Te presentamos un recuento de las luchas obreras que, a lo largo y ancho del país, se desarrollaron durante este año.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Viernes 1ro de enero de 2021
Este 2020 ha sido, sin duda, un año convulso para todo el mundo. La propagación del virus del covid-19 marcó la agudización de una crisis económica que, en México, hizo "llover sobre mojado" para millones de familias trabajadoras.
Desde principios de año una nueva oleada de recortes y despidos, parte de una ofensiva neoliberal con la que la 4T no rompió, azotó al sector estatal, pero también otros sectores, como el de trabajadores universitarios, cuyo proceso de revisión contractual evidenció una larga serie de violaciones a sus derechos. Asimismo, surgieron luchas entre sectores del magisterio que denunciaron la continuidad del embiste en contra de la educación pública, laica y gratuita.
El sector salud, esencial en el manejo de la crisis sanitaria, se presentó a la batalla en medio de reclamos por falta de pago y de denuncias sobre la infraestructura. El sector industrial, en vísperas de la implementación del T-MEC, enfrentó también no sólo recortes salariales, despidos y reactivación forzada durante la pandemia, sino también distintas luchas por democracia sindical en contra del charrismo de centrales como la CTM.
La juventud estudiantil y precaria, las mujeres, pueblos originarios y defensores de la tierra y los recursos, fueron sectores que también protagonizaron movilizaciones en contra de la represión y el despojo, así como en defensa de sus derechos. A continuación te presentamos un recuento de las luchas obreras que marcaron este año convulso.
Trabajadores estatales
El año comenzó con despidos en el sector estatal. El caso de los despidos en el DIF en la Ciudad de México fue emblemático, no sólo por tratarse de una muestra de la política de "austeridad republicana" de AMLO, sino también porque, por medio de la lucha, integrantes de la Campaña Queremos Trabajo Digno arrancaron a las autoridades su reinstalación. En febrero, trabajadores de Centros de Desarrollo Infantil denunciaron falta de pagos y una deuda de hasta 3 millones y medio de pesos.
En marzo, tras los primeros casos de covid-19 en México, las denuncias por negligencia patronal comenzaron a brotar por todo el país. Así, trabajadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del Servicio de Administración Tributaria, fueron parte del reclamo de condiciones seguras de trabajo.
Hacia septiembre, trabajadores de confianza y por honorarios enfrentaron despidos masivos, producto del recorte presupuestal en todas las dependencias y organismos descentralizados de San Luis Potosí.
Si bien los ataques en contra del sector fueron generalizados, destacaron protestas como la de los trabajadores de la Comisión Estatal del Agua en Sonora, en diciembre, quienes exigían pago de salario y aguinaldo. También en el norte del país, trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Parral, Chihuahua, emplazaron a huelga a principios de diciembre, ante la reiterada violación de sus derechos laborales por parte de las autoridades locales. En Chiapas, trabajadores del Servicio de Agua decidieron parar por reclamos similares: pago de salario y de prestaciones.
Trabajadores aéreos
En enero, trabajadores de Viva Aerobús estallaron un paro y denunciaron "terrorismo laboral". Sobrecargos, principalmente, denunciaron jornadas extenuantes y el accionar del sindicato, que negociaba con la patronal a espaldas de la base trabajadora. Este paro derivaría en la renuncia del director general del Grupo VivaAerobús.
A finales de marzo, Intejet propinó un golpe a sus trabajadores, con la reducción de salarios en hasta 50%. Este recorte fue sólo el inicio de una serie de atropellos que la empresa buscó justificar con una presunta "crisis" de liquidez que, muy pronto, se convirtió en un problema que afectó a usuarios y, principalmente a trabajadores. En noviembre, las protestas ya habían tomado forma de bloqueos y emplazamiento a huelga que, sin embargo, frenó siempre la charra CTM.
Trabajadores automotrices
El caso de los trabajadores del sindicato "Miguel Trujillo López", en General Motors Silao, es paradigmático en el sector. Su lucha por representación sindical democrática contra la CTM, así como por la reinstalación de trabajadores despedidos por organizarse, marcó huella, al tratarse de una de las agrupaciones sindicales más importantes de la zona del Bajío. Ante el coronavirus, trabajadores de General Motors denunciaron la indolencia patronal y exigieron medidas de emergencia ante la crisis sanitaria.
Para abril, empresas como Mazda y Toyota recortaron el salario de sus trabajadores hasta 50 y 30% respectivamente. Volskswagen, por su parte, recortó salarios al 50%. En Reynosa, trabajadores de la autopartista BBB industries (planta 1 y 2), NVent (antes Hoffman de México) y DLH protagonizaron protestas ante la negativa de la patronal de parar actividades. Por su parte, KIA y Nissan prolongaron paros técnicos para no pagar salarios a sus trabajadores.
Trabajadores universitarios
El 2020 arrancó con un proceso de revisión contractual en el sindicalismo universitario. Tan solo en enero, se registraron al menos tres huelgas y un paro de labores. Una de ellas fue de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Ahí, profesores y administrativos exigían, además de libertad sindical, el respeto a su Contrato Colectivo de Trabajo.
Trabajadores del Sindicato Independiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SIINIFAP) estallaron también una huelga en los 77 campos experimentales y en todas sus instalaciones. Por su parte, trabajadores del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) estallaron la huelga ante el incumplimiento del pago de prestaciones. Asimismo, profesores y alumnos de la Universidad Tecnológica en Monterrey estallaron un paro por reconocimiento a su sindicato y en exigencia de mejores condiciones laborales.
Otra lucha emblemática de este año es la que emprendieron desde enero las y los profesores de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en contra de la violación a su Contrato Colectivo de Trabajo y la precarización que enfrentaban como docentes en esta casa de estudios. Por su parte, profesores de asignatura del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) emprendieron también una lucha en rechazo a un incremento salarial de apenas 3.4% negociado por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
Febrero arrancó con un nuevo emplazamiento a huelga, esta vez en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por un 20% de aumento salarial y de otras prestaciones a las que las autoridades únicamente respondieron argumentando la quiebra financiera de la institución.
Por su parte, trabajadores del Colegio de Postgraduados estallaron una huelga en demanda de respeto a su contrato colectivo de trabajo, mientras que trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco pararon actividades en demanda de pagos atrasados, así como en denuncia del acoso laboral por parte de directivos.
Con la propagación de la pandemia en el país, trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana protestaron en contra de la indolencia de las autoridades y exigieron aplicación de medidas de emergencia que no distinguiera entre "trabajadores de primera y de segunda". Mientras tanto, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo estallaron una huelga en denuncia del recorte de sus prestaciones.
Magisterio
En febrero, miles de maestros homologados a la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pararon 28 planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y de los tecnológicos de Cuautla y Zacatepec, en Morelos. Los profesores exigían el pago de aguinaldo y otras prestaciones al igual que los trabajadores de la educación en Zacatecas que realizaron bloqueos en febrero ante la Secretaría de Educación en exigencia de pago.
En Chihuahua, maestros y maestras de la sección 42 del SNTE tomaron las instalaciones de su sindicato en distintos puntos del estado, en exigencia de pago de aumentos en prestaciones acordados a nivel nacional por el Sindicato.
El normalismo, por su parte, continuó siendo objeto de ataques que no dieron tregua pese a la pandemia. Hacia junio, ya con la "nueva normalidad" declarada, 7 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán, fueron detenidos tras la represión de una protesta que exigía no reducir la matrícula. Ese mismo mes, los tutores y facilitadores de la Prepa en Línea, programa de la SEP, denunciaron el adeudo de 5 meses de salario, derivado del recorte presupuestal al rubro del 75%. Mientras tanto, y tras nueve meses de adeudo de salario, profesores de Chimalhuacán, Estado de México, protestaron frente al palacio de gobierno mexiquense.
Después del anuncio de colaboración de la SEP con tele empresarios, en agosto un contingente de la Sección XVIII de la CNTE y normalistas de Michoacán se “plantaron” en el Zócalo de la CDMX, en oposición al modelo de educación a distancia, por la contratación de los egresados normalistas, el pago de salarios atrasados y la basificación de eventuales. Mientras tanto, en Baja California, más de 180 profesores del Programa Nacional de inglés (PRONI) protestaron en exigencia de más plazas docentes y contra la precarización del gremio.
En noviembre, la iniciativa deLey de Educación Superior presentada por Morena fue recibida por tres de las más importantes federaciones de sindicatos universitarios (CNSUESIC, la CONTU y la FENSU), con recelo. Denunciaron que no incluyó las necesidades de las comunidades universitarias y, por el contrario, contiene medidas empresariales. Mientras tanto, los golpes contra el magisterio no cesaron, y muy pronto docentes de Nuevo León convocaron un paro de labores virtual en denuncia de la falta de pagos y prestaciones como el aguinaldo.
Por su parte, trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios convocaron una movilización contra el cierre de planteles y por basificación para toda la plantilla docente. En la Ciudad de México realizaron bloqueos, así como en Oaxaca. Mientras en Guanajuato las maestras encabezaron la denuncia en contra del adeudo de hasta 5 quincenas de salario, en la Ciudad de México docentes de Conalep denunciaban abusos de autoridad y el condicionamiento de sus prestaciones.
Hacia diciembre, las protestas docentes destacaron en Chihuahua, donde maestros de la sección 42 del SNTE realizaron liberación de casetas exigiendo, además de la recuperación de sus pagos, la renuncia del director de Pensiones Civiles del Estado. También en el norte del país, trabajadores de la educación en CECyTEC Coahuila se sumaron a un paro nacional convocado para exigir el pago del adeudo de más de 10 millones de pesos, correspondientes al aumento salarial y el retroactivo a mil 600 trabajadores de la entidad.
Trabajadores del sector salud
La suspensión del Seguro Popular y la formación del Instituto de Salud para el Bienestar trajo consigo falta de pagos para millones de trabajadores del sector salud. A principio de año, fueron trabajadores de Tabasco quienes estallaron la huelga ante el adeudo por parte del gobierno federal por más de 40 millones de pesos. Le siguieron integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud (SITSS), quienes sostuvieron por varios días un plantón en las oficinas del Servicio de Salud de Oaxaca, en exigencia de las mejoras prometidas tras la transición al Insabi.
En febrero, 5 mil trabajadores del Servicio de Salud de Morelos estallaron un paro en reclamo del pago de prestaciones, mientras que enfermeras del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" arrancaron con una serie de protestas que se extenderían por varias semanas, en reclamo por el incumplimiento de las autoridades ante la situación de carga excesiva de trabajo y falta de materiales e insumos.
Tras los primeros casos confirmados de covid-19 en México anunciados oficialmente, trabajadores de salud contratados por nómina 8 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México denunciaron lo que sería una constante entre el sector los próximos meses: desabasto, carencia de insumos y condiciones laborales deplorables. Además denunciaron la estrategia de la 4T de contratar en condiciones precarias a miles de trabajadores del sector a través del programa Galeno Salud.
Muy pronto, las protestas se extendieron a Jalisco, donde trabajadores de la salud de las clínicas 110 y 46 del IMSS protagonizaron protestas por falta de insumos. Le siguieron protestas en Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad Juárez. A finales de marzo, los trabajadores del Instituto Chihuahuense de la salud emplazaron a una huelga ante la falta de garantías.
Para abril, las protestas se extendieron al Estado de México e Hidalgo. Médicos internos de la UNAM y del IPN exigieron derechos laborales o la suspensión de actividades sin represalias, misma que obtuvieron.
En Morelos, tras la declaración de la fase 3 de la pandemia, las protestas por insumos persistieron, así como en el hospital IMSS #6 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta protesta, ocurrida el 1 de mayo, elementos de la Guardia Nacional irrumpieron en el hospital con armas largas. Apenas unos días después, personal del hospital General Adolfo Prieto de Taxco, Guerrero, tomó las oficinas administrativas en protesta por la falta de insumos médicos y equipo de bioseguridad. Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Durango se sumaron a las protestas.
Hacia la última semana de mayo, la crisis en el sector era evidente. Trabajadores del Hospital de Pemex en Veracruz denunciaron falta de insumos, mientras que trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se fueron a paro activo en rechazo a la falta de insumos médicos.
Uno de los sectores más precarizados entre los trabajadores de salud es el de médicos que atienden consultorios anexos a farmacias del Ahorro y Similares. La declaración de la "vuelta a la normalidad" trajo consigo denuncias no sólo sus precarias condiciones de trabajo, sino también del deceso de compañeros ante la indolencia de las empresas.
Las enfermeras también destacaron entre los trabajadores del sector que salieron a protestar por sus condiciones de trabajo. Así, en Mexicalli denunciaron el abandono histórico de la salud, mientras en Querétaro, trabajadoras del Hospital del Niño y la Mujer denunciaron sus condiciones laborales y exigieron la destitución de autoridades del nosocomio. El reclamo de destitución de directivos también alcanzó a trabajadores del ISSSTE de Puebla y en el Estado de México.
Para septiembre, la situación del sector se iba haciendo cada vez más crítica y, en Zacatecas, trabajadores de la salud denunciaron abusos en la Unidad de Especialidades Médicas. Hacia octubre, se registraron protestas en estados como Oaxaca y la Ciudad de México, en donde trabajadores y trabajadoras de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) de Chiapas, marcharon al Zócalo capitalino para denunciar la falta de insumos en su estado, la negativa del gobernador Rutillo Escandón para resolver sus demandas, así como exigiendo plenos derechos laborales.
A la fecha, las movilizaciones continúan, recientemente destacan las protestas del personal del hospital de especialidades Belisario Domínguez, en Tláhuac, así como en Quintana Roo.
SutNotimex
En febrero, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) estalló una huelga tras meses de lucha por la reinstalación de más de un centenar de trabajadores, así como en defensa de su Contrato Colectivo. Se trata de la única huelga vigente de este recuento. Puedes seguir toda la cobertura aquí.
Lucha en la maquila
Otro de los sectores que enfrentó el incumplimiento de compromisos del gobierno federal fue el maquilador. A finales de enero, trabajadores de la maquila Aptiv, en Chihuahua, realizaron un paro, toda vez que, lejos de recibir el aumento del 20% prometido por la 4T, recibieron exorbitantes descuentos en sus sueldos. En algunos casos el recorte fue hasta de 95%.
Hacia marzo, con el avance de la pandemia en México, los paros técnicos impulsados por empresas en Matamoros, Sonora y Coahuila significaron para miles de trabajadores no sólo la expectativa de ser enviado a casa sin sueldo, sino también la incertidumbre de ser obligado a permanecer en la línea de producción sin ninguna medida de protección. Tal fue el caso de la maquila alemana Leoni, en Yucatán, que obligó a trabajar a sus trabajadores, en su mayoría indígenas mayas; o el caso de Tridonex en Matamoros, Grupo Recal y Lear.
Muy pronto, maquiladoras como Hutchinson comenzaron a usar como excusa la pandemia para realizar despidos masivos, ejemplo que siguió muy pronto la maquila Ink Trowers de Tijuana. Para abril, sumaban 2, 200 trabajadores despedidos en maquilas de Puebla.
Ante esta situación, surgieron protestas como la de la maquila Novalink, en Matamoros y la de la maquiladora VDO, que arrancó a la patronal por medio de un paro el pago del 100% de sus salarios durante la pandemia. En Oaxaca, trabajadoras del Parque Industrial 2000 tomaron la fábrica Diseños Magdatex luego de que la patronal anunciara una cuarentena sin goce de sueldo. Otras empresas cuyos trabajadores se movilizaron para exigir el pago de salarios fueron TPI, Shumex, Parker, Starkey, Polytech, AutoLiv, Konsberg y MERIT, todas ubicadas en la fronteriza Matamoros, Tamaulipas. En algunos casos se arrancó el 100%, mientras que en otros apenas fue el 60% del sueldo.
Otras protestas registradas fueron las de los trabajadores de la maquila Creation Technologies, en Mexicali; la de los obreros de Kemet en Ciudad Victoria; la de los trabajadores de Eaton Bussman y Foxconn en Ciudad Juárez. La Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN) alzó su reclamo al gobierno de Jalisco exigiendo el paro de actividades en la industria electrónica, mientras que trabajadores de Telepan, en Reynosa, pararon a la voz de "¡Cierren YA!".
Para abril, el gobierno federal, en atención a las exigencias de EEUU, obligó la reactivación de la actividad maquiladora e industrial, lo cual trajo consigo protestas como la de los trabajadores de Recal, en Ciudad Juárez, que decidieron tomar las instalaciones tras la muerte por covid-19 de uno de sus compañeros. Mientras tanto, empresas como Yazaki, también en Chihuahua, tras haber recortado el salario de sus empleados, emprendió despidos masivos.
En mayo, trabajadores de la industria eléctrica de distintas empresas en Jalisco como Sanmina y Flex convocaron a "un día sin técnicos", esto luego de que además de ser forzados a trabajar en pandemia, vieran reducidos sus salarios y prestaciones. Por su parte, El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios convocó protestas en Chihuahua y Matamoros, denunciando que los muertos por covid ante la indolencia de la patronal ya superaban la centena.
Desde Tabasco, las obreras de Macuspana dieron ejemplo de lucha en contra de los recortes de energía eléctrica a la planta que gestionan desde hace 11 años. Por su parte, trabajadores de Kaltex denunciaron la mala calidad de los insumos de protección proporcionados por la empresa, mientras que trabajadores de la maquila Erika, en Reynosa, estallaron un paro laboral hacia finales de junio ante la alerta de un brote de coronavirus.
Julio estuvo marcado por la ofensiva represiva en contra de la abogada del SNITIS, que provocó, además de una amplia solidaridad, distintas movilizaciones en exigencia de su libertad y por el cumplimiento de las demandas de las y los obreros de la industria maquiladora.
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En septiembre, trabajadores de la empresa Challenger, en San Luis Potosí, estallaron la huelga tras 9 meses de adeudos por parte de la patronal. En octubre, trabajadores de la maquila Aptiv, en Ciudad Juárez, protagonizaron un paro ante el aumento de contagios en la línea de producción, mientras que Grupo Recal emprendió una segunda ola de despidos. En Puebla, trabajadoras de la empresa algodonera US Cotton protestaron en contra de los despidos injustificados emprendidos por la patronal.
Repartidores de aplicaciones y trabajadores precarios
En marzo, tras la declaración de medidas como la cuarentena ante el avance del coronavirus, trabajadores de aplicaciones como Rappi comenzaron a denunciar la situación de vulnerabilidad en la que laboraban. Empleados de Starbucks, Domino’s Pizza y Vips se sumaron a la denuncia, luego de que estas empresas enviaran a sus trabajadores a casa sin goce de sueldo. Soriana fue otro caso brutal, tras deslindarse de responsabilidad sobre la salud de sus empleados más ancianos. Palacio de Hierro y empresas de artículos de lujo como Armani y Versace obligaron a sus promotores a laborar pese a la pandemia, lo cual también provocó denuncias por parte de las y los trabajadores.
La situación en los call centers no fue muy diferente y, hacia finales de marzo, trabajadores de Teleperformance lanzaron una campaña digital en exigencia de la suspensión de actividades presenciales. Trabajadores de Cabify también denunciaron despidos y recortes salariales, mientras que empresas como Walmart, Parisina y Coppel despidieron a miles a dos meses del arribo del covid-19 al país.
La muerte de Huvy Juárez, estudiante de la UACM y trabajador en un call center de Grupo Salinas causó indignación ante la situación en la que, como él, miles de jóvenes laboraban en condiciones de hacinamiento. Las protestas orillaron a una suspensión de actividades que, sin embargo, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego no se detuvo. El mismo caso ocurrió con tiendas Elektra, que mantuvieron operaciones de manera ilegal en el Estado de México.
Trabajadores de Correos de México de Culiacán, Sinaloa, protestaron a mediados de mayo denunciando la falta de insumos para ejercer su labor de manera segura. Este mismo mes comenzaron a brotar denuncias por parte de trabajadores repartidores que protagonizaron marchas en donde empleados de Rappi, Uber eats, Cornershop exigieron plenos derechos laborales al grito de "En tu pedido va mi vida". Las protestas se replicaron en entidades como la CIudad de México y Guadalajara.
La "nueva normalidad" trajo consigo el llamado a un boicot contra FEMSA, en particular de las tiendas Oxxo, cuyos trabajadores denunciaron precarización laboral. Por su parte, hacia septiembre, trabajadoras de limpieza de Puebla conquistaron por medio de la movilización sus demandas, que eran por aumento salarial, mejores prestaciones y por equipos de protección contra el covid-19.
Octubre estuvo marcado por el Paro Internacional de repartidores, que contó con participación de trabajadores mexicanos de la Ciudad de México, Morelos y Jalisco. Este paro marcó un antecedente de unidad y movilización muy importante, mismo que resurgió un mes después, cuando repartidores protestaron en la Ciudad de México ante las condiciones de inseguridad laboral. En diciembre una protesta similar tendría lugar en Querétaro.
Trabajadores de la cultura
A raíz de la cuarentena y agrupados en "No vivimos del aplauso", trabajadores del arte organizados denunciaron la situación del sector a nivel nacional. No sólo en exigencia de medidas para asegurar a los trabajadores en la pandemia, sino en demanda de pagos atrasados que la Secretaría de Cultura tenía con artistas desde hacía varios meses. Las manifestaciones protagonizadas por artistas y trabajadores de la cultura han sido una constante durante todo lo que va de la pandemia.
En mayo, trabajadores contratados por capítulo 3000 del INAH denunciaron adeudos de salario, así como el recorte presupuestal del 50% al Instituto que también derivaron en despidos. Tras la imposición de una "nueva normalidad" y en vísperas de la implementación de T-Mec, trabajadores del arte continuaron con la denuncia sobre la precarización del sector, tanto en la Ciudad de México como en Puebla, en donde trabajadores de la Secretaría de Cultura de Puebla se movilizaron denunciando despidos injustificados, exigiendo la restitución de sus puestos de trabajo y la renuncia de Julio Glockner Rossainz, Secretario de Cultura.
Tras la aprobación del presupuesto de egresos 2021, trabajadores de la cultura denunciaron la cada vez mayor precarización del sector, mientras que trabajadores sindicalizados del INAH volvieron a la carga con la campaña #SinPresupuestoNoHayPatrimonio.
