La decisión se informó este martes. Es parte de una política destinada a achicar al gasto del Estado en función de garantizar los intereses del pago de la deuda externa.
Martes 6 de agosto 10:42
El Gobierno nacional disolvió formalmente este martes el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). La disolución se anunció en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 696/2024. En el texto del mismo se hace referencia, entre otras cuestiones, a la necesidad de “ordenar y equilibrar las cuentas públicas” y a terminar con “graves irregularidades” (las cuáles no se informan) que habrían sido detectadas en los últimos meses, en el marco de una auditoría.
En el Decreto –que fue reivindicado públicamente por Federico Sturzenegger- se sostiene que “la nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación”. Sin embargo, se afirma acerca del Inadi que “el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”. Además, se indica que un relevamiento detectó "graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos”, entre otras cuestiones.
La decisión del Gobierno se inscribe en el marco de su discurso político y el accionar de sus principales referentes, incluido el propio presidente. El elenco dirigente de La Libertad Avanza ha hecho de la discriminación y el insulto un modo de hacer política y, en parte, de administrar el Estado.
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Como todo en la gestión de Milei, aquí abunda el doble discurso. El ajuste del gasto público se descarga sobre el Inadi o sobre los Sitios de la Memoria –por solo citar dos ejemplos- al mismo tiempo que se mantienen intactos los enormes beneficios fiscales que reciben sectores del gran empresariado nacional y extranjero.
Resulta evidente que el Inadi estuvo muy lejos de la efectividad en materia de atenuar la discriminación. En cierta medida, eso se debió al alineamiento del organismo con las políticas oficiales que, en muchísimos casos avalaron o ejercieron directamente múltiples formas de discriminación. En ese terreno, el “uso político” de los recursos estatales dentro del mismo organismo es casi una consecuencia lógica.
El debate sobre la discriminación remite, en última instancia, a los problemas sociales y culturales agudos que emergen en una sociedad clasista, marcada por los antagonismos sociales de clase. La discriminación, en sus últimas formas, solo puede potenciarse en el capitalismo. Un sistema que pone a todos y todas a competir entre sí, en todos los ámbitos de la vida (trabajo, educación, cultura) no puede más que empujar los prejuicios. El Estado capitalista, regente estructural de esas relaciones económicas capitalistas, alimenta esas formas de discriminación.
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El Inadi, por sí solo, no podía resolver nada. Podía sí, oficiar de lugar de denuncia y cuestionamiento a las formas de discriminación existente. Si eso no ocurrió en muchos casos, se debe a lo señalado antes: el alineamiento con los gobiernos de turno.
