no buscan trabajos mal pagados ya sea porque se jubilen o porque se están preparando para incursionar en niveles superiores de la estructura laboral.

Han preferido explorar una opción que les garantice mano de obra "menos pobre y menos analfabeta". Por ello han volteado las miradas hacia los inmigrantes de Europa y Canadá, quienes tienen menos probabilidades de enfrentar problemas bajo las nuevas regulaciones, pues según un estudio, casi tres cuartos de los recién llegados de México, Centroamérica y el Caribe tienen ingresos relativamente modestos que pondrían en peligro sus posibilidades de una tarjeta verde.

Así la orientación del Estado bajo Trump preferiría que entraran millones de trabajadores de Europa y Canadá, mejor calificados y con la barrera idiomática franqueada, y pagarles salarios superiores con el pretexto de que ahorrarían costos por apoyos a los residentes latinos empobrecidos.

Urge una respuesta para parar estos planes

Ayer mismo, los condados de San Francisco y Santa Clara, en California, los condados de San Francisco y Santa Clara, en California, presentaron una demanda porque "los cambios impulsados por el gobierno de Trump empeorarían la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y tendrá un impacto financiero".

Organizaciones no gubernamentales de ayuda a los migrantes y derechos humanos ya se están preparando para luchar por impedir legalmente que esta regla de orientación racista, sea puesta en marcha el próximo 15 de octubre. Falta el ingrediente principal, la movilización de la población trabajadora estadounidense para defender el libre tránsito de la mano de obra por encima de cualquier frontera, así como plenos derechos para todas y todos los migrantes.