Asamblea Legislativa. Alberto Fernández y la violencia de género: mucho ruido, pocas nueces

Entre otras cosas, destacó que a diferencia de la gestión anterior, que con la aprobación de todo el Congreso (de oficialistas y opositores del peronismo) destinó en 2019 la suma de 11 pesos con 50 centavos por mujer, esta vez se ejecutaron (aunque no especificó cómo ni para qué) “un presupuesto trece veces mayor para la perspectiva de género”, es decir, 149 pesos con 50 centavos por mujer en el año de la pandemia. Una miseria y, más aún, si se la compara con los millones que se destinaron a equipar a las fuerzas represivas o a pagar la fraudulenta deuda externa.

Dos fueron, centralmente, los puntos a los que se refirió el presidente que en 2020 dijo que “llegamos para ser mujeres” y luego, tras la sanción de la interrupción legal del embarazo, afirmó haber terminado con el patriarcado:

La violencia de género, ¿“política de Estado?”

Fernández también se refirió unos segundos a “la violencia de género”, destacó que se aplicó la Ley Micaela y el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género anunciado para 2020-2021, aunque no dio ninguna precisión. Además, anunció que se crearán catorce refugios nacionales, algo así como medio por provincia.

Una vergüenza. Mientras puso el foco en la necesidad de reformar al Poder Judicial que “no ve” la magnitud del problema, lo que volvía a quedar claro es que la “política de Estado” de la que habla Fernandez es siempre tardía y escasa. Según los relevamientos de distintas ONG’s, en lo que va del 2021 ya se registraron más de 50 femicidios: más crímenes de mujeres a manos del machismo que días van del año.

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Y mientras el presidente destaca el “importantísimo” rol de las fuerzas de seguridad para “combatir el delito”, las estadísticas muestran que uno de cada cinco femicidios es cometido por un agente de esas fuerzas, con un arma de fuego reglamentaria y luego, con encubrimiento e impunidad, de la justicia, pero también de sus pares y por supuesto de los gobiernos de turno, como se vio tras el femicidio de Ursula Baillho en la provincia de Buenos Aires.

La ausencia de refugios, de planes para el acceso a las viviendas y el empleo, de licencias pagas para todas las víctimas y sus familias, de subsidios que garanticen el ingreso igual al costo de la canasta familiar, de acompañamiento de equipos interdisciplinarios; la elección de los jueces y los juicios por jurados; el desmantelamiento de las fuerzas represivas y el cese de la impunidad; son medidas que ya mismo se deberían estar implementando como parte de una Plan nacional de emergencia contra la violencia de Género, tal como proponen los diputados y diputadas del Frente de Izquierda. Por el contrario, mientras se siguen creando secretarías, la condena recae sobre todas las mujeres y disidencias y, en particular, sobre las que menos recursos tienen: las más jóvenes y pobres. Por eso este 8 de marzo salimos a la calle.

Derecho al Aborto

Olvidando al enorme movimiento callejero que lo impuso con su lucha, Fernández destacó también que en 2020 “cumplió con su palabra” por la legalización del aborto, y apuntó que el plan de los Mil días, del que no hay novedades oficiales respecto a su aplicación, cambió materialemente la vida de las mujeres.

Por los cambios que el texto le impuso a la propuesta original, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se multiplican por estos días las denuncias sobre la presión de sectores antiderechos en los hospitales provinciales para impedir que la normativa se aplique; volvieron a proliferar fallos como el que permite al ginecólogo Rodríguez Lastra volver a ejercer tras impedir una ILE; y más de 1500 mujeres que se sabe que siguen presas por causas relativas a abortos no punibles, que ya deberían estar en libertad, todavía siguen tras las rejas. Los hechos son bastante menos alegres que las palabras del Jefe del Poder Ejecutivo y los anuncios pomposos de las ministras de Género.

Que se garantice el acceso al derecho al aborto en todos los centros de salud, que se libere de inmediato a todas las personas injustamente condenadas, que se garantice el acceso gratuito a la anticoncepción y se termine con la injerencia religiosa en los contenidos educativos, son demandas básicas que instaló con su lucha el movimiento de mujeres. ¿Qué más hace falta para que sea “política de Estado”, como dijo el presidente?

Mientras se siguen creando secretarías, mientras se anuncian programas cuyos planes, acciones y resultados se desconocen, la condena de la violencia machista recae sobre todas las mujeres y disidencias pero, en particular, sobre las que menos recursos tienen: las más jóvenes y pobres; las trabajadoras de la salud, de la docencia, las jóvenes precarias, las trabajadoras de casas particulares, las obreras que de tan "esenciales" que son para el sistema recargan sobre sus hombros, todos los días, una doble o hasta triple jornada laboral, para llegar a fin de mes.

Por eso este 8 de marzo salimos a la calle. Y por eso, lo hacemos con ellas, exigiendo las medidas elementales para dar respuesta a este flagelo, reclamando a los centros de estudiantes y conducciones sindicales que se pongan a la cabeza de organizar una acción masiva y contundente y levantando bien en alto la pelea por un gran movimiento de lucha, organizado y en las calles, para arrancar todos y cada uno de los derechos que nos niegan.