Este viernes se notificó mediante el Diario Oficial el “Protocolos para el mantenimiento del orden público: Actualiza protocolo 2.8 sobre empleo de escopeta antidisturbios”. El cual entregará facultades para que Carabineros de Chile ocupe armamento “no letal” en manifestaciones.
Sábado 18 de julio de 2020
El protocolo publicado en el Diario Oficial señala que estas armas solo se ocuparan de forma defensiva “sobre todo para aquellos casos en que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles, especialmente si ésas se efectúan con armas de fuego”. Sin embargo, este protocolo no borra las violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros y militares en plena revuelta popular ya que son parte de la memoria viva de miles de jóvenes que fueron detenidos, torturados, violados e incluso mutilados desde el 18 de octubre.
Porque, a pesar de que hoy “las policías renovadas” quieran mostrar un protocolo más “amigable” para las manifestaciones, no se puede olvidar que siguen en la impunidad las violaciones de los derechos humanos luego del estallido social, pues de 1.962 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra agentes del Estado, solo una está acogida contra un uniformado.
Dentro del protocolo también menciona que el uniformado que use la escopeta “deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”. Sin embargo, es una ilusión que la represión se puede "regular" y que esta regulación será bajo el criterio de una institución que dejó a más de 400 personas con daños oculares a causa de estas escopetas “antidisturbios”.
Es utópico pensar en la renovación y/o democratización de la policía como salida, ya que su tarea como institución es precisamente defender los intereses de los poderosos. Luego de la revuelta quedó más que claro que Carabineros y militares son el brazo armado del estado y que son los que han violado los Derechos Humanos de forma reiterada en distintos episodios de la historia, tanto en dictadura como en democracia. Es necesario que lucha por la disolución de las fuerzas armadas sea parte de las tareas de las organizaciones y militantes revolucionaries, que están en contra del estado capitalista y de las reivindicaciones de los movimientos sociales.

Cristóbal Espinoza
Estudiante de Periodismo