Elecciones 28a. Al Régimen del 78 le molestan los lazos amarillos pero no VOX

La polémica política de la semana ha llegado hoy miércoles a la sesión del Parlament. Como no podía ser de otra manera, el president Torra y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han protagonizado los momentos más tensos de la sesión. La sesión, y la polémica, ha girado en torno a la negativa de Torra de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.

Tras el plazo de 48 horas que la Junta Electoral Central (JEC) dio el pasado viernes a Torra para retirar los símbolos (tras la primera notificación hace un mes), este lunes lanzó un ultimátum de 24 horas más para la retirada de dichos símbolos, advirtiéndole de que si no lo hace podría incurrir en responsabilidades penales.

La JEC tiene ahora la competencia de remitir los hechos, en caso de incumplimiento de la orden, a la Fiscalía y ordenar a los cuerpos de seguridad la retirada de tales símbolos, cuya función recaería en los Mossos d’Esquadra.

Ya antes de la sesión parlamentaria, fue la portavoz del Govern, Elsa Artadi, quién comunicó ante los medios de comunicación la decisión de mantener los símbolos después de que el jefe del Ejecutivo catalán hiciera pública su decisión a los miembros de su Gabinete y éstos la aceptaran.

Para Artadi, "estamos viendo muchas anomalías” en Catalunya. La misma Junta Electoral, que solicita la retirada de los lazos amarillos en pro de una supuesta imparcialidad, tiene entre sus miembros dos jueces pertenecientes a la sala segunda del Tribunal Supremo (TS). Luciano Varela y Ana Ferrer ejercen pues en la misma sala del TS que juzga a los presos políticos.

Entre los distintos argumentos que se esgrimen desde el Govern, Torra pide a la JEC que valore la “situación especial” dada por la coincidencia del juicio del procés con el período electoral, y mantiene que dichos símbolos son solo para preservar la “libertad de expresión”, recordando que, el presidente del Tribunal Manuel Marchena, ha permitido la exhibición del lazo amarillo a los acusados del caso durante el propio juicio.

Finalmente la opción adoptada por Torra de consultar al Sindic de Greuges (defensor del pueblo) ha tenido respuesta hoy mismo. El Sindic, Rafael Ribó ha recomendado al president Torra que retire los lazos amarillos de los edificios institucionales.
“Durante el periodo electoral, en los edificios institucionales, hay que mantener la neutralidad política y, por lo tanto, hay que retirar la simbología", ha afirmado Ribó.

Este jueves por la mañana, el Govern ha tapado la pancarta que tenía un lazo amarillo con otra con un lazo blanco y una barra roja debido a la imposición de la JEC. Todos los edificios públicos han tratado de adaptarse de manera “creativa”. El Ayuntamiento del Port de la Selva tiene una con el lazo azul y la famosa frase “Llibertat peixos polítics” (libertad peces políticos). Otras dependencias como la de Agricultura tenia muchos motivos en color amarillo con la frase “Els jutgen a ells, ens jutgen a tots” (los juzgan a ellos, nos juzgan a todos)

No obstante, la JEC está preparando fuertes medidas para castigar la demora de Torra en hacer el cambio i no se puede descartar que no le “agrade” el nuevo cartel. La tiranía de la JEC es de impresionante. I el Govern de Torra no hace más que obedecer a todas las demandas del Régimen del 78. Incluso las más ridículas.

La JEC ha decidido este jueves a última activar todas las vías contra Quim Torra. Ha dado órdenes a los Mossos d’Esquadra de retirar todos los símbolos referentes a los presos políticos antes de les 15hs del viernes. También ha pedido a la Fiscalía que investigue al President Torra para saber si ha cometido algún delito de desobediencia i abrir un expediente que puede acabar en inhabilitación como va suceder con la alcaldesa de Berga.

VOX sí encaja en el Régimen

En este sentido, el presidente catalán considera que la presencia de Vox como acusación popular en la vista no puede considerarse “inocua”, como tampoco lo es, que estén presentes “candidatos de otros partidos que también concurren a dichas elecciones, como investigados y en prisión preventiva”, apoyándose en unas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien calificó de “anómala” la presencia del partido de extrema derecha en el juicio.

Y es que la formación de Abascal no está encontrando impedimento alguno para moverse como pez en el agua dentro de los márgenes del Régimen del 78. Se puede presentar a elecciones, ser acusación particular contra los líderes del procés o sumar en sus listas electorales a militares de ideología franquista o negacionistas del holocausto.

Solo por traer a estas líneas un ejemplo, está el caso de Fernando Paz, número uno de la lista de VOX por Albacete y asiduo en los círculos de Falange, que asegura que la homosexualidad es “reversible con tratamiento psicológico”, y que ésta “junto al divorcio están destruyendo occidente” o que el bombardeo de Gernika “fue propaganda británica”.

El 28A no es una fiesta

Los medios de comunicación y partidos burgueses no se cansan de repetir que las jornadas electorales son “fiestas de la democracia”. Nada más lejos de la realidad.

El próximo 28A estaremos votando con presos políticos encarcelados, que llevan más de un año de presión preventiva, una aberración antidemocrática del código penal se mire por donde se mire. Pondrán las urnas mientras encarcelan y reprimen a cientos de sindicalistas como los compañeros del SAT, a jóvenes como los de Altsasu. La fiesta de “su” democracia comenzará con miles de migrantes en la pobreza producto de su racista ley de extranjería o miles de jóvenes y mujeres precarizadas por sus reformas laborales.

En el marco de la represión contra el pueblo catalán y el juicio farsa que juzga a los líderes del procés, esta decisión de la JEC es una nueva provocación. Mientras usan la amenaza del 155 como una espada de Damocles, quieren ir mandando al olvido, o a la cárcel, a todo lo que tenga relación con el procés y el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.