El Ministerio Público (fiscalía) consideró que era una medida desproporcional a lo que se les imputa (desórdenes públicos). Desde la Corte de Apelaciones revocaron su libertad y enviaron a prisión a 28 adultos y 16 menores al SENAME.
Sábado 14 de marzo de 2020
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar del Juzgado de Garantía a 44 manifestantes que desde el pasado 3 de Marzo habían quedado con firma semanal, lo que molestó al gobierno. Según carabineros, fueron identificados como parte de la primera línea. De ellos, 28 adultos quedarían en prisión preventiva y los 16 menores entrarían al SENAME.
Las medidas se basan en la “alteración de la tranquilidad y seguridad de la población” en el marco de la aplicación de la Ley Antibarricadas. Desde el gobierno celebraron la medida, lo que, por otro lado, generó rechazo en redes sociales que denuncian el sesgo político e ideológico con el que actuaron las juezas Elsa Barrientos e Inelie Durán (en contra votó Miguel Vázquez, quien expresó que “debe existir la debida correspondencia entre los hechos materiales de la formalización y la intensidad de las medidas cautelares aplicadas”, además señalando que aún no hay datos adicionales a desórdenes públicos recogidos en la formalización, “por lo cual estima excesiva la medida más intensa, y para la suficiencia de los hechos que forman parte de los delitos de desórdenes públicos, las propuestas estima que son adecuadas para garantizar los resguardos a que las cautelares apuntan”.
La prisión preventiva no corresponde a una sanción, sino a una medida para asegurar el proceso a la víctima, la cual, para aplicarse, necesita de una serie de requisitos (intento de eludir la justicia y obstrucción de la investigación).
De este modo, no se cumplen los estándares internacionales de los Derechos Humanos. La legislación chilena ha sido cuestionada, en tanto que no establece una duración máxima para este tipo de medida cautelar, que en la mayoría de los países latinoamericanos no supera los 12 meses.
Fuerte contraste con la impunidad a violadores de Derechos Humanos
Este caso contrasta con la impunidad que goza Carabineros, que incluso en los casos en donde son imputados por homicidio frustrado, como el caso de Humberto Tapia que le disparó en la espalda a adolescente de 16 años y que poseía antecedentes de apremios ilegítimos disparando anteriormente a estudiantes del Liceo 7, queda en libertad.
Así también contrasta con las declaraciones de Rozas que en una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados señaló que los responsables de dejar ciegos a Gustavo Gatica y Fabiola Campillai continúan en sus funciones represivas.
