Chihuahua. Alerta de violencia de género: falacia en combate a violencia contra las mujeres

En el marco del aumento de la violencia que azota brutalmente a la clase trabajadora en Chihuahua, el gobernador del Estado, Javier Corral, celebró que el pasado 17 de agosto del presente año se emitiera la Alerta de Violencia de Género (AVG) en seis municipios de la entidad, una forma cínica de “dejar precedente” de que este gobierno estatal, que ya está por dejar la administración, si “atendió” las problemáticas que aquejan a las mujeres.

El partido en turno en la gubernatura de Chihuahua, el PAN —que continuará en el periodo siguiente con Maru Campos a la cabeza— es reconocido a nivel nacional por ser un partido de la derecha conservadora, antiderechos de las mujeres y de la comunidad sexodiversa.

El falso combate al narco en el país iniciado bajo el mandato de Felipe Calderón con respaldo de su partido el PAN, dejó cientos de mujeres asesinadas y desaparecidas con familias deshechas por la ausencia de sus seres queridos; esto se expresó de forma más cruda en algunas ciudades estratégicas como Juárez. En este contexto el tráfico de mujeres a través de la frontera con Estados Unidos se profundizó y las redes de trata se fortalecieron dejando jugosas ganancias al crimen organizado y a políticos y empresarios inmiscuidos en el lucro con los cuerpos de las mujeres y de los migrantes.

Con más de veinte años de violencia feminicida a cuestas en el estado de Chihuahua y con la desaparición forzada de mujeres a la orden del día, además de la profunda precarización laboral que hay en el país, resulta irónico que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, emita declaraciones festivas diciendo que la declaración de la AVG en un paso muy importante para México en el sentido de “reconocer la existencia y la gravedad del problema de violencia”, cuando son las mismas instituciones que son omisas o ponen trabas para la obtención de justicia para las mujeres.

Resulta aún más cínico que la AVG, que ha sido el sello del “combate a la violencia hacia las mujeres”, se aplique hasta ahora en dichos municipios, cuando Ciudad Juárez ha sido un triste emblema, incluso a nivel internacional, de la violencia feminicida. Esto demuestra aún más la formalidad de la implementación de la AVG en Chihuahua, y deja claro que, en más de 20 años, la vida de las mujeres y niñas les fue completamente indiferente.

Algunos de los estados que se encuentran con la Alerta de Violencia de Género activa son: Chiapas, Guerrero, Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, entre los más recientes se encuentran Baja California y Chihuahua.

Sin embargo, en dichos estados, las manifestaciones de las mujeres han denunciado que la violencia no solo no ha disminuido, sino que ha ido en aumento. Durante la pandemia aumentaron exponencialmente las llamadas de auxilio por violencia doméstica, los asesinatos de mujeres se siguen perpetrando, además de aumentar la precarización de la vida que cada día es más cara; en este contexto la AVG no solo resulta insuficiente, sino que es impotente para terminar de tajo con la opresión que desde el maridaje capitalismo-patriarcado se nos imponen las mujeres.

Según las autoridades, la alerta es “un mecanismo de protección de los derechos humanos dirigido a detener la violencia contra las mujeres”, pero lo que hacen estas recomendaciones es centrarse en reforzar a las fuerzas represivas del Estado que bien se sabe tienen vínculos con la delincuencia organizada y las redes de trata.

Así, veladamente se fortalece un escalón más para cometer abusos contra lxs explotadxs y oprimidxs. Así, mientras la militarización se profundiza y la Guardia Nacional asume tareas policiacas constitucionalizadas por la 4T, la violencia hacia las mujeres tiene nuevas modalidades mediante el contubernio más sofisticado de policías, militares y criminales, donde la impunidad sigue perpetrándose desde las instituciones.

Hoy en día, los militares desempeñan el papel de Border Patrol en las fronteras, impidiendo el paso a los migrantes, y entre ellos muchas mujeres que viajan con sus hijos e hijas, buscando cruzar al otro lado en búsqueda de mejores oportunidades.

La AVG refuerza a organismos que se han mostrado inútiles durante lustros para parar el feminicidio, como la Fiscalía Especializada en Delitos por razón de género. Veamos el ridículo ejemplo de la Policía Municipal, que con patrullas pintadas de morado y con la repartición de silbatos entre mujeres de colonias periféricas (para pedir ayuda si se encuentran en peligro), implementan medidas formales ante la situación de violencia.

No es por “pereza institucional” que las autoridades no responden al llamado de las mujeres como nos dice el funcionario Encinas. Años de impunidad nos demuestran que son parte del problema, que estructuralmente cumplen una función represiva contra nosotras porque quieren tener a las mujeres bajo el yugo de la justicia burguesa para favorecer a una clase dominante que nos ve como una fuerza potente que amenaza sus mezquinos intereses y a la que hay que reprimir y aleccionar de manera preventiva.

Estos mecanismos son implementados bajo la complicidad de las Organizaciones de la sociedad civil (anteriormente Organizaciones No Gubernamentales) que junto a instituciones como el Instituto Municipal de las Mujeres, implementan campañas contra el acoso callejero que presentan como un éxito y firman convenios con empresas de la industria maquiladora para prevenirlo.

Sus acciones se mueven por las ramas evadiendo el problema de la violencia estructural del sistema capitalista al que en última instancia terminan flanqueando; medidas que terminan siendo nimias mientras en las líneas de producción las obreras viven cotidianamente la explotación y el acoso laboral y sexual por parte de sus superiores, no en la calle sino en sus centros de trabajo.

Se somete a las mujeres a extenuantes jornadas laborales y a la desestabilización mental por vivir estas situaciones, mujeres que llevan décadas regresando de sus jornadas laborales siendo presas fáciles del gran negocio de los tráficos ilegales tolerados y auspiciados por las mismas autoridades.

Es imperdonable que el gobernador de Chihuahua diga que esta alerta de género obliga a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes del estado a cumplir con las recomendaciones, pues él ha sido reconocido por su nulo trabajo y aumento de impunidad durante su administración y porque mientras jugaba golf, se perpetraba de manera artera el asesinato de la periodista Miroslava Breach.

Tampoco olvidamos que durante su administración sucedió el cobarde asesinato de la activista Isabel Cabanillas, que luchaba por los derechos de las mujeres, asesinato que fue perpetrado en el “corredor seguro para las mujeres” otra de sus políticas fallidas.

Ante la terrible situación de violencia se hace urgente un plan integral contra la violencia hacia las mujeres, que no refuerce las medidas de seguridad, sino que cambie las condiciones estructurales de las mujeres, para que estas dejen de ser un sector vulnerable. Un plan que contemple medidas como, refugios transitorios dignos para víctimas de violencia, acompañamiento multidisciplinario a las víctimas, o licencias laborales pagadas por violencia de género, transporte gratuito y seguro, desde las maquilas hasta las casas, para que las mujeres no arriesguen sus vidas en los traslados a su trabajo.

Esto sumado a recomponer las condiciones estructurales que viven las mujeres, empezando por salarios dignos para las mujeres, créditos baratos y accesibles, así como guarderías gratuitas, a comedores comunitarios, a lavanderías gratuitas financiadas por el Estado; esas serían medidas mínimas para ir conquistando la dependencia económica de las mujeres, que en muchos casos es la razón principal para continuar en una situación de violencia.

Queda claro que el combate a la violencia no vendrá desde arriba, ni con alerta, un silbato o patrulla pintada de morado. Esas medidas impotentes nos muestran que, para frenar el feminicidio, la desaparición de mujeres y las redes de trata, el camino no es aliarse con los partidos del régimen y con las instituciones, por prácticas burlescas e impunes que realizan contra nosotras.

Para arrancarle esto al Estado es necesario un potente movimiento de mujeres con independencia organizativa y política, y que construya alianzas con el conjunto de sectores explotados y oprimidos, que no deposite su confianza en las instituciones, pero sí en todas las mujeres trabajadoras, maestras, enfermeras, obreras, jóvenes para luchar políticamente en las calles por nuestros derechos. Se hace necesaria la organización política de las mujeres en los centros de trabajos, escuelas y colonias, para mostrarnos como esas mujeres valientes que quieren cambiarlo todo y no como las víctimas impotentes que el Estado quiere que seamos.

Dicha lucha, desde nuestra perspectiva, debe estar vinculada a mostrar que la violencia que vivimos está precisamente condicionada por este sistema, de ahí que, para nosotras, conquistar estas condiciones para las mujeres, deben estar ligadas a una lucha por acabar de raíz con el sistema capitalista y patriarcal, con una perspectiva revolucionaria y socialista.