En plena víspera de esta Navidad los 23 trabajadores del subte despedidos durante la última huelga y luego reintegrados, recibieron telegramas informando su desvinculación del subte. Se suman así a los 10 trabajadores que se encontraban en la misma situación.
Marília Rocha San Pablo
Miércoles 31 de diciembre de 2014
Son en total 38 trabajadores que pasarán el fin de año en completa incerteza sobre su situación laboral hasta el reinicio de las audiencias a realizarse a fines de enero, que determinarán la validez de los despidos. Este “regalo de Navidad” no solo fue aceptado por la dirección del subte sino que su principal colaborador fue el gobernador tucano Geraldo Alckmin quien manda en la justicia paulista, de modo que las decisiones allí tomadas estén de acuerdo con su política de gobierno. Alckmin lidera jueces y magistrados siempre alineados con patrones y empresarios. Aprobar medidas como esta tiene como principal objetivo revocar el derecho constitucional de huelga de los trabajadores y su derecho a luchar por sus reivindicaciones y las de los usuarios.
Los 42 trabajadores del subte fueron despedidos en junio de este año como parte de una política del gobierno del Partido de la Socialdemocracia Brasilero (PSDB) en el estado de San Pablo, junto al PT en el gobierno nacional, para impedir la continuidad de la huelga y no poner en riesgo las inversiones de la Copa Mundial en Brasil.
Desde el fin de la huelga, y la efectivización de los 42 despidos, la mayoría de la dirección del sindicato del subte optó por el camino legalista para defender a los despedidos, sin vincular la defensa jurídica a una campaña política por su readmisión a través de un verdadero plan de lucha construido desde las bases, donde la movilización fuera el centro de la batalla por la vuelta al trabajo de los despedidos. Esta confianza en que actuando exclusivamente en el terreno judicial es posible la readmisión de los despedidos desconoce el carácter de clase de la justicia del estado.
No es la primera vez que Alckmin y el PSDB utilizan el poder judicial paulista como herramienta legal de su política. A inicio de 2012 el presidente del Tribunal de Justicia de San Pablo expidió la reintegración de pose de los terrenos ocupados del barrio Pinheirinho, en San José dos Campos (SP), donde miles de familias fueron echadas a la fuerza, con bombas y balas de goma por la Policía Militar. Además, desde hace seis años, los sucesivos gobiernos tucanos mantienen el despido político de Claudionor Brandão, dirigente del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de San Pablo, como parte de su política de destrucción de la universidad pública.
Desde la agrupación “Trabajadores del subte desde las bases”, iniciamos una campaña en las redes sociales de solidaridad obrera desde los lugares de trabajo. Es necesario que comencemos el año preparando un verdadero plan de lucha, buscando el apoyo de otros sectores, estudiantes, intelectuales y usuarios.
Por una campaña nacional por la readmisión de los despedidos
Muchos trabajadores piensan que no tenemos fuerza suficiente para derrotar al gobierno de Alckmin. El principal factor que lleva a eso es la política de colaboración de las principales centrales sindicales como la CTB y la CUT. Conlutas, la Intersindical y Unidos para Luchar, que son parte del sindicato del subte deben exigir inmediatamente que esas centrales rompan con su política de colaboración y pongan toda su fuerza al servicio de la defensa de los trabajadores. Es más que urgente poner en pie una gran campaña nacional organizada por todas las centrales sindicales y organizaciones populares, que tenga como primera tarea la preparación de actos y protestas los días de cada audiencia de los grupos de despedidos que comenzarán en enero, como parte del plan de lucha para derrotar al gobierno de Alckmin y lograr la reincorporación de los despedidos.
