La Directa hace público un reportaje sobre el espionaje del Govern de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra dirigido a diferentes organizaciones independentistas y sociales. Denunciamos este escándalo y la utilización de métodos de la Brigada Político Social contra la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Miércoles 28 de octubre de 2020
Foto: Complejo Central Egara, sede de los Mossos d’Esquadra
El medio de comunicación alternativo La Directa ha publicado este martes un reportaje donde se pone luz a todo un caso de espionaje y suplantación de direcciones de diferentes organizaciones de la izquierda independentista por parte de dos IPs que pertenecen a los Mossos d’Esquadra y el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI).
En el mismo reportaje se informa que durante los últimos meses organizaciones independentistas como Arran, Endavant, La Forja o la CUP han sido parte de esta persecución y criminalización, además de colectivos sociales como el Sindicat de Llogateres o el ateneu La Base a través de sus direcciones electrónicas. "En total, se han enviado más de unos sesenta correos falsos para captar información", destapa La Directa.
El caso de espionaje digital al movimiento independentista llega a niveles muy graves puesto que, incluso, se ha suplantado la identidad de una de las portavoces de la organización La Forja, y en este sentido, la organización Alerta Solidaria ha iniciado una querella criminal. "Alguien se hizo pasar por ella", denuncian desde la organización antirrepresiva de la Izquierda Independentista, enviando un correo electrónico a otra organización social.
En el reportaje de La Directa también se explica cómo desde una de las organizaciones independentistas se pudo llegar a descubrir las IPs digitales del Complejo Central Egara de los Mossos d’Esquadra, nada más y nada menos que el centro neurálgico desde donde salen todas las órdenes centralizadas del cuerpo de policía de la Generalitat de Catalunya.
Sin duda, esta persecución y espionaje deja en claro que el Gobierno de la Generalitat utilizará también todos los métodos a su disposición para mantener controlado el movimiento independentista y por el derecho a decidir dentro de los márgenes constitucionales, y mucho más en un momento en que los partidos del processisme como ERC y JxCat han demostrado reiteradamente su intención de una vuelta al autonomismo pactado con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
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En este sentido, las más de 70 causas judiciales abiertas contra activistas sociales que salieron a luchar durante las protestas por la sentencia y en las que el mismo Govern de la Generalitat es parte acusatoria, son otro ejemplo flagrante.
Para este propósito el Govern de la Generalitat no duda en utilizar también los mismos métodos del deep state y sus aparatos represivos. Los mismos que denunciaban meses atrás cuando se hizo público que el presidente del Parlament de Catalunya Roger Torrent, entre otros, habían sido espiados a través de sus dispositivos móviles.
Y es que, en realidad, para los intereses de los partidos de la burguesía catalana no hay mejor cobijo que bajo el ala del Régimen monárquico parlamentario del Estado español, el mismo Régimen y sus cloacas de los que han sido parte durante décadas.
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Frente este nuevo ataque contra el movimiento independentista se hace necesario impulsar una depuración de las responsabilidades bajo una investigación independiente, el desmantelamiento de todos los aparatos represivos y de espionaje, ya sea del Estado central o del Govern de la Generalitat, la absolución de todas y todos los encausados y poner fin a la persecución y criminalización del movimiento independentista y de las organizaciones sociales y de izquierdas.
En su momento la CUP denunció al Gobierno del Estado español como responsable del espionaje a los líderes soberanistas. Ante el caso de suplantación digital y espionaje dirigido a las organizaciones independentistas por parte de los Mossos d’Esquadra, la formación cupaire y la izquierda independentista tiene la obligación de denunciar este último caso de persecución y señalar como culpables a los partidos de la burguesía catalana. La izquierda independentista tiene que romper urgentemente con la "unidad estratégica" con estos partidos.
Frente a los métodos represivos para desactivar y criminalizar el movimiento independentista, la CUP se encuentra antela disyuntiva de seguir con la propuesta de unidad estratégica con los representantes de la burguesía catalana o plantear una alternativa de lucha por el derecho a la autodeterminación bajo la perspectiva de la independencia clase.
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No se puede revertir una deriva autoritaria de la mano de los mismos que hacen todo lo posible para neutralizar las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir del pueblo catalán.
