A un año de la movilización nacional de profesores, la edil de Renca lanza un ataque contra la organización docente, luego de sostener un litigio por la reincorporación de los 33 profesores despedidos arbitrariamente.
Viernes 3 de junio de 2016
Conocido es en la escena pública los múltiples atropellos que ha cometido el Municipio de Renca, liderado por la Alcaldesa Vicky Barahona (UDI), durante el último tiempo en contra de cualquier tipo de organización que abogue por mejoras en las condiciones laborales o visibilice las innumerables irregularidades legales y económicas en las cuales tiene sumida a la comuna, la edil y su equipo.
Un claro ejemplo de ello fue el despido de 33 docentes por haber adherido a una paralización nacional de forma arbitraria y discriminatoria, en julio del 2015; la desvinculación de cinco funcionarios de la salud, en febrero del 2016; y la negación de reintegrar a José Miguel Guerrero a sus funciones como director del Instituto Cumbre de Cóndores Oriente, por mandato de la Corte Suprema tras confirmar la violación de sus derechos fundamentales. Ahora último, se suma la notificación de desalojo al Comunal del Colegio de Profesores de Renca.
Si bien es cierto que la adjudicación del espacio fue ganado mediante la toma de una dependencia municipal, tras largas jornadas de debate logró materializarse la firma de un contrato de comodato el año 1996, donde se dejó en claro que el Municipio podría poner fin al contrato y disponer del lugar en cualquier momento. Sin embargo, los años pasaron y no fue hasta el despido de los 33 profesores de la comuna, entre los que se encontraba la presidenta, Susana Lillo; Otilia Pérez, secretaria; Eduardo Vargas, tesorero; y Luis Eduardo San Martín, director del comunal, que el miedo a la pérdida de dicho espacio destinado a la organización gremial se hizo presente.
Como Colegio de Profesores de Renca declaramos reconocer la legalidad de la notificación de desalojo, pues se encuentra enmarcada en los acuerdos del contrato que sostenemos con el propietario del recinto, en este caso la Municipalidad de Renca. Mas no podemos desconocer este gesto como un acto político, que busca desarticular cualquier tipo de organización gremial o comunal; a la vez lamentamos informar a los propietarios, que el Colegio de Profesores es mucho más que una oficina, lo conforma la comunidad que hemos logrado formar con todos aquellos que adhieren a la lucha de clase, reivindicación social y gremial. Nos quitan la oficina, pero aún nos queda nuestra voz y unión para luchar. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!
Por Natalia Ramírez Méndez.
