Este jueves, más de 500 habitantes del municipio de Chenalhó, Chiapas, marcharon por el cese de violencia y la resolución del conflicto con la comunidad vecina de Chalchihuitán por limites territoriales.
Viernes 8 de diciembre de 2017
La peregrinación fue encabezada por Manuel Pérez Gómez, párroco de la iglesia de San Pedro Chenalhó.
Los indígenas se concentraron en el crucero de Las Limas, cruce entre Chalchihuitán y San Cristóbal de las Casas, al finalizar el recorrido ahí hicieron votos por el cese de la violencia entre ambos pueblos y la paz en la región.
A la par, aproximadamente cincuenta agrupaciones denunciaron que la violencia en la región se agrava, bajo la presencia de grupos paramilitares que buscan infundir terror en la población y cuentan con la protección de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez y el gobierno de Chiapas.
Estas organizaciones afirmaron en su comunicado que existen “testimonios directos de la aquiescencia del Estado mexicano ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio en los Altos de Chiapas”.
Añadieron que:“el gobierno de Chiapas es responsable de graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada, en una zona de histórica impunidad y protección estatal a paramilitares, ha sido inoperante para disuadir las agresiones y las instancias de impartición de justicia no han actuado. Esta situación escala en niveles de conflictividad en otras regiones”.
En este sentido el sacerdote Pérez Gómez advirtió,“Queremos evitar otra masacre como la de hace 20 años en Acteal”, lugar en el que paramilitares asesinaron a 45 indígenas tzotziles, incluyendo niños y mujeres embarazadas, el 22 de diciembre de 1997, crimen que continúa en impunidad.
El conflicto que existe desde hace 45 años entre estas comunidades, se agudizó despues de que el 18 de octubre pasado habitantes de Chenalhó asesinaron a balazos Samuel Luna, de Canalumtic, Chalchihuitán. El 29 del mismo mes, fue herido por el mismo medio Sebastián Ruiz Ruiz, originario de Chenalhó.
A pesar de que los manifestantes exigen la definitiva resolución de conflicto en el Tribunal Unitario Agrario este 15 de diciembre, afirmaron que buscan la unidad “pues el enemigo es la pobreza y la marginación”.
Responsabilidad del Estado
El Estado ha acobijado históricamente la presencia y actuación de grupos palamiritares en regiones de vulnerabilidad y movilización social, desde el levantamiento del EZLN en 1994 su extensión a la par de la militarización han sido medios para la represión y la difusión del terror.
El conflicto de más de 45 años entre Chenalhó y Chalchihuitán, ha causado el desplazamiento forzado de 5 mil 23 personas que viven en campamentos improvisados o a la intemperie. La violencia no solo ha crecido con la omisión del Estado sino con cobijo de él.
Mientras el conflicto ha alcanzado a los pobladores y la violencia se extiende, son la casta política que en beneficio de los empresarios extienden el despojo a las poblaciones y los megaproyectos, que destruyen el medio ambiente, acabando con poblaciones enteras. Es la política neoliberal la que sepultó a los pequeños campesinos y ha ampliado la explotación para la ampliación de las ganancias.
