Una de las decisiones más significativas es la salida de Alfredo Moreno del Ministerio de Desarrollo Social. El empresario y ex lider de la CPC, en algún momento llegó a perfilarse como presidenciable e intentó transformar en capital político el denominado "plan Araucanía". Pero su desplazamiento a Obras Públicas atestigua que la fórmula está más que agotada.
Sábado 15 de junio de 2019
La consulta indígena, finalmente, fue suspendida. El gobierno la publicitaba presentándola como "un mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas, ante todo es un derecho de los Pueblos Indígenas y un deber del Estado que proviene del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que surge cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente."
¿En qué afectaba directamente la "consulta indígena"? Para el longko Alberto Curamil la consulta "no es otra cosa que una nueva invasión, pero ahora del capital privado hacia la tierra que nos va quedando". El objetivo explícito del gobierno era modificar la Ley Indígena de 1993, brindándole carácter individual a los "títulos de merced". De esa manera, Piñera quería facilitar arrendamientos y otros mecanismos de enajenación de la tierra, acabando con las limitaciones legales existentes. De esa manera, las empresas forestales, y todo tipo de empresas capitalistas, iban a encontrar nuevas vías para presionar a los mapuche a que dejen sus tierras.
En la cuenta presidencial, el pasado 1 de junio, Piñera todavía hacía alarde de su política hacia los pueblos indígenas, anunciando la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, y abanderándose con la consulta "para perfeccionar Ley Indígena". Habló de un "reconocimiento constitucional de pueblos originarios sin debilitar la unidad de nuestra nación". Y no abandonó la retórica criminalizadora cuando señaló que su fin era también "combatir con todo el rigor la ley la violencia y el terrorismo".
Pero estos días, los signos del fracaso han sido estrepitosos. A todo el mundo le quedó claro que la "consulta indígena" no tenía absolutamente ninguna legitimidad entre los propios pueblos originarios. Expresiones de rechazo no faltaron, como en Victoria, donde una abogada del Ministerio de Desarrollo Social fue agredida, o en Carahue, donde funcionarios de gobierno tuvieron que huir por los techos según informó un medio local. El "acarreo" de conscriptos en Valdivia, para que voten como mapuche; o la quema de carpetas y documentos en Tirúa, pronunciamientos en contra de los Amcam, la Asociación de Alcaldes Mapuche, revelan la total falta de credibilidad de la instancia. La visita de 250 dirigentes mapuche al salón plenario del Congreso Nacional el pasado miércoles, donde hicieron un minuto de silencio por Camilo Catrillanca. Su padre, Marcelo, dijo que no han renunciado a ningún derecho territorial y que esa es la causa de las movilizaciones. Aunque la instancia haya sido gestionada por el DC Iván Flores, es un síntoma del fracaso de las líneas hasta ahora ensayadas por el gobierno. No sorprende que haya renunciado su principal asesor en estos temas, el director de Unidad Coordinación Asuntos Indígenas (UCAI), Andrés Cortés. Hasta ahora, en sus intentos de resolver el denominado "conflicto mapuche" el gobierno ha ido de fracaso en fracaso.
No puede ser de otro modo. Resolver las demandas territoriales implicaría confrontar los intereses de los grupos económicos que explotan la industria forestal y enfrentar la ocupación policial. El derecho a la autodeterminación no se ha logrado ni se logrará de la mano de la derecha ni de la ex Nueva Mayoría. Sólo a través de una lucha contra los capitalistas y con la unidad de mapuche y trabajadores, podremos terminar con esta expoliación de tierras y territorio.
