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Red Internacional
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Corrupción. Almeida pidió al gobierno chino que se “tratara bien” a los comisionistas del “caso mascarillas”

Continúa la investigación por el “caso mascarillas” con el que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron varios millones de euros en comisiones. Hoy se conoce que el alcalde de Madrid avaló esta transacción con una carta al gobierno chino.

Miércoles 20 de abril de 2022

MADRID, 19/04/2022.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada a la inauguración de la XX edición de la feria IMEX-Madrid que se celebra dentro de la Semana de la Internacionalización 2022, este martes en Madrid. EFE/ Fernando Villar

A petición Alberto Luceño, uno de los dos comisionistas implicados en el caso, el alcalde de Madrid firmó una carta que avalaba al empresario ante el gobierno chino, haciéndole colaborador del Ayuntamiento madrileño. Con esta operación se permitía el envío de material defectuoso en mitad de la primera ola de coronavirus.

En total, seis millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, sería el montante que recibieron los comisionistas por hacer de intermediarios con una empresa malaya entre el Ayuntamiento de Madrid y proveedores chinos. Cinco de ellos fueron directamente al bolsillo de Luceño, el cual había estado dando junto a su socio cursos sobre donde destacaba la honestidad e integridad como valores empresariales.

Seis millones que salieron de las arcas públicas y que sirvieron de pago para que se realizará un envío de material sanitario que no correspondía con el solicitado y por el que se pagaron precios que quintuplicaron los precios de mercado del momento. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción investiga ahora a los comisionistas por un delito de estafa, falsedad y blanqueo de las comisiones.

La carta avalando a Luceño no es el único contacto que el alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida habría tenido con los criminales, ya que cuatro días antes de que los comisionistas se embolsasen el primer millón, Almeida llamó a Medina por teléfono. Una llamada que habría sido “de agradecimiento” según el alcalde, pese a que el material ni siquiera había llegado al Estado español.

En la carta firmada por Almeida, el alcalde destacó la profesionalidad de Luceño y pedía, en palabras de la responsable de compras del Ayuntamiento Elena Collado, que se “le tratara bien” por parte de las autoridades chinas.

Ahora la Fiscalía exige el embargo de los bienes de ambos: pero ni Luis Medina, que vendió los bonos bancarios obtenidos con el dinero de sus comisiones y tiene un descubierto de 6.000 euros en una de sus cuentas, ni Alberto Luceño, que también se habría desprendido de sus bienes, hacen frente al embargo. Este último tendría bienes por un valor de 128.000 euros, pero se le reclaman más de 5,5 millones.

En el caso de Medina, la Fiscalía suspendió el embargo cuando vio que en su cuenta solo constaban 247 euros. Una treta por la que los empresarios tratan de evadir toda responsabilidad económica por el fraude.

El “caso mascarillas” es una historia en la que vuelven a estar mezclada la derecha y la corrupción (recordemos el otro “caso mascarillas” de Ayuso, por el que se pidió la cabeza de Pablo Casado en febrero), supuestos empresarios a los que no se conoce ni oficio ni beneficio y hasta la aristocracia, pues Medina viene de familia de rancio abolengo y está en pleno trámite de obtener un marquesado.

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No se trata de ninguna excepción: el régimen favorece estas corruptelas para continuar aumentando la riqueza de quienes ya son ricos. El tráfico de influencias y la estafa no son delitos que se den de forma aislada: forman parte del “crimen organizado” que es el sistema capitalista.

Es por eso por lo que la aristocracia, la Corona y los partidos del Régimen utilizan la corrupción como modus operandi de la política, a la par que se suceden las crisis capitalistas que paga el pueblo trabajador.

Acabar con la corrupción es, ante todo, acabar con todo el interés privado ilegítimo, destruir los mecanismos por los que la casta política se hace rica a costa del resto y construir una democracia de los trabajadores y las clases populares, en base a unos principios de reparto racional de los recursos.