Con una mesa chica diezmada y dos vicepresidencias sin voto formal ¿Cómo traccionan sus roles los directores del Consejo? ¿Se replica el esquema de laberintos judiciales sobre las dirigencias? Radiografía de las máximas autoridades deportivas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Ezequiel Coria @desdeelpotrero
Sábado 25 de julio de 2020 15:04
Entre proyectos y protocolos que se debaten para el retorno de la Copa Libertadores, en un formato post pandemia, la estructura más íntima de poder de la Conmebol sigue entregando jugadas dignas de VAR. En esta línea, la coyuntura sanitaria prendió las alertas en el shock room venezolano por la supuesta detención (‘no oficial’ según los medios locales) de Jesús Miguel Berardinelli Lezama, a cargo testimonialmente de la 1º vicepresidencia, tras no superar el test de idoneidad.
El presidente interino de la FVF, con una condena pendiente de 2007 por “uso y aprovechamiento de actos falsos”, se encontraría en el ojo judicial de la Contraloría General de la República (CGR) por una presunta malversación de fondos. Un condimento más: trascendió que la FIFA podría sancionarlo dos años si se comprueba que modificó un documento en 2019 para forzar la salida del ex técnico de la selección, Rafael Dudamel.
Ahora bien, ¿qué geografía encontramos al escrutar la segunda línea jerárquica de dirigentes sudamericanos y directores en la organización? Comenzando el desglose de cada figura, Rogério Caboclo es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) con mandato vigente de 2019-2023. Un singular sillón que trocó dueños entre sucesiones forzadas. Ricardo Teixeira, yerno de João Havelange, estuvo 23 años y renunció sospechado de corrupción. José María Marín (2012-2014), ex gobernador de San Pablo, fue denunciado por su complicidad en crímenes de lesa humanidad y condenado a cuatro años de prisión por sobornos. Marco Polo del Nero (2014-2019), suspendido en diciembre de 2017 por el Comité de Ética de la FIFA tras ser acusado de recibir comisiones ilegales.
En este territorio, Rogério Langanke Caboclo desembarcó señalado como “pupilo” de este último. Entre sus pergaminos deportivos se detalla que manejó la Dirección de Relaciones Institucionales del Comité organizador de la Copa del Mundo de Brasil 2014, la Dirección Ejecutiva de Gestión de la CBF, la Dirección de la Federación Paulista de Fútbol (FPF) y la Dirección Financiera del San Pablo. Estos roles se conjugan con el de administrador de empresas y abogado financiero. En esta línea, conformó en varios mandatos la comisión de Derecho Deportivo en la Orden de Abogados del Brasil (OAB), único órgano habilitante de la profesión en el país y de notorio peso político, así como también el Consejo Nacional del Deporte.
Una curiosidad en su recorrido profesional: el presunto aumento en 15 veces de su patrimonio con inversiones en departamentos, casas y automóviles, según difundió en su momento el diario Folha: “En 2001, cuando asumió en la Federación Paulista de Fútbol, tenía cerca de R$ 570 mil reales, y 17 años después acumula R$ 8,6 millones”.
Por el lado de Chile, trascendió en mayo que el dirigente Sebastián Moreno había acordado su salida para el 1 de agosto, previo a las elecciones fijadas para el 30 de julio, en un marco de denuncias y un periplo judicial que arrastra hace casi 9 años.
El oriundo de Rancagua preside (hasta el momento) la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Formado en Derecho en la Universidad Gabriela Mistral, es un abogado consultor de empresas que se insertó en el mundo fútbol desde el club Cobresal, el cual presidió entre 2012 y 2015, para luego cumplir diversos roles en la federación trasandina hasta la actualidad.
Fue en 2016, cuando desarrollaba la función del secretario general de la ANFP, que se lo involucró en el denominado ‘Caso Facturas’, según detalló el diario La Tercera: viajes internacionales y nacionales del núcleo familiar de los dirigentes se cargaban a las cuentas federativas. En cuanto a Moreno, su esposa Francisca Araneda aparecía en un boleto de ida y vuelta de la empresa Giratur, entre Kazán y Moscú, en junio de 2017, por un monto de 729 mil pesos.
En cuanto a lo profesional, comenzó a ejercer en 2007 como abogado en la Gerencia Legal de la División El Salvador de Codelco, empresa estatal y “principal productora de cobre de mina del mundo”. Este lazo superó los ocho años. Sin embargo, entre 2011 y 2014, mantuvo una causa judicial por la presunta “estafa” de US$10,3 millones, durante el robo de 126 camiones con cobre para exportar, que la minera nacional le había comprado a su par “Escondida”.
¿De qué se acusaba al dirigente? Por “una investigación negligente y obstrucción a la justicia” como abogado de esta Corporación. Debido a esto, declaró ante una Comisión Investigadora creada por diputados, en un extenso proceso que derivó con la condena de 29 personas en 2016, y la salida de la firma del ex dirigente de Cobresal.
Durante este año, solicitó en febrero el sobreseimiento en la causa CODELCO, que fue rechazado. Las audiencias posteriores fueron suspendidas por la pandemia y la causa siguió su curso vía zoom con su declaración que se reprogramó para el 31 de agosto, cuando posiblemente ya haya colgado el traje de presidente de la ANFP.
Extendiendo la radiografía de poder de la Conmebol, el caso colombiano no escapa a la lógica de la lupa en el accionar dirigencial. Un dato concreto: la ejecución de sanciones económicas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - dependiente del gobierno nacional - en cabeza de su máxima autoridad, Ramón Jesurún Franco.
Se trata de un administrador de empresas egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, con un posgrado en Administración y Economía en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh 2004. Ejerció como Director Seccional Atlántico, Vicepresidente Nacional y presidente en la Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas Fedemetal; Gerente General en la Lotería del Atlántico, presidente del Sorteo Extra de Colombia y la Corporación Financiera del Transporte.
En lo deportivo, incursionó ligado al fútbol con el Junior de Barranquilla. Durante su trayectoria como presidente en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la FIFA le abrió una investigación preliminar luego de que la SIC urdiera cargos que alcanzaron también a las empresas Ticketshop y Ticketya ¿El argumento? Una presunta “desviación masiva” de entradas para los partidos de la selección en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.
Un primer corolario de las actuaciones desplegadas ganó cuerpo este mes, cuando la SIC determinó sancionar con millonarias multas a la federación colombiana, a Ramón Jesurún Franco (304 millones) y a otros ocho dirigentes. La suma en total alcanza los 18 mil millones de pesos, 17 personas involucradas y 3 agentes de mercado.
Asimismo, hace pocos días, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá declaró improcedente la tutela de la FCF contra la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a la entidad.
Otra gestión ‘entre algodones’ es la de Francisco Egas Larreátegui en Ecuador. Ingeniero y empresario floricultor, vinculado a la Dirección Ejecutiva de Agrifeg SA (dedicada al comercio de insumos agrícolas), quien estudió en la Universidad Católica de Quito y en la Universidad de Pennsylvania.
Es mandatario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (2019-2023). Se referencia localmente con el club Universidad Católica, como su tío, Fidel Egas, presidente vitalicio desde 1987, director del Grupo Egas-Acosta, ex dueño de la cadena televisiva Teleamazonas y quien manejara formalmente el Banco Pichincha en el país hasta 2015, siendo uno de los empresarios más ricos en el país.
El Banco Pichincha Panamá SA representa una entidad privada con sede en un paraíso fiscal, que se ha extendido en Ecuador, Colombia, España, Perú, Estados Unidos y China. Asimismo, en lo político, existieron tensiones marcadas entra la familia Egas y el expresidente Rafael Correa, que incluyeron agravios cruzados públicamente.
En el libro Fidel Egas Grivalva, Quiebras y Corrupción en el Ecuador publicado en 2013, el periodista Luis Torres Rodríguez advirtió que “entre las 92 Empresas del Grupo Banco Pichincha en las que controlaba más del 40% del accionariado, figuraba Egas Larreategui Francisco Javier”.
Actualmente, comenzó una marea judicial interna sobre el dirigente ¿Por qué? Seis integrantes del Directorio de la FEF enviaron una carta a la Conmebol invocando una supuesta “violación y falta grave a los estatutos de ética". En abril fue removido del sillón presidencial y en su lugar asumió Jaime Estrada (uno de los denunciantes).
En cuestión de días, la organización sudamericana en tándem con la FIFA repuso al depuesto. A la par, Egas Larreategui presentó a una Acción de Protección, medida cautelar que el juez habilitó, y a la vez suspendió un Congreso virtual planificado para reactivar en mayo su dimisión.
Parecía que la última puntada de sutura fina había estado en manos del secretario general de la organización sudamericana, Gustavo Silikovic, que mediante una carta en los primeros días de julio, revalidaba la postura de contención al integrante de su Consejo Directivo.
Sin embargo, este scrum se empujó en una jugada a dos bandas urdida en 48 horas, donde la Conmebol desplegó dos fallos ambivalentes sostenidos en su elasticidad política: el primero, del Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética, resaltó el 20 julio que “no encontró elementos concluyentes suficiente para determinar conductas violatorias” del Directorio ecuatoriano, como había denunciado Francisco Egas. El segundo, de la Comisión Disciplinaria, que dos días después “no hizo lugar” y desestimó la presentación que los seis dirigentes emplearon para removerlo provisoriamente.
Por su parte, la situación de la Federación Boliviana de Fútbol encuentra un escenario de luto tras el fallecimiento de su presidente, César Salinas, a causa del Co-Vid. Entre las múltiples salutaciones, surgieron las de Jeanine Añez Chávez, el candidato a presidente Carlos Mesa, y el mismo Evo Morales quien lo calificó de “hermano” así como “un dirigente de gran trayectoria”.
Salinas fue representante del club The Strongest, con un extenso aporte familiar en esa estructura. Enfocado en el rubro del acero, fundó la firma familiar Salqui SRL (Salinas Quispe), dedicada a las “Importaciones y Representaciones”. Según cuenta la empresa, gestada por el expresidente y María Inés Quispe (viuda), “comenzó con una ferretería en La Ceja hace 25 años, y hace unos nueve años consolidaron la Importadora Salqui en una gran infraestructura con sucursales en El Alto, La Paz y Cochabamba”.
A su vez, Quispe aparece registrada como Empresa Unipersonal Comercio Minorista de Materiales de Construcción, centrada en la venta al por mayor y menor de vehículos automotores y motocicletas. En lo deportivo, era gerente de The Strongest y salió de la institución en mayo de 2019, junto a su hija María Eugenia, quien desarrollaba labores en al área administrativa. Este doble movimiento de salida fue en sintonía con el de Henry Salinas, sobrino de César, contador público, empresario del transporte y presidente de este club, cerrándose provisoriamente la denominada localmente “Era Salinas”, en medio de acusaciones por su gestión.
Fue el entonces titular de la Federación Boliviana de Fútbol quien salió al rescate, cuando cuestionó “la difamación pública de su familia” y presentó un balance económico en 2019 para despejar dudas, tras aclarar que habían abonado el 88% de las deudas y erogado él mismo de su propio bolsillo 4.3 millones de dólares. Esta suma, se puntualizó en el documento como ‘préstamos’, quedando como pasivo en la institución. No obstante, a los 30 días, su otrora esposa asumió como presidenta “por aclamación” ante la ausencia de candidatos.
Diferentes asoman hoy las fotos de Paraguay y Uruguay, gestiones atravesadas por la rosca política y empresarial, respectivamente. Como sucede en el caso de Robert Harrison Paleari, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (2018-2022), quien desembarcó en 2016 cuando Alejandro Domínguez asumió en la Conmebol.
Vinculado como dirigente guaraní a un período exitoso del club Nacional, es Licenciado en Ciencias Contables y Administrador de Empresas, graduado en la Universidad de Columbia de Asunción, y se desempeña como Director Gerente de Industrias Gráficas Nobel SA.
A la par, el medio ABC Color lo conectó con la empresa Santa Catalina Medicina Prepaga SA, adjudicándole “la provisión de servicios médicos privados a unas 40 instituciones públicas del Estado, centralmente al Ministerio de Hacienda, y siendo una de las cuatro firmas más favorecidas en la última década al recepcionar unos 140 millones de dólares”.
Desde hace años, su nombre suena en el esquema político de los liberales como “outsider” para una potencial candidatura presidencial en el país. Empero, Harrison desechó públicamente esa posibilidad: “Soy una persona que está en el mundo del deporte y no en el mundo político. No me interesa, no quiero, ni me gusta”. Ya en 2018, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) barajó nuevamente su designación al expresar que “no se descarta la posibilidad de un Robert Harrison teniendo en cuenta que en los sondeos se habla mucho de su figura”.
La ligazón partidaria exhibe continuidad familiar ya que en las elecciones de 2013, su hermano Norman obtuvo más de 588 mil sufragios al figurar como segundo senador suplente del PRLA. Se trata de un empresario con “actividad en múltiples industrias” quien fue contratado como consejero en la empresa Yacyretá durante el gobierno de Federico Franco y, actualmente, permanece en el directorio.
Además, se lo enmarca con una supuesta injerencia en la industria farmacéutica con Distribuidora La Policlínica (tercera en la recepción de recursos millonarios del IPS en 2019) , Polimed y FarmaZona, así como en los medios con el control del holding Megacadena de Comunicación.
La séptima silla de los directores resulta ocupada por el uruguayo Ignacio Alonso Labat - también representante de la Conmebol ante la FIFA - quien fuera electo en 2019 hasta 2023, en segunda vuelta, al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Asumió formalmente en reemplazo de una Comisión Normalizadora anunciada el 21 de agosto de 2018 por la misma Conmebol, encabezada por el senador “colorado” Juan Pedro Bordaberry Herran y ex candidato a presidente el país durante 2009. Venció por 40 a 34 a su rival, Oscar Curutchet, ex presidente del club Danubio, partidario del Frente Amplio y Director de Desarrollo Económico en la Intendencia de Montevideo.
Su origen directivo es Rampla Juniors mientras que en lo profesional se trata de un Licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (UdelaR), con un Posgrado en Finanzas Corporativas. Además es asociado en EuraAudit Uruguay donde figura en las ramas de consultoría financiera, proyectos de inversión, reestructuración de pasivos y valuaciones de empresas. También desarrolla acciones como productor agropecuario.
Alonso tiene su militancia en el Partido Nacional (Blanco) y se lo vinculó en línea directa como asesor en la campaña electoral de 2014. En esa oportunidad, según trascendió, habría participado en el diseño del programa deportivo dentro del plan gubernamental que promovía la presidencia de Luis Lacalle Pou, actual mandatario de Uruguay.
Fútbol, hegemonía e intereses. ‘Esto es Conmebol’ podría parafrasearse en sintonía con la marca registrada de uno de los clubes más relevantes de Argentina, machacada históricamente. Sillas de poder, latentes en la mesa de la FIFA, bancos, empresas, holding de medios, ‘la política’, y también entre los mandatarios del Mercosur. Dirigencias en su mayoría tensionadas por sus gestiones y escudriñadas por presunta corrupción. Sin embargo, la dialéctica de este sistema parece dialogar en un sólo sentido: la pelota sigue rodando con la inercia del poder visible e instituido.
