La ex concejala de San José de Maipo, Marta Birke afirma que esto es un acto de amedrentamiento ya que asegura que han interferido en conversaciones vía whatsapp de grupos ambientales, como también las redes sociales. Además comenta que “Alto Maipo contrató a la empresa de Felipe Jaque Zamora para investigar a vecinas y vecinos común y corrientes que, con conciencia ambiental, fiscalizaron el proyecto
Viernes 21 de abril de 2023
El medio Interferencia publicó un artículo en noviembre del 2021 en la que daba cuenta que entre febrero y agosto de 2020, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de propiedad de la empresa AES Andes S.A, filial de la multinacional AES Corporation, invirtió $3 millones mensuales en servicios de “ciberinteligencia” con la finalidad de obtener direcciones particulares, números telefónicos, el RUT y otras informaciones personales de ambientalistas y opositores al proyecto.
Luego de lo ocurrido, dirigentes ambientalistas y trabajadores y trabajadoras interpusieran un recurso de protección contra la empresa, durante la semana pasada, Alto Maipo Spa elaboró un informe hacia la Corte Suprema en que reconocen que han contratado un servicio de “seguimiento de reacciones en redes sociales con la finalidad de poder alertarse y eventualmente prevenir potenciales acciones dañosas". Sin embargo, ellos consideran que aquel servicio no fue espionaje, seguimiento o amedrentamiento contra el personal, fundamentando su negocio por “actos delictivos que han afectado al personal y bienes de la misma empresa”, los cuales “se vieron agravados luego del mes de octubre de 2019", o sea, criminalizando la revuelta con el fin de vulnerar a dirigentes ambientalistas.
La ex concejala de San José de Maipo, Marta Birke afirma que esto es un acto de amedrentamiento ya que asegura que han interferido en conversaciones vía whatsapp de grupos ambientales, como también las redes sociales. Además comenta que “Alto Maipo contrató a la empresa de Felipe Jaque Zamora para investigar a vecinas y vecinos común y corrientes que, con conciencia ambiental, fiscalizaron el proyecto
La compañía que ha hecho alusión la ex concejala, afirman que no existieron “ actos ilegales ni arbitrarios en contra de los recurridos ”, asegurando que sólo recibieron datos de acceso público. Alto Maipo establece en su informe a la Corte que dicho contrato jamás fue firmado, por lo que no tiene ninguna validez legal.
En abril del 2022, el Congreso ratificó la adherencia de Chile al Acuerdo de Escazú, acuerdo que busca: Establecer objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental; que las personas pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales; que las personas puedan acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente. promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Por lo que la implementación de este proyecto, sumado a los actos de amedrentamiento contra opositores al proyecto sería una vulneración al Acuerdo de Escazú, durante un período de un gobierno que se presentaba como "ecologista".
A propósito de que se acerca el 7 de mayo, día se realizarán las elecciones de los consejeros constitucionales, la "comisión de expertos" establecieron un articulado sobre medio ambiente, con solo tres artículos que abracaron el tema central de manera general y cocinado entre cuatro paredes.
