Lejos parece haber quedado el discurso de asunción de tono “neo cafierista” de Alberto Fernández, que entusiasmó a sus seguidores “progre” que se contentan con poco. Las “efectividades conducentes” del nuevo gobierno empezaron a quedar de manifiesto con la “megaley” aprobada en tiempos express en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El paquete de medidas aprobadas muestra que entre “ortodoxos” y “heterodoxos” las diferencias se difuminan cuando se trata de ordenar la economía en función de generar dólares para el pago de la deuda. Una deuda que este gobierno asume a libro cerrado, sin proponerse investigación alguna previa a cualquier pago, por más que entre con claridad en los términos de ser una “deuda odiosa”. Recordemos que se denomina de esta forma a la teoría jurídica en el Derecho Internacional, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos de ese estado, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. Y esto independientemente, como aclaró nuevamente Eric Toussaint durante su visita a la Argentina, de si el gobierno en cuestión es monárquico, dictatorial o democrático-parlamentario, siempre y cuando en endeudamiento cuestionado tenga las características planteadas. La definición parece hecha a medida para el ciclo de endeudamiento macrista, tanto el realizado con acreedores privados como el que tuvo lugar con el FMI.

Todas las medidas del paquete aprobado en el Congreso no se entienden, en primer lugar, sin el objetivo primordial de garantizar, previa renegociación, el pago de deuda, algo claramente enunciado al comienzo del articulado. El artículo 2 “brinda facultades al Poder Ejecutivo para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública”. Y en el artículo 3 se faculta al Ejecutivo “a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública” de la Argentina. A la vez también se permite que el Banco Central venda dólares al Tesoro hasta U$S 4.571 millones a cambio de Letras Intransferibles. ¿Qué otro objetivo podría tener esto que seguir pagando la deuda mientras se desarrolla la renegociación con los acreedores? Lo corrobora Carlos Burgueño en Ámbito:

Solo entendiendo la lógica de la mirada puesta en el FMI, se entienden la decisión del Presidente de terminar volcándose a de la aplicación de retenciones a las exportaciones, especialmente a la soja; suspender la fórmula de indexación de las jubilaciones, avanzar sobre bienes personales y el molesto impuesto PAÍS. Sabe que aplicando este duro ajuste se analizarán con mayor seriedad las promesas de solvencia fiscal que la Argentina quiere plantear para comenzar a renegociar la deuda con el FMI y los privados. Y que la idea de garantizar un déficit fiscal primario ordenado para el 2020 y un equilibrio para el 2021 es una promesa seria y una convicción. Que sea con un ajuste sobre los privados y no sobre el gasto público, descarta Fernández, no será una queja de los hombres de Washington [1].

Más aún, el mismo analista, junto con otros, señala que el borrador del proyecto fue discutido previamente con los “técnicos” del Fondo Monetario. Un ajuste con el aval de Kristalina Georgieva, la nueva presidenta del FMI que reemplazó a Christine Lagarde. Esto se lo comunicó el propio Alberto Fernández a los capitostes de la AEA, como se señala en el artículo antes citado:

El Presidente dio ayer pistas sobre la situación con el organismo, ante un auditorio VIP. Alberto Fernández almorzó (literalmente) con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), al afirmar que su administración “no está improvisando” y que el FMI “aceptó esta lógica de trabajo”. “Le hemos pedido al Fondo Monetario cambiar la lógica, que nos dejen construir un plan que sea sustentable y, sobre la base de este plan, nosotros resolver cómo pagar la deuda. El Fondo ha aceptado esta lógica de trabajo, no estamos improvisando. Tenemos un plan que silenciosamente hemos construido durante dos meses”, dijo.

Las repercusiones de la reunión entre los grandes empresarios fueron claramente favorables al nuevo gobierno. Según señala un artículo en el diario La Nación,

…los hombres de negocios se mostraron conformes con el mensaje oficial. “Nos vamos con optimismo, hay que apostar”, dijo Mariano Bosch, de Adecoagro. “Fue una reunión positiva y productiva”, acotó Pagani. Eduardo Constantini consideró al discurso oficial “consistente” y “muy razonable”. Y celebró que en el proyecto de emergencia económica se anulara el artículo 85, que le otorgaba enormes facultades a la Casa Rosada para reformar a todos los organismos descentralizados del Estado. “Quedó más circunscrito a medidas económicas y eso alivió la tensión”, consideró [2].

Otra vez sopa: sacar a los jubilados

Si bien el “paquete” toca limitadamente los intereses de los exportadores agrarios, actualizando las retenciones a los niveles en que las había puesto Macri antes de la devaluación (a la vez que se las baja a las petroleras y mineras), y deja sin efecto la rebaja del impuesto a los bienes personales, el núcleo de lo que afecta son los ingresos de los jubilados. Justo cuando se cumplen dos años de la reforma de la fórmula de movilidad implementada por el gobierno macrista en medio de una represión brutal a las masivas protestas, se suspende la movilidad por 180 días para las jubilaciones (finalmente con excepción de los regímenes especiales), congelándolas en lo inmediato para las mayores a 19 mil pesos justo el año en que los aumentos iban a ganarle a la inflación y a permitir recuperar algo de lo mucho perdido en los años anteriores. Es claro que la única finalidad que puede tener una suspensión de este tipo es otorgar aumentos inferiores a los que correspondían, ya que si no lo contrario estaría estipulado en el cuerpo de la ley. En este lapso, los aumentos serán implementados discrecionalmente por el poder ejecutivo.

Esto no solo vulnera derechos adquiridos de los jubilados (ya que la movilidad se establece en base a los datos de lo ocurrido en la economía el año anterior), lo que augura decenas de miles de nuevos juicios al estado, sino que pone al gobierno de Fernández en sintonía con gobiernos capitalistas como el de Bolsonaro o el de Macron. En campaña, el nuevo presidente dijo que prefería los jubilados a los bancos. En el ejercicio del gobierno, decidió ajustar a los jubilados y no tocar la ganancia de los banqueros, que se cuentan entre los más beneficiados de la era Macri. Aunque la magnitud del ajuste depende de la diferencia que finalmente exista entre lo que iban a recibir los jubilados (entre un 28 y un 29 % entre marzo y junio) y lo que finalmente se otorgue (o no se otorgue y se congelen los haberes), los cálculos van entre un 1 % y un 2 % del PBI. El nuevo Ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó incluso al cinismo de justificar esta medida diciendo que el aumento a los jubilados era “inflacionario”, mostrando también acá la facilidad con la que los “heterodoxos” toman los argumentos de los “ortodoxos” cuando se trata de justificar medidas antipopulares. Parece que Guzmán olvidó los cientos de libros que desmienten que los aumentos de salarios o jubilaciones sean los causantes de la inflación, algo que el “caso argentino” del período macrista muestra con creces, ya que una suba inflacionaria de un 100 % en cuatro años se produjo en simultáneo con una fuerte caída de los ingresos salariales y jubilatorios en niveles de entre el 20 % y el 30 %. Y también que toma sin beneficio de inventario la idea de que todo aumento en jubilaciones será deficitario e inflacionario, como si no pudiera discutirse cómo se aumentan los recursos para un sistema que se viene desfinanciando cada vez más con las rebajas de contribuciones patronales de Cavallo en adelante, que este proyecto de ley mantiene.

A esto hay que sumar la hipocresía de diputados y senadores con ingresos que van entre $ 150 mil y $ 250 mil que piden ser “solidarios” a los que apenas llegan a $ 20 mil ó $ 30 mil mientras ellos no se modifican un ápice sus ingresos y sus jubilaciones quedan fuera de la suspensión de la movilidad. Ex presidentes, ex ministros, ex diputados, ex senadores, ex intendentes, etc., se excluyeron de los alcances de la ley, al igual que ocurre con los jueces de todos los niveles, los mismos que no pagan el impuesto a las ganancias que descuentan por la “cuarta categoría” a los trabajadores de ingresos más altos. Una vez más vemos como la casta política se ha caracteriza por la “solidaridad”… en base al bolsillo ajeno.

Una digresión: Javier Milei y otros de los autodenominados “libertarios” celebraron la denuncia de Nicolás del Caño a los privilegios de la casta política durante el debate por la “megaley” [3]. Pero entre una y otra crítica no podría haber objetivos más diferentes: para los “liberalotes” tiene como finalidad favorecer el despotismo más directo de las corporaciones capitalistas. Para los socialistas, es una crítica ligada a denunciar el papel que esa “casta” y sus privilegios juegan para favorecer la dominación de la burguesía, y como el nuevo tipo de estado por el que luchamos, un “estado de los trabajadores”, terminaría con ese tipo de privilegios, como mostró la Comuna de París en su momento.

La denuncia hecha en la Cámara de Diputados por Nicolás Del Caño fue muy clara a este respecto, con una intervención que fue transmitida en vivo por distintos canales de televisión y encontró un eco muy favorable en distintos sectores de la población, en complementariedad con la realizada a continuación por Romina Del Plá. Lejos del oportunismo de las fuerzas políticas burguesas, que critican los ajustes cuando son oposición y los aplican cuando son gobierno, el Frente de Izquierda es el único que puede mostrar la coherencia de haber estado siempre contra los ataques al bolsillo de los jubilados y los trabajadores.

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Una peculiar “redistribución”

Lo que muestra más en general el “paquete” de la megaley es la actualización de un planteo que había utilizado Cristina en sus gobiernos como justificación para mantener el cobro de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a los trabajadores con mayores ingresos, lo que en su momento llevó a la ruptura con Moyano y favoreció el pase a la oposición al kirchnerismo de franjas importantes de la clase trabajadora, especialmente a partir del 2013. Era un punto tan sentido en sectores obreros que llevó a que ese punto lo levantaran demagógicamente tanto Sergio Massa como el propio Mauricio Macri, que prometió la anulación de tal gravamen a los asalariados, pero que lejos de esto aumentó durante su mandato el número de trabajadores obligados a pagarlo (subió de 1.200.000 en 2015 a unos 2.000.000 durante el gobierno que acaba de terminar). No hace demasiado tiempo, al calor de las victorias electorales de Cambiemos en 2015 y 2017, hubo quienes sostuvieron (como Juan Carlos Torre y Martín Rodríguez entre otros) que la división “superestructural” del peronismo su era en su momento resultado de esta fragmentación “estructural” entre “proletariado” y “pobretariado”, como lo llamaron. Pero lo cierto es que así como la fragmentación de la clase trabajadora vivida bajo el neoliberalismo explica en cierta medida que el propio espacio del peronismo se exprese como una coalición inestable más que como un partido, existe una política burguesa consciente para profundizar esa división, de la cual tanto la burocracia sindical como los distintas fuerzas políticas burguesas son ejecutoras activas.

Hoy, como si nada hubiese pasado, vuelven a repetir el “mantra” de que los trabajadores y jubilados que ganan un poco más son quienes tienen que sacrificar parte de sus ingresos para ser solidarios con los que menos tienen. No cabe duda que los jubilados que cobran la mínima o los hogares con niños que pasan hambre requieren de medidas inmediatas para mejorar su situación. ¿Pero por qué sacar los recursos de jubilados que no llegan a $ 20 mil mensuales y no de los grandes ganadores de la era Macri, o de otros sectores patronales? En lugar de afectar las ganancias de los grandes bancos o de las grandes patronales de la AEA, se “redistribuye” de un sector de trabajadores y jubilados hacia otro.

El viejo reformismo jugaba con la idea de redistribuir recursos del capital hacia el trabajo, mientras los revolucionarios explicamos que las reformas siempre han sido el subproducto de revoluciones o del miedo de la burguesía a la revolución. El propio Perón, que pudo implementar su política gracias a las condiciones económicas excepcionales que gozó el país por la segunda guerra mundial, utilizaba este temor para convencer a la burguesía que algo había que ceder, como en el famoso discurso de 1944 en la Bolsa de Comercio [4]. El entonces Secretario de Trabajo y Previsión señalaba en un párrafo del mismo:

La posguerra traerá, indefectiblemente, una agitación de las masas, por causas naturales; una lógica paralización, desocupación, etcétera, que combinadas producen empobrecimiento paulatino. Ésas serán las causas naturales de una agitación de las masas, pero aparte de estas causas naturales, existirán también numerosas causas artificiales, como ser: la penetración ideológica, que nosotros hemos tratado en gran parte de atenuar; dinero abundante para agitar, que sabemos circula ya desde hace tiempo en el país, y sobre cuyas pistas estamos perfectamente bien orientados; un resurgimiento del comunismo adormecido, que pulula como todas las enfermedades endémicas dentro de las masas; y que volverá, indudablemente, a resurgir con la posguerra, cuando los factores naturales se hagan presentes.
En la Secretaría de Trabajo y Previsión ya funciona el Consejo de posguerra, que está preparando un plan para evitar, suprimir, o atenuar los efectos, factores naturales de la agitación; y que actúa también como medida de gobierno para suprimir y atenuar los factores artificiales; pero todo ello no sería suficientemente eficaz, si nosotros no fuéramos directamente hacia la supresión de las causas que producen la agitación como efecto.

Un poco más adelante daba su conocida profesión de fe en el capitalismo:

Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del Estado. Sé que ni las corrientes comerciales han de modificarse bruscamente, ni se ha de atacar en forma alguna al capital, que, con el trabajo, forma un verdadero cuerpo humano, donde sus miembros han de trabajar en armonía para evitar la destrucción del propio cuerpo.

Pero si el primer peronismo esgrimía la necesidad de que los empresarios concedan algo para salvar lo fundamental, el “peronismo del siglo XXI” sostiene que la “redistribución” debe darse ya no del capital hacia el trabajo sino al interior de los trabajadores y jubilados. Este planteo, que lleva a la división de la clase trabajadora entre quienes cobran un poco más y quienes se ven necesitados de planes sociales u otro tipo de ayuda estatal para sobrevivir, juega además el papel de favorecer que los sectores de mejores ingresos de la clase trabajadora puedan ser ganados por la demagogia de la derecha, como hizo el propio Macri en el 2015 o antes Sergio Massa. Favorece además que penetre entre sectores de trabajadores y de las clases medias las ideologías “antipobres” y anti trabajadores del sector público que siempre agita la reacción. A pesar de toda su retórica, en los doce años de gobiernos kirchneristas no se modificó en nada sustancial la estructura tributaria regresiva de nuestro país, donde entre el IVA y lo que se cobra por “ganancias” a los trabajadores se explican unos dos tercios de los ingresos del estado. Nada parece que vaya a cambiar en este sentido con el gobierno de Alberto Fernández.

Una salida para seguir junto al Fondo

Así como el resultado desastroso de cuatro años de macrismo mostró que la subordinación al capital financiero lejos de cualquier camino de “progreso” solo profundiza la decadencia nacional, el paquete de ajuste recién votado da cuenta que el peronismo no cuenta con ninguna estrategia para superar la dependencia y el atraso. A lo sumo un poco más de mercado interno y favorecer a sectores de la burguesía no monopolista dentro de una estructura dominada por el agronegocios, las petroleras y el conjunto de las energéticas y la megaminería contaminante, a la que piensan dar un nuevo impulso a espaldas de todas las demandas socioambientales, como se está demostrando en Mendoza y Chubut. Conseguir dólares de donde vengan para garantizarles a los acreedores privados y al FMI que les vamos a pagar, he ahí el eje de la actual política económica. En este aspecto estructural hay muchas más continuidades que cambios entre Macri y Alberto Fernández.

Una deuda “odiosa” impagable; un PBI en el exterior producto de la fuga sistemática de capitales de los más ricos; subordinación económica y política al capital imperialista (y a sus estados) que controla áreas estratégicas de la economía; el saqueo de las petroleras y las privatizadas; apropiación de la renta y ganancia agraria por un puñado de grandes propietarios y el agropower; alta rentabilidad de los negocios especulativos; precarización, fragmentación y abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo: he aquí los aspectos generales que explican, con flujos y reflujos, la continuidad de la decadencia nacional.

Solo un programa como el que planteamos desde el PTS y el Frente de Izquierda, para que la crisis sea pagada por los capitalistas, terratenientes y banqueros, para liberarnos de la dominación imperialista, para que la clase obrera hegemonice al conjunto de los oprimidos para terminar con este régimen político y social, pude revertir de fondo esta situación.