El “arrepentido” Carlos Wagner dijo que desde 2004 funcionó el “armado de la corrupción” con obras públicas. En ese momento, entre las favorecidas en “licitaciones” estaba Iecsa, propiedad de los Macri. Los datos.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Jueves 16 de agosto de 2018
Según las declaraciones del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, desde el año 2004 habría empezado a funcionar el “armado de corrupción” que incluyó a varias empresas.
Entre ellas estaba Iecsa, que hasta el 2007 fue propiedad de la familia Macri, tanto de Franco como de sus hijos. En ese año se la vendieron a Ángelo Calcaterra (sobrino de Franco y primo de Mauricio), quien a su vez se la vendió en 2017 (después de quedar implicado en el caso Odebrecht) a Marcelo Mindlin, un amigo del presidente.
Además, Wagner reconoció la existencia de coimas. Según él, cada empresa, una vez obtenida la licitación, debía “retornarle” a los funcionarios entre un 10 y 20 % del total de la obra.
Según información a la que accedió La Izquierda Diario, entre febrero de 2004 y enero de 2007 Iecsa se benefició con 17 licitaciones de Vialidad Nacional. Tres de ellas las consiguió por medio de una Unidad Transitoria de Empresas (UTE) y catorce de forma directa.
Todas juntas, esas 17 obras tuvieron un monto inicial de $ 784 millones. Pero el costo final que pagó el Estado fue del doble: $ 1.536 millones. Quizás eso ayude a entender los negocios del “Club de la obra pública”.
Es decir que, sin contar las licitaciones previas y las posteriores, durante el período señalado por Wagner, que implica directamente al presidente y su familia, los Macri participaron directamente del “club” consiguiendo obras en Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Misiones.
En las tres licitaciones que Iecsa ganó junto a la UTE Supercemento S.A.I.C.-Iecsa S.A. se alzaron con contratos por $ 87.352.842,14; mientras que en las catorce obras en las que ganó la licitación de forma directa los contratos sumaron $ 696.778.818,44.
Si nos atenemos a las declaraciones del extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez, quien dijo que esas adjudicaciones incluían un 15 % de “retorno” (cerrando el círculo de la corrupción entre empresarios y Estado), del total de $ 784.131.660,58 obtenidos en esas 17 obras unos $ 118 millones habrían sido destinados a coimas.
Méndez, que estuvo al frente de la UIA en el mismo momento en que los Macri ganaban estas licitaciones, dijo que él asumió “por primera vez (al frente de la UIA) hace diez o doce años, a la obra pública la llamaban Movicom: va con el 15 adelante”.
Este mecanismo delictivo, mediante el cual empresarios y funcionarios corruptos se enriquecen, tiene un nombre: la “patria contratista”. Y no es un invento del kirchnerismo aunque el Gobierno nacional, con la ayuda de los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial, quieran transmitir esa idea.
Este término comenzó a usarse a mediados de los 70 para referirse a un grupo de empresas proveedoras del Estado que hicieron grandes negociados con la obra pública mediante coimas y sobreprecios. Y uno de sus máximos exponentes es el Grupo Macri, altamente beneficiado por la última dictadura cívico-militar.
De ese año a esta parte, este sistema corrupto se mantuvo intacto.
Como viene insistiendo La Izquierda Diario, cabe preguntarse si el juez federal Claudio Bonadio llamará a declarar al Presidente, a su padre o a algún otro integrante de su familia. ¿Los medios masivos de comunicación que vienen bombardeando con el caso se lo exigirán? ¿Habrá nuevas investigaciones que muestren los lazos entre la familia Macri y los funcionarios kirchneristas en la década pasada?
