El contrato, de tres millones de euros, fue otorgado a las empresas Subterra y Esteyco en 2020. El soterramiento de la A-5 fue una de las promesas electorales estrellas del PP de Almeida y se ha convertido en uno de los mayores escándalos de su legislatura.
Lunes 30 de enero de 2023
Tal y como se ha conocido en los últimos días, el edil Borja Carabante participó directamente en los trámites del concurso que otorgó el contrato a la empresa en la que trabaja su hermano como jefe de delineación y director de departamento.
Se trataría de un posible contrato “a dedo”, pues la presidenta de la mesa de contratación era una persona de confianza del edil. Tan solo un día más tarde de la adjudicación, el delegado de Movilidad la anuló y presentó su abstención en el proceso de adjudicación a José Luis Martínez-Almeida.
El motivo de la renuncia de Carabante, presentada el mismo día de la adjudicación del contrato, se ha mantenido en secreto durante más de dos años, pero tendría que ver con el vínculo familiar existente entre el edil y el trabajador de Esteyco-Soterra. Sin embargo, la renuncia de Borja Carabante, a días de comenzar el tramo final de la adjudicación, no modificó su resultado. Ya con Inmaculada Sanz (delegada de Seguridad y portavoz del gobierno del Ayuntamiento) el resultado fue favorable para la unión de las dos empresas.
Borja Carabante habría sido uno de los hombres de confianza de Almeida, quien le confió el importante y carísimo proyecto del soterramiento y que actualmente es el portavoz de la campaña electoral de mayo de 2023.
El proyecto de soterramiento del acceso de la carretera de Extremadura era una de las claves electorales del PP y la que más dolores de cabeza ha traído a su administración. Se trata del último acceso de autovía en ser soterrado. Las obras se fueron retrasando y no parece haber un plan claro de cuándo podrían empezar. De hecho, hace unos meses Almeida declaró el proyecto directamente “inviable”. Los vecinos de los barrios afectados por el ruido de la autopista no han dejado de manifestarse contra la paralización de las obras.
Lo que está claro es que el PP de Madrid no se cansa de los permanentes escándalos, corrupciones y amiguismos. Hace tan solo unos días, veíamos la bochornosa imagen de cómo la Universidad Complutense (una universidad pública) galardonaba como ilustre a Isabel Díaz Ayuso, una de las principales defensoras en Madrid de la destrucción de lo público.
La administración del Ayuntamiento hizo saltar, por su parte, todas las alarmas hace unos meses cuando se hicieron públicos sus tratos con una consultora estadounidense por el envío de mascarillas y material sanitario defectuoso. En el conocido como “caso mascarillas” el Ayuntamiento de Almeida también habría concedido un contrato a dedo en mitad de la primera ola de la pandemia, beneficiando a los comisionistas Luis Medina y Alberto Lucero.
Y es que la corrupción no es una excepción, sino la norma en un sistema ideado para el beneficio de unos pocos. No se trata de un caso más de “manzanas podridas”: los partidos del Régimen como el PP o el PSOE están podridos hasta la médula y han sido objeto de numerosas investigaciones por corrupción.
Para terminar con las corruptelas y los privilegios de esa “casta política” no basta, por tanto, con cambiar la dirección de voto por alguien que “sí cumpla”, sino tomar medidas radicales que erradiquen la corrupción; como exigir que todos los cargos electos cobren el mismo salario que un trabajador cualificado, o su inmediata revocación por el electorado ante casos como este.
