Opinión. Algunas apreciaciones sobre el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus en Educación

Tanto el DNU como el proyecto de ley, se basan en priorizar y defender lo privado y el libre mercado sobre lo público o estatal. En lo que concierne a la educación, buscan desterrar a la educación como derecho social para que sea el mercado el que fije sus pautas.

La Educación es un Derecho Social, y como tal debe ser garantizada y sostenida por el Estado. La Educación Pública sigue siendo el ámbito para asegurar ese derecho para toda la población. El derecho a la educación implica garantizar el acceso, la permanencia, reinserción y egreso en el sistema educativo para todos los habitantes del país. Es en donde se ratifican los principios históricos de gratuidad, obligatoriedad y laicidad, que asume plenamente la función de ser formadora de ciudadanía plena.

La educación como Derecho social se contrapone a la visión neoliberal que la considera como mercancía, y un como un gasto. Y que encierra el concepto liberal de un derecho individual. En esto sustenta Milei sus reformas.

La afirmación del carácter social de los derechos viene a contraponer la idea de un Estado cuya obligación fundamental es garantizar efectivamente a todos los ciudadanos el acceso a esos derechos; un Estado con capacidad y con decisión para intervenir en la generación de condiciones que posibilite a todos y a cada uno la materialización de los derechos reconocidos.

Como primera acción en el tema educativo, el Gobierno de Milei, fue rebajarla de nivel. Dejó de ser ministerio para ser Secretaria de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Esto comienza a mostrar cuál es la importancia que el presidente y los grandes grupos económicos le dan al tema educativo, nombrando como secretario a cargo a Carlos Torrendell, un ultraconservador, defensor de la enseñanza privada, quien se manifestó contrario a la educación sexual integral y es referente del movimiento School Choice, que busca el equilibrio entre la libertad de enseñanza y la libertad de mercado.

El DNU declaró servicio esencial a la educación. El comité de Libertad Sindical de la OIT ya estableció que la educación no es un servicio esencial, interpretando que su suspensión no pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. Esto lo ponen porque el único interés es limitar el derecho a huelga. Tendríamos que aclararle a Milei y a todos y todas las que se llenan la boca con declarar a la educación como servicio esencial no impediría la huelga docente. Sino que obligaría a que las escuelas permanezcan abiertas con un servicio mínimo. La pregunta es, ¿garantizar un servicio mínimo es garantizar un servicio educativo? Puede que los chicos y chicas estén dentro de la escuela, pero un porcentaje significativo de los y las docentes estarían haciendo paro, y esto por supuesto que no garantiza que se brinde la enseñanza y mucho menos que esto redunde en una mejora significativa de los aprendizajes. Por el contrario, esto sólo podría tener el efecto de debilitar las condiciones laborales docentes, lo que repercutiría negativamente sobre la enseñanza. Regular la huelga docente para mantener la escuela abierta puede favorecer el rol de contención social (que no es poco), pero no mejorará su función formadora.

A su vez elimina la paritaria nacional, dejando librada a su suerte a la discusión salarial y de condiciones de trabajo en cada provincia, eliminando los supuestos educativos mínimos nacionales. En la paritaria nacional docente, se acuerdan los salarios mínimos que se toman como parámetro y piso en cada una de las provincias. Es el espacio legítimo para formular demandas del sector con respecto a la situación educativa y las condiciones de trabajo. Allí se acuerdan temas como ser las prioridades político-pedagógicas, la formación docente, la educación técnica y los diversos planes de inclusión, como piso y base para todo el país. Este es un derecho laboral que tiene en cuenta el derecho a la educación. Eliminarla es dejar que cada provincia, según sus recursos fije estos presupuestos.

El proyecto propone llamativamente la educación en casa o híbrida (educación presencial combinada con la virtual o sólo virtual) desde los 9 años. Esto contiene diversos peligros. Desde transferirles a las familias la responsabilidad de la educación y reducir el papel del Estado como garante de la educación para todos y todas. A quitarle a la educación el eje de sociabilización tan importante en la niñez y la adolescencia. En la escuela, se aprende a vincularse, a jugar con otros, a resolver conflictos y a trabajar colectivamente. Se aprende desde el diálogo, del compartir y disentir. Además de nutrirse de la diversidad y la negociación cultural y poder además tomar contacto con distintos conocimientos. Esto no puede darse a través de las tecnologías y las plataformas. Aunque estas herramientas son necesarias para auxiliar a la educación en la escuela. El contacto personal y las interacciones son imprescindibles en el aprendizaje. Los docentes no son simples facilitadores.

Planeamos, guiamos, explicamos y ayudamos a comprender, orientar y evaluar los aprendizajes tanto personales como colectivos. Nuestro rol es hacer lo necesario para que esto ocurra, y una máquina y una plataforma no pueden reemplazarlo. Pero lo más grave de esto es que ante la falta de escuelas y vacantes, se obligue a las familias a que los niños y niñas se eduquen en casa por su cuenta y a través de plataformas enlatadas construidas por las grandes empresas, acrecentando la desigualdad como bien se vio durante la pandemia al aumentar los costos de las familias, no garantizados por el Estado.

Ponen además el foco en la evaluación. Inician con una contradicción, al pedir una evaluación al finalizar la escuela secundaria y a su vez una al inicio de la universidad. Al parecer, quienes escribieron los distintos artículos, no tienen una mirada del conjunto del sistema educativo. Y a su vez eliminan el resguardo y el anonimato de la información educativa derivada de las evaluaciones estandarizadas haciendo que con la difusión de los datos se podrá identificar a las instituciones educativas.

Todos sabemos que la educación de los chicos y adolescentes no es la que como pueblo necesitamos. Que no aprenden lo suficiente. Pero el tema es: ¿lo suficiente para qué? ¿Para responder evaluaciones estandarizadas o para formar personas críticas que puedan desempeñarse en la sociedad, que puedan analizar la realidad e intervenir en ella? Formar para el mundo del trabajo (no para el empleo como piensan el neoliberalismo), para la continuidad de estudios superiores y para la participación ciudadana es el rol que la escuela debería tener. La evaluación es un instrumento dentro de la educación y jamás puede entenderse como una instancia individual alejada del contexto de desarrollo de la clase, de la escuela, del grupo escolar y del territorio. Entonces, pretender que por una evaluación al finalizar la escuela secundaria, vamos a tener adolescentes bien formados, es por poco una visión infantil. Países como Colombia, que hace décadas que vienen tomando esas evaluaciones, sin embargo no garantizan una “mejor educación”. Sí hacen una selección a través de las mismas para quienes pueden o no entrar a las universidades. Y casi el 100% son estudiantes de los sectores con mayor poder adquisitivo.

Cualquier evaluación en el sistema educativo sólo puede ser útil si aporta información inteligente y si se convierte en un instrumento apto para incorporarla al mejoramiento de la educación. Plantear una visión tecnocrática en donde la evaluación viene desde arriba y desde afuera y es un fin en sí mismo, no es lo que necesita la escuela de hoy.

El proyecto hace hincapié en la evaluación de los y las docentes cada 5 años para revalidar sus títulos, responsabilizando a los y las propias docentes de la crisis del sistema educativo. Nada dicen de cómo evaluar y comparar, por ejemplo, el desempeño y los logros de un maestro excelente que trabaja en un asentamiento del conurbano con el de un docente mediocre que desarrolla su tarea en una zona de opulencia del primer cordón del Gran Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba, ya que sólo buscan medir resultados en cuanto números de egresos sin contar el contexto.

Estas iniciativas son un calco de las propuestas del banco-mundialista, en donde se impone la búsqueda y cuantificación del “rendimiento” e introducen fuertemente el principio supremo de la lógica del mercado: la competitividad. Competitividad entre escuelas y entre docentes como fuerza movilizadora hacia el logro de la calidad educativa... ¡Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero!

Una evaluación para ser un instrumento eficaz para mejorar la educación, requiere de la participación de los propios docentes en su elaboración, de la comunidad y de los y las estudiantes. A su vez demanda rigurosidad académica, es decir, de instrumentos, estrategias, planificación y técnicas que tengan validez educativa, desvinculada en términos absolutos de los “premios y castigos”. Y nada de esto aparece en estas propuestas.

Pero lo que sí aparece es un intento de manipulación de la información, basándose más en un insumo mediático al servicio de la propaganda o contrapropaganda oficial, al proponer la difusión de los resultados de las evaluaciones, habilitando así la clasificación de las instituciones educativas según sus resultados.

Por otro lado, se modifica la Ley nacional de cooperadoras escolares y se permite que como contrapartida de aportes o contribuciones de organizaciones y o empresas, a las instituciones educativas los aportantes puedan hacer publicidad o propaganda en cada una de ellas.

En el capítulo de las Universidades, (que llamativamente o confesión de parte, se llama Universidades Privadas y sólo refiere a las Estatales) proponen sólo la evaluación externa de las Universidades Públicas cada 10 años, eliminando la autoevaluación y el rol fundamental que desde hace 20 años tiene la Coneau. Plantea un financiamiento discrecional de las universidades y vulnera la autonomía y autarquía universitaria. A su vez incorpora el pago de aranceles para los extranjeros, eliminando el principio de gratuidad que rigió en las Universidades Públicas Argentinas desde 1949.

Estas medidas en educación, lo que intentan es entre otras cosas modelar un nuevo proyecto de poder social, cultural, educativo y pedagógico que busca construir nuevas representaciones para dar respuesta a un modelo que se vende con la idea de técnico y objetivo. Pero esconden el Intento de armar un modelo de gestión empresarial, introduciendo un modelo de escuela-empresa para formar por un lado a la élite en las escuelas privadas y a los trabajadores y trabajadoras, mano de obra poco formada en las escuelas públicas estatales. Estos planteamientos, aparecen centrados a formar al individuo exitoso, el estudiante que podrá ser exitoso si llega a ser un emprendedor, sin condiciones laborales y librado a su suerte individual.

Intentan imponer un enfoque de calidad de la educación basado en la medición de resultados, a través de pruebas estandarizadas, cuyos resultados (rankings de competencias) se presentan socialmente como único indicador válido de “calidad” de la educación, desconociendo que éstos son consecuencia de múltiples factores, entre ellos la pobreza extrema, las diferentes violencias, las condiciones vulnerables en las que viven las comunidades y la falta oportunidades educativas. Se ha impuesto un lenguaje tecnocrático que ha desplazado la pedagogía como discurso y saber de las prácticas de maestras y maestros.

Por todo esto es que las comunidades educativas, los y las trabajadoras de la educación y los educadores y educadoras populares, rechazamos todas estas propuestas y planteamos que es necesario pensar en una escuela y en una educación que esté al servicio de nuestro pueblo. Es por ello, que es necesario un espacio de construcción y de resistencia a las políticas neoliberales y la organizarse para poder emprender acciones de transformación y de acción crítica que impliquen a las comunidades educativas de todo el país, que nos permita involucrar a muchos sectores sociales, porque la educación es un asunto de todos, todas, todes.

LAURA GARCÍA TUÑÓN
Equipo de Coordinación del ENDYEP