Desde que asumió su segundo mandato a comienzos de este año, Dilma se ha configurado como la principal herramienta del ajuste capitalista frente a la crisis económica. El país entró en recesión y atraviesa una profunda crisis política que todavía no toca fondo.
Isabel Infanta @isabel_infanta
Jueves 17 de septiembre de 2015 15:22
Reelegida por estrecho margen frente al estandarte de la derecha noventista, Aecio Neves (PSDB), Dilma inauguró literalmente su segundo mandato con dos decretos antiobreros, impulsó un proyecto de ley que favorece la tercerización y puso en marcha la profundización de la privatización de Petrobras.
Moderados y destituyentes
La oposición de derecha, que coincide en ajustar a los trabajadores, muestra sus matices en su pretensión de capitalizar la crisis del PT.
Un sector más radicalizado impulsa ya abiertamente una campaña por la destitución. Otro más moderado prefiere evitar que la crisis política se salga de control, consciente de que eso, en el marco de una crisis económica sin horizonte y con antecedentes como las masivas movilizaciones de Junio de 2013, puede abrir espacio a una oposición independiente del gobierno y de la derecha patronal.
La crisis económica y el ajuste neoliberal
Las cuentas siguen sin cerrar y la crisis política en el parlamento y los tribunales, no para. La consultora imperialista Standard&Poor’s decidió rebajar la calificación del país, un golpe a la estrategia de atraer capitales internacionales para dinamizar la economía (ver recuadro). Las patronales ponen en marcha el ajuste en las fá- bricas, especialmente en las automotrices (ver columna) y los gobiernos estaduales recortan salarios de estatales y docentes.
En Petrobras, el nuevo presidente anunció el mayor ataque a los derechos laborales de los petroleros que se tenga memoria, con un claro objetivo privatizador. Los ministros de Hacienda y Planificación, Levy y Barbosa, anunciaron un ajuste de casi 7.000 millones de dólares, en un ataque en regla a los empleados públicos, aumento de impuestos y ajustes presupuestarios que recaerán centralmente sobre los que menos tienen.
Frente a estas crisis convergentes, Dilma ha ofrecido lo que queda de su popularidad (que no alcanza el 10%) para calmar los ánimos opositores, fortaleciendo a la oposición moderada frente a la “destituyente”, con todo tipo de concesiones reaccionarias como la criminalización de la juventud, componente fundamental de las jornadas de Junio de 2013, o una reforma política que dificulta aún más la participación política de los partidos de izquierda.
La disputa de las calles
En agosto hubo dos grandes expresiones masivas de la población en las calles. Una movilización convocada por la derecha, fogoneada por un amplio abanico opositor, y otra impulsada por el gobierno, que cuenta con la correa de transmisión de la burocracia sindical, que se moviliza contra los ajustes pero personificándolos en los ministros y parlamentarios para salvaguardar la figura de la presidenta, transformando todo en un acto en defensa del gobierno.
De hecho, las direcciones sindicales oficialistas tienen un papel central en imponer el ajuste en las fábricas, impidiendo la radicalización de las huelgas e imponiendo la rebaja salarial como “mal menor”, frente a los despidos. El 18/9 habrá una movilización alternativa, convocada por la Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas) y el Espacio Unidad de Acción con consignas antigubernamentales, contra el ajuste y por una alternativa clasista de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre, que puede contribuir a poner en pie un polo clasista que construya una oposición independiente al gobierno para enfrentar verdaderamente el ajuste capitalista.
