Las versiones oficiales hablan de un enfrentamiento derivado de un supuesto cisma en las filas del llamado Cártel de Sinaloa. En este fuego cruzado quienes sufren son los poblados y comunidades de la clase trabajadora.
Miércoles 9 de agosto de 2023
Según las explicaciones expuestas por el gobierno estatal a cargo del morenista Rubén Rocha Moya, El Chapo Isidro y Lugo Lara habrían roto con lo que quedaba de los Beltrán Leyva en 2017, pasándose a lado del supuesto Cártel de Sinaloa. Sin embargo, tras algunos reacomodos en la estructura de dicha organización, las pugnas al interior de la misma han aumentado.
Medios de comunicación como El Sol de Sinaloa, con base en documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, refieren que esta situación tiene como antecedente el aludido reacomodo que se viene configurando desde el 2017, el cual inició con reuniones entre la célula de El Chapo Isidro y Calabaceño con el llamado Cártel de Sinaloa ─llevadas a cabo en la presa Bacurato- y que tuvieron como objetivo, además de la adhesión de dichos grupos a esta última organización, la negociación del control de los municipios de El Fuerte, Choix, una parte de Ahome y el mencionado Sinaloa de Leyva.
En ese contexto, la zona se ha visto afectada durante estos años por episodios esporádicos de violencia que han encontrado su clímax los días 28, 29 y 30 de julio de este año. Algunas versiones emitidas por personal del ayuntamiento del municipio sinolaíta aseguran que, a pesar de que la ruptura entre las células de Isidro y Los Calabaceños ya estaba consumada, el fallecimiento de la ex alcaldesa municipal María Beatriz León Rubio, acaecido el 20 de junio pasado en Ahome, terminó por agudizar la violencia que se desprendió de la fractura entre los grupos que supuestamente han sostenido la pugna territorial.
Oficialmente se ha dicho que Beatriz León murió en un accidente automovilístico, sin embargo, el semanario RíoDoce ─especializado en temas del narcotráfico en México y, sobre todo, en la región- planteó, con base en testimonios recabados, que tanto la exalcaldesa como su padre y su hijo habían sido levantados por un grupo armado días antes de su fallecimiento.
El 3 de agosto, cuatro días después de finalizada la jornada de violencia en Sinaloa de Leyva, en las calles de las cabeceras municipales de Mocorito y Salvador Alvarado (este último, destino de las cientos de personas desplazadas) fueron encontradas una gran cantidad de volantes que presuntamente dirigió el grupo del Chapo Isidro en contra del Calabaceño, los cuales decían “Toda tu familia está sufriendo por tu culpa. Ya hiciste demasiado daño a la población. No vamos a parar, vamos por ti, rata traidora”.
Estela de violencia en una zona minera y de megaproyectos
Las personas afectadas de estas disputas son habitantes de las comunidades de Corral Quemado, La Higuerita de Los Miranda, Gámez, El Saucito, Carrizalejo, El Opochi, Bacubirito y San José de las Delicias, entre otras, las cuales se encuentran muy cerca de la frontera de Sinaloa con Chihuahua. Los desplazados de estos poblados suman alrededor de 700, mismos que tuvieron que trasladarse a la ciudad de Guamuchil, en el municipio colindante de Salvador Alvarado.
Es importante mencionar que esta zona del noreste de Sinaloa es una región minera, donde hay intereses de empresas canadienses, estadounidenses y chinas que se dedican a la extracción de oro, plata y plomo.
Las minas emplean mano de obra de indígenas rarámuris quienes viven en condiciones de extrema pobreza y a quienes ha sido documentado en investigaciones periodísticas que las empresas someten a condiciones de semi-esclavitud, pagándoles con maíz por las jornadas de trabajo, al más puro estilo porfirista de las tiendas de raya de inicios del siglo pasado.
Obviamente la población indígena también es afectada por la violencia extrema, sin embargo, no pueden escapar de sus comunidades debido a que ni si quiera tienen la manera de hacerlo.
Otra cuestión que debe señalarse es que Sinaloa de Leyva será uno de los municipios por donde pase el gasoducto El Encino – Mazatlán, el cual es un megaproyecto que, como su nombre lo indica, tiene como objetivo transportar gas desde El Encino, Chihuahua, hasta Mazatlán, Sinaloa.
Dicho megaproyecto comenzó a ser construido en 2013 por la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V. Está proyectado para completarse en dos etapas: la primera fue la del segmento El Encino – Topolobampo (al norte de Sinaloa), la cual ya se ha concretado, mientras que la segunda contempla Topolobampo – Mazatlán (hasta el sur de Sinaloa), la cual aún no ha iniciado su construcción.
La construcción de la primera etapa de este megaproyecto estuvo acompañada de una oleada masiva de desapariciones forzadas sobre todo de jóvenes en las regiones de Choix, El Fuerte y Ahome, los tres municipios que atravesó el gasoducto al norte sinaloense; ahora la situación de violencia se está agravando hacia el sur.
Tomando esto en cuenta habría que considerar la tesis de autores como Oswaldo Zavala, que afirma que la llamada guerra contra las drogas establecida por lineamientos políticos de Estados Unidos a principios de la década de los 70’s, más allá de combatir y prevenir el fenómeno de la adicción a las drogas, lo que ha hecho es establecer una forma de gubernamentalidad, esto es, un conjunto de estrategias y técnicas de gobierno para regular cuerpos, acciones, y mentalidades de la sociedad contemporánea.
Esta gubernamentalidad se sostiene a partir de un ejercicio permanente de guerra que posibilita, en ciertos momentos, el establecimiento de un estado de excepción, el cual, cuando se establece permite un ejercicio de poder que excede las barreras de lo que el Estado declara en discurso que es su legalidad, es decir, que le permite exceder las constricciones del derecho y las garantías individuales que el régimen burgués dice respetar, pero que en los hechos pisotea cínicamente.
El propio comienzo de la supuesta guerra contra las drogas en México ─16 de enero de 1977- se da a partir de la puesta en marcha de la Operación Condor ─homónima a la implementada en países del Cono Sur-, la cual sirvió a nivel táctico al Estado Mexicano para amedrentar a poblaciones serranas de campesinos pobres sinaloenses que tenían anhelos de justicia social y agraria.
O sea, este conjunto de estrategias y técnicas que se establecen a través de la llamada guerra contra las drogas lo que hace es mostrar una práctica que el capitalismo lleva a cabo desde el momento en que nace: la acumulación de capital por desposesión/despojo de las tierras y bienes naturales que pertenecen a comunidades.
No es coincidencia la fecha de inicio de la Operación Condor; tres años antes, el 16 de enero de 1974, la Liga Comunista 23 de Septiembre había impulsado en Culiacán la Operación Asalto al Cielo, mediante la cual llevaron a cabo un ensayo insurreccional fallido, acompañados de miles de obreros agrícolas y de construcción, así como de ejidatarios pobres, estudiantes y profesores pertenecientes sobre todo a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El inicio de la guerra contra las drogas en México, a través del desplante simbólico manifestado en la fecha de la puesta en marcha de la Operación Condor en Sinaloa, evidencia la dimensión represiva de las operaciones conjuntas entre EE.UU y México en materia de seguridad nacional. Amedrenta a poblaciones que pueden ser un obstáculo en la implementación de megaproyectos. Y decimos supuesta guerra, porque en realidad hay mucho de terrorismo de Estado encaminado a preparar a poblaciones para despojarlas de sus bienes y territorios.
Entre las poblaciones afectadas durante la implementación de la Operación Condor (1977-1983) se encuentran las del municipio de Sinaloa de Leyva, hoy golpeadas nuevamente por la violencia.
