Los partidos del Pacto por México siguen operando para garantizar a las trasnacionales la aplicación de las reformas estructurales.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Jueves 31 de marzo de 2016
Lo hicieron de nuevo: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –con sus socios Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– reavivaron la alianza partidaria para atacar los derechos democráticos. Por su parte, el Movimiento Ciudadano se abstuvo y el Morena votó en contra.
Ahora, los partidos del Pacto por México dieron el aval para que el presidente, previa (y expedita) consulta con sus socios del congreso y con la Corte Suprema, pueda decretar el estado de excepción "en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro" y dejar en suspenso el derecho a la asociación, a la circulación y a la libertad de expresión, entre otros.
Entre las “perturbaciones” que justifiquen la suspensión de garantías democráticas incluyen “crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público”, así como desastres naturales e… invasiones sin autorización. ¿Y si están autorizadas por el presidente sí pueden pasar, las tropas, digamos, de las fuerzas armadas estadounidenses?
Al respecto, el artículo 3 del dictamen aprobado en la Comisión detalla que se entenderá por invasión cuando exista: “La entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro Estado, a cualquier parte del territorio nacional”.
Este dictamen será estudiado en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de diputados, y si ahí votan a favor, pasará al pleno para su discusión general. Se espera que sea antes de que finalice el actual periodo de sesiones en abril.
Los juristas y la prensa dicen que el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución tiene varias imprecisiones, que no están explicitados claramente “los criterios para definir las circunstancias en las cuales resultaría admisible la suspensión de garantías”. ¿Pero qué hay detrás?
La suspensión de derechos como garantía para las trasnacionales
Para garantizar la aplicación a rajatabla de la reforma energética, de la reforma educativa, están blindando la legalidad de los ricos, los poderosos y las trasnacionales.
Para silenciar al magisterio que resiste la imposición de la reforma educativa –creada a medida del Banco Mundial y los organismos internacionales-. Que resisten los despidos a maestros que no se presentaron a la evaluación punitiva. Que resisten en escuelas que se caen a pedazos, en las que falta de todo, donde las y los maestros tratan, a pesar de todo, de enseñar a leer, a escribir, a sumar. Que sufren al ver a sus niñas y niños golpeados por el hambre y la violencia.
Para sofocar cualquier intento de resistencia de las decenas de miles de petroleros –y sus familias–, despedidos de Pemex y de las contratistas, arrojados a la calle para entregar las refinerías y las plataformas de extracción al capital privado.
Para ahogar la indignación de cientos de familias que arden de coraje por la desaparición forzada de hijas e hijos, esposos, hermanas y hermanos. O de quienes salen a reclamar justicia ante abusos sexuales como en Veracruz, o feminicidios, como en todo el territorio nacional.
Sin esta ley reglamentaria, bajo el manto de la narcoguerra y la acción tanto de las fuerzas represivas como de los cárteles del narcotráfico fueron asesinadas y desaparecidas cientos de miles de personas. Por supuesto que no hay cifras oficiales. Para el poder, las cifras se esconden como polvo debajo del tapete.
El PRI argumenta que es necesario estar preparados para situaciones como de las de los atentados en Bélgica, en París y en Pakistán. Pero en realidad se están preparando para cocinar mayores ataques a quienes salen a luchar.
En Francia, “durante tres meses, el ‘Estado de emergencia’ ha permitido más que nada, que se desarrolle una gigantesca operación racista de fichaje de musulmanes bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’”, como se explica acá. En el país galo, el “Estado de emergencia” que ahora quiere poder aplicar Peña Nieto a discreción, significó arrestos arbitrarios, arrestos domiciliarios y la violencia policial. ¿Qué nos espera en México, un país sembrado de fosas clandestinas?
En estado de crisis y emergencia constante viven las mujeres en todos los estados de la república, desde la frontera norte, pasando por las costas, la capital del país hasta la frontera sur. Entre fuego cruzado de cárteles del narco, del ejército y la marina viven sitiados los habitantes de Tamaulipas, por citar sólo un caso. Los que vivimos bajo la bota de la militarización orquestada por el imperialismo estadounidense y sus gerentes mexicanos somos los de abajo.
Si la ley de suspensión de garantías se aprueba, la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y los pueblos originarios estaremos en peores condiciones para luchar por nuestros derechos.
Desde la Plataforma Anticapitalista a la Constituyente de la Ciudad de México, mi compañera Sulem Estrada y yo, repudiamos esta nueva maniobra del régimen del PRI-PAN-PRD, responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aplicadores de las reformas estructurales que amenazan con despojarnos de nuestros derechos y conquistas.
Como declaramos hace pocos días, “se deben conjuntar las fuerzas de todos los movimientos sociales y sectores en lucha, de personalidades e intelectuales críticos, para frenar la ofensiva reaccionaria de Peña Nieto y el imperialismo estadounidense. Las y los trabajadores y sus organizaciones deben ponerse al frente de esta lucha.”
