En las elecciones del próximo 5 de junio se renovarán en Quintana Roo los cargos de gobernador, once presidencias municipales y 25 diputaciones al Congreso del estado. La alianza PAN-PRD no parece poder imponerse ante el PRI y el Morena busca capitalizar el descrédito de los demás partidos para ganar posiciones.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Viernes 27 de mayo de 2016
Quintana Roo forma parte de los cinco estados que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha señalado como “prioritarios” en los próximos comicios. Esto debido a que junto con Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, es de las entidades que más han acumulado denuncias por irregularidades durante la campaña electoral.
Estas “irregularidades” van desde la coacción y compra de voto, el financiamiento ilícito, condicionamiento de programas sociales, hasta el llamado “turismo electoral”, que consiste en llevar votantes de un estado a otro o de un municipio a otro, alterando los registros electorales locales y federales. Quintana Roo ha presentado, según registros de la FEPADE, mil 54 casos. Además, se han girado ya cerca de 300 órdenes de aprehensión contra involucrados en delitos durante las elecciones de 2010, donde también se reportó esta práctica en favor del actual gobernador Roberto Borge con personas provenientes de Yucatán, principalmente.
Pese a esto, la FEPADE no considerará estos estados como “foco rojo” y la respuesta que han dado a las denuncias ha sido un proceso de “blindaje electoral”, capacitación de funcionarios, un despliegue de Ministerios Públicos Federales especializados, así como de policía federal ministerial, personal de peritaje y empleados de las fiscalías estatales. Delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República también intervendrán. Hasta la fecha, las autoridades se han negado a dar una cifra del despliegue que se realizará el próximo 5 de junio.
Los candidatos a gobernador
Carlos Joaquín González representa a la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Mauricio Góngora Escalante contiende es el candidato de la coalición Partido de la Revolución Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
Por el Partido del Trabajo contiende Alejandro Alvarado Muro, por el partido Encuentro Social Rogelio Márquez, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) José Luis Pech Várguez.
Según todas las encuestas realizadas, la intención electoral favorece al candidato priísta, preferencia que lo colocaría con una ventaja porcentual de 15 puntos por encima de sus competidores, seguido por el ex priísta Carlos Joaquín González, ahora candidato de la alianza PAN-PRD.
Campaña sucia: todos contra todos
Al igual que en otros estados, los partidos han protagonizado una guerra de declaraciones y acusaciones en donde mientras el Morena denuncia que sus competidores políticos han colocado propaganda a nombre de su partido con el fin de acusarlos de despilfarro de recursos, el candidato por el PAN-PRD ha cuestionado la imparcialidad de las autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y ha lanzado un llamado a las bases del MORENA para ejercer el “voto útil” en favor de su candidatura y “sacar” así al PRI de la gubernatura estatal.
Este llamado no es gratuito. Responde a toda una política de alianza desplegada tanto por el PAN como por el PRD en todo el país para pelear gubernaturas al PRI, que gobierna actualmente nueve de los doce estados que elegirán titular el próximo 5 de junio. En esta búsqueda de alternancia, Quintana Roo es clave junto con Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, pues son estados históricamente gobernados por el PRI.
En este marco, Morena busca capitalizar el descrédito tanto del PRI, PAN y PRD y rechazó el llamado a “voto útil” lanzado por el candidato panista. Mientras tanto, Agustín Basave, presidente del PRD justificó la alianza de su partido con el Acción Nacional bajo el argumento de que “el PRI está haciendo daño a México” y que es necesario “frenar la restauración autoritaria” del PRI que, por su parte, apostó en estos comicios a las candidaturas de unidad.
Encabezado por el priísta Roberto Borge, el gobierno de Quintana Roo ha enfrentado en los últimos años graves acusaciones por ataques a la libertad de prensa, intimidación y hostigamiento de periodistas y proyectos críticos a la administración estatal. Así mismo, los malos manejos económicos han llevado a la entidad a ser la segunda con la deuda más elevada respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), sólo debajo de Colima.
A estas irregularidades se suma el reciente escándalo por el ecocidio en Tajamar, en donde se evidenció la complicidad del gobierno de Borge con las empresas que devastaron el manglar y también salió a la luz la relación de la clase política del estado con empresarios para imponer la construcción de megaproyectos en detrimento del ecosistema y de las miles de personas a las que éstos afectan.
Asimismo, Mauricio Góngora ha sido señalado por su contrincante panista por desvío de recursos, luego de que el primero “falseara” información fiscal durante su administración como presidente municipal de Solidaridad, por medio de empresas fantasma. Estamos hablando de un desfalco de 536 millones de pesos que, de confirmarse, se sumaría a los números rojos en que el priísmo tiene a las finanzas locales.
La población de Quintana Roo no tiene de dónde elegir. Entre la hipocresía de la mancuerna PRD-PAN y la podredumbre que busca perpetuar el PRI, empresarios y partidos que son mudos cómplices de los atropellos y de la injusticia, ninguno representa los intereses de las y los trabajadores.
