Las recientes medidas económicas se amoldaron al estilo ajustador del FMI. Veto presidencial a la ley que limitaba los tarifazos, nuevas subas en transporte y un plan de ataque a los estatales anunciado por el Superministro Nicolás Dujovne y el ministro de Modernización Andrés Ibarra coronaron la semana.
Lucía Ortega @OrtegaLu_
Sábado 2 de junio de 2018
Los anuncios del Superministro Nicolás Dujovne junto a Andrés Ibarra, ministro de Modernización, en la tarde del viernes que definieron un plan de ataque sobre los trabajadores estatales, dieron cierre a una semana de ajustes a medida del FMI.
La conferencia de Dujovne e Ibarra que producto de la acción de trabajadores estatales de ATE en el Ministerio de Hacienda precisamente en contra de los recortes salariales y laborales debió realizarse con demora en la Casa Rosada, fue el espacio donde se anunció un nuevo ataque a los empleados públicos: se congelará el ingreso al empleo estatal por 24 meses, no se renovarán los contratos de Asistencia Técnica, entre otros puntos.
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Vale aclarar que días atrás el Gobierno ofreció un 12 % como compensación salarial para los estatales sin cláusula gatillo ni de revisión, es decir, muy por detrás de la inflación anual esperada que todas las consultoras ubican no por debajo de un 30 %. Un claro recorte del salario real para los trabajadores estatales.
Pero la misma suerte, con distinta magnitud, es la que sufren los salarios de conjunto que durante el primer trimestre del año salieron perdiendo. De acuerdo con los datos del Indec, los salarios en términos nominales subieron un 3,9 % mientras los precios tuvieron una suba de 6,7 % en el mismo trimestre.
Luego de semanas de corrida bancaria que dieron paso a una suba de tasas hasta un 40 % para contentar a los especuladores y una fuerte devaluación del peso situada en un 25 % desde el inicio de la corrida de abril que ubicaron al dólar por encima de los $ 25, es certero afirmar que, con este ataque indirecto a los trabajadores, los salarios reales seguirán disminuyendo y ya lo están haciendo si se miden en dólares.
En relación a la cotización del dólar, el frente externo genera subas inmediatas, como sucedió este martes luego de la caída de las bolsas del mundo (principalmente europeas) por la crisis política italiana y española, junto a la inestabilidad brasilera.
Evidentemente el dólar no está planchado y no son pocos los economistas y analistas que aseguran que hacia fin de año podría llegar a los $ 30. Esto implicaría una nueva devaluación que podría tener impactos distintos según la forma en que sea aplicada. Para el FMI este efecto es buscado porque permitiría disminuir el déficit de cuenta corriente del país, vía efecto recesivo que disminuya las importaciones y aumente las exportaciones que serían más competitivas. Esta situación recesiva a la vez podría contener parcialmente la escalada inflacionaria por la caída del consumo. Pero sobre todo, la devaluación es buscada por su impacto mediado sobre el salario real.
De manera que esta hipótesis de “ordenamiento” de las variables macroeconómicas digitadas por el FMI sólo se pueden implementar haciendo recaer los costos de la crisis sobre los trabajadores.
Los tarifazos y el veto presidencial
Este jueves por la mañana se conoció la noticia ya sabida por todos: que el presidente Mauricio Macri vetó en pocas horas una ley de la oposición que logró mayoría en ambas Cámaras del Congreso y que retrotrae sólo los últimos incrementos des tarifas y limita sus aumentos futuros a la evolución salarial.
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Sin hacerse esperar, 24 horas después nuevos incrementos de tarifas y servicios públicos siguien impactando en los bolsillos del pueblo trabajador. Mientras las paritarias se retrasan y corren desde atrás, los tarifazos y los precios van ganando la carrera.
Los pasajes de trenes y colectivos volvieron a aumentar ayer entre 7 y 13 %, según el servicio y el tramo. Se trata del tercer aumento en las tarifas de transporte en el año, y acumula un incremento de entre 60 % y 69 %.
A los aumentos de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, junto con los incrementos de la medicina prepaga, se suman los de las naftas y el gasoil. A partir de hoy, en todo el país las naftas se incrementarán un 5 %. Pero eso no es todo, en julio volverán a crecer otro 3 %.
Con estas subas se rompe el acuerdo que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó junto a las máximas autoridades de YPF, Shell y Axion el 8 de mayo pasado para frenar los incrementos en los combustibles por dos meses. El ex CEO de Shell hoy al frente de la cartera de Energía vuelve a favorecer así a las petroleras, en una medida que tiene un rápido efecto sobre el conjunto de precios de la economía.
No al pago de la deuda, enfrentemos el ajuste
Como adelantamos al comienzo de la nota, esta semana estuvo plagada de medidas y anuncios del gobierno que confirman el sentido de la flecha del ajuste que recarga. Son los amplios sectores de trabajadores sobre quienes recaen los efectos de este ajuste puesto en marcha para impresionar al Fondo Monetario Internacional.
Con el veto presidencial confirmaron la gran estafa de las empresas energéticas, con la complicidad del ministro de Energía, que se enriquecen a costa de un servicio que es esencial y no debería producir ganancias.
El plan de ataque a los trabajadores estatales es otro guiño al FMI. Con salarios de miseria, con despidos específicos como los que llegaron esta semana al Hospital Posadas y a Vialidad Nacional y la no renovación de las Asistencias técnicas anunciadas ayer, buscan disminuir la planta estatal. Una receta clásica del fondo, ya lo vimos durante la crisis de deuda en Grecia donde la reducción de empleados públicos fue de 350.000 despidos, una reducción del 37%.
Pero también, las medidas anunciadas ayer proponen atacar directamente el salario de los estatales, recortando una serie de bonificaciones en los sueldos que compensan parcialmente los bajos salarios producto de la precarización perpetrada por el propio Estado. Los trabajadores del sector público nacional se enfrentan ante un enorme desafío de poner un freno a los intentos del gobierno de avanzar sobre sus condiciones laborales como muestra de "austeridad".
La lucha de los trabajadores del subte se ha transformado en un conflicto testigo de rechazo a las paritarias a la baja y al ajuste, mientras los empresarios amigos del gobierno, como Metrovías y el grupo Roggio, se embolsan grandes ganancias a costa del tarifazo sobre los usuarias. La respuesta del gobierno no sólo fue una represión ilegal que intenta cuestionar un derecho elemental a huelga, sino también sanciones, persecusiones, represión, y desde este martes el intento de despedir a tres representantes gremiales con fueros. Más que nunca, rodear de solidaridad la lucha del subte es una necesidad de todos los trabajadores.
No es cierto que el Estado no tiene fondos. En dos años de gobierno el Macrismo destinó más de 128 mil millones de dólares al pago de deuda pública, entre capital e intereses, de la cual una parte importante corresponde a deuda externa. El kirchnerismo ya había legitimado ese accionar y validado la deuda ilegítima e ilegal al pagar con 216 mil millones de dólares contantes y sonantes a los organismos de crédito y a los bonistas acreedores.
El "retorno a los mercados" internacionales de crédito y el espiral de endeudamiento en el cual se encaminó el kirchnerismo y profundizó el gobierno de Macri no tiene ninguna vinculación con la atención de las necesidades de las grandes mayorías sociales. Los únicos beneficiados han sido la banca internacional y los especuladores de la "bicicleta financiera", la burguesía extranjera e imperialista, los grupos económicos locales y los agroexportadores.
Frente a la perspectiva de un nuevo saqueo al pueblo trabajador, se necesita unificar las luchas de todos los sectores contra el ajuste, los tarifazos, el acuerdo con el FMI y el pago de la deuda, preparando una gran huelga general activa para derrotar los planes del gobierno y el FMI.
Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.