Luego del rechazo de los tres principales grupos de acreedores a la oferta de canje, el presidente sostuvo que "es muy difícil hacer una oferta mejor". Se tensan las negociaciones, aunque las puertas del dialogo para alcanzar un acuerdo con los especuladores siguen abiertas.
Lunes 20 de julio de 2020 19:31
Este lunes los tres principales grupos de acreedores que se encuentran en el proceso de renegociación de la deuda emitida bajo legislación extranjera, dieron a conocer su rechazo.
La respuesta oficial llego por la tarde del lunes, pero no fue el ministro de Economía, Martín Guzmán el encargado de comunicarla. Fue directamente Alberto Fernández quien en un programa de la TV pública sostuvo que "es imposible" que se puedan "mover de la última oferta" oficial.
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"Es muy difícil hacer una oferta mejor. Hacer una oferta mejor ya empieza a poner en riego el mañana y la verdad que lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tenga que seguir discutiendo con los acreedores", dijo Fernández.
Negociando con buitres
La pronta respuesta del mandatario sobre la oferta podría tomarse como un intento por marcar “límites” a las exigencias de los acreedores, como Blackrock.
Fiel a su estilo dialoguista, el presidente sostuvo que quiere encontrar una solución y por ese motivo –a pesar del rechazo y la contrapropuesta- seguirán en conversaciones. Aunque señaló que luego del “esfuerzo” realizado en la última oferta: "Lo que no queremos es que nosotros hagamos una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina".
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"Cuando nosotros decimos que la deuda sea sostenible, significa que se pueda pagar en el tiempo y no a costa de los sectores más vulnerables, que ya hicieron un gran esfuerzo y que ya no pueden hacer más esfuerzos", remarcó.
Traducido, las “mejoras” que el Gobierno cedió a los especuladores en la última oferta sumarían hasta 15.000 millones de dólares, respecto a la primera. Alberto Fernández sostiene que el límite es una oferta que no perjudique a los sectores vulnerables, pero la realidad marca otras prioridades. Mientras se anunció el fin de la IFE luego del tercer pago, con el dinero entregado a los acreedores se podrían costear 10 millones de IFE de $30.000 durante 5 meses.
Respecto a la sostenibilidad de los pagos en el tiempo, aunque suene algo abstracto y lejano, es bien concreto, y cercano. Los pagos de la deuda comenzarían en 2021, aún con una economía que se encamina a una crisis sin precedentes, atada a los vaivenes de la pandemia que sigue en curso. Las promesas de pago obligan a preguntarnos ¿de dónde van a salir esos dólares? Además, luego de la renegociación con los bonistas viene el turno del FMI.
Pagar la deuda odiosa implica una pérdida de recursos millonarios que podrían utilizarse priorizando las necesidades sociales. Patear vencimientos hacia adelante y promesas de ajuste y reformas, sólo empeoran la crítica situación social. El no pago soberano es una medida necesaria para poner fin al saqueo de la deuda externa.