Las movilizaciones en Chubut pusieron en primer plano las peleas en defensa del ambiente. Este año un nuevo proyecto megaminero despertó el rechazo del pueblo de Andalgalá. Mientras tanto, entre cuatro paredes, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) discute cómo obtener más regalías de la megaminería. ¿Cómo llegó la UNT a ser parte del saqueo?

En la última semana, en la provincia de Chubut tuvo lugar una avanzada del gobierno de Mariano Arcioni para impulsar la megaminería que fue derrotada por una gran movilización provincial impulsada por una importante alianza obrera y popular. No es un caso aislado: los gobiernos vienen sosteniendo un modelo basado en la minería y en las commodities como núcleo privilegiado de crecimiento del país (y de la región) desde la reprimarización de la economía ocurrida entre la dictadura militar de 1976 y la década del 90. Desde hace casi tres décadas los proyectos de megaminería contaminante avanzaron en diferentes provincias, lo que también despertó la resistencia de los pueblos al saqueo extractivista. Uno de los casos testigo es el de Minera Alumbrera sobre el cerro Aconquija, en los departamentos de Belén y Andalgalá en Catamarca.

Minera Alumbrera es un consorcio de las multinacionales Glencore (Suiza), Goldcorp y Yamana Gold (Canadá) que desde hace 25 años explota el yacimiento Bajo La Alumbrera, que con sus 5.800 hectáreas se encuentra dentro de los 10 emprendimientos más grandes de cobre del mundo y entre los 15 de oro.

Alumbrera cuenta con instalaciones conexas a lo largo de cuatro provincias para transportar lo que extrae. Estoy incluye un mineraloducto Catamarca-Tucumán de 316 kilómetros con una capacidad de transporte de más de 100 toneladas por hora, una línea ferroviaria de 800 kilómetros que transporta el concentrado desde la planta de filtros a las instalaciones portuarias en la provincia de Santa Fe.

Desde el 2000 comenzaron los primeros reclamos y denuncias por la contaminación en el agua y porque las promesas de “progreso” en la región eran falsas. Según una estimación del periodista Dario Aranda [1], Minera Alumbrera tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litros de agua en una zona semidesértica por día, mientras la OMS establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua en ese lapso de tiempo. Es decir, Alumbrera usa por día el agua equivalente a dos millones de personas.

Del lado oriental del Aconquija, Alumbrera agotó las reservas de agua del campo del arenal, desde Belén hasta Santa María y por todo el Valle Calchaquí. En la vertiente occidental del Aconquija, Alumbrera contaminó los ríos del sur tucumano con reiteradas roturas del mineraloducto que transporta barro con ácido y mineral diluido. Así está el caso de contaminación con metales pesados en Alpachiri y en Concepción, comprobado en la Justicia y la descarga de metales pesados resultantes de la planta de secado ubicada en Ranchillos. Este último caso derivó en la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce-Mar Chiquita (Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba), por la cual están procesados dos gerentes corporativos de Alumbrera.

Estos ejemplos son parte de los reclamos contra la megaminería, al mismo tiempo prueba de que el extractivismo solo deja contaminación mientras se saquean los recursos naturales. Por este motivo, Argentina está entre los países con mayor conflictividad por el rechazo a la megaminería según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). [2]

El yacimiento Bajo La Alumbrera finalizó su ciclo de vida el 31 de julio de 2018, declarando su cese de actividades, aunque se aprobó la continuación de la misma por diez años más de forma subterránea. Pero además en 2009 se anunció el avance del proyecto Agua Rica, un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno publicitado como tres veces más grande que Bajo La Alumbrera. Está ubicado a sólo 17 kilómetros de Andalgalá, y donde nacen los ríos que proveen de agua a la región. Este proyecto Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) entraría en explotación para 2025 y desde las transnacionales se afirma que puede generar “entre un 20 y 30% más dólares que Alumbrera”.
Tanto en la explotación de Bajo La Alumbrera como en el proyecto MARA, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) juega un papel clave al integrar una unión de empresas con las multinacionales que integran Alumbrera, lo que la hace partícipe del saqueo y la contaminación.

Pasado y presente del saqueo

La relación entre la UNT con la minería tiene varias décadas. En el año 1938 se crea el Instituto de Investigaciones Regionales de la UNT, en el cual fue designado Abel Peirano como Director del Instituto de Mineralogía y Geología. A partir de la década de los 40 comienzan a realizarse los trabajos de campo con muestreos y mapeo de zona en el noroeste catamarqueño, donde se descubre un yacimiento. En 1958 se creó por ley el organismo interestadual Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) —integrada por la UNT, la provincia de Catamarca y Nación— que tuvo los derechos de exploración y explotacion del distrito de Farallón Negro. Durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, y luego durante la última dictadura militar, se modificó un artículo clave (número cinco) de la ley 14.771 y se habilitó el ingreso del capital privado y transnacional a YMAD, lo que tendrá un salto de calidad durante el menemismo.

En la década del 90, YMAD conformó una unión de empresas transitoria (UTE) con Minera Alumbrera para cederle los derechos de explotación del yacimiento a cambio del 20 % de las regalías. Por el contrato UTE, Minera Alumbrera no está obligada a hacer públicas las cifras y estados anuales del ejercicio financiero de sus operaciones. Sólo se le exige a cada empresa participante la presentación de estados contables anuales, pero no un consolidado financiero común que integre toda la operación desarrollada por la UTE. Además posee exenciones provinciales en el impuesto de sociedades [3]. En octubre de 1997, Menem encabezó el acto inaugural de la explotación megaminera a cielo abierto de Alumbrera, un consorcio de transnacionales.

Desde aquellos tiempos la UNT fue parte del saqueo y su participación también incluyó una “validación social” frente a las crecientes denuncias por contaminación. Sobre las regalías de la megaminería, que comenzaron a repartirse en 2008, se montó la camarilla que ocupó el Rectorado y los decanatos durante años con casos de corrupción incluídos, como el del ex rector Juan Cerisola y otros funcionarios, que irán a juicio por malversación de unos $340 millones (U$S 85,5 millones, según la cotización de ese momento).

Este esquema comenzó a resquebrajarse luego de que se descubriera que durante la gestión de Cerisola, los representantes de la UNT renunciaron a la mitad de las regalías para así poder usarlas de manera discrecional (hasta ese momento solo podían ser usadas en “la construcción de la Ciudad Universitaria”). Y además porque las regalías comenzaron a decrecer desde 2014, por el cierre del ciclo de la explotación de Bajo La Alumbrera, razón por la cual la UNT también impulsa su participación en el futuro yacimiento Agua Rica.

En noviembre de 2019 se conoció un acta del YMAD firmada sin los representantes de la UNT para avalar la explotación de Agua Rica, desde 2025. Luego de sesiones con protestas, el Consejo Superior de la UNT encabezado por el rector José García rechazó este acuerdo, no para proteger los recursos y el ambiente, sino porque era un acuerdo “desfavorable” donde sólo recibiría el 26% de las regalías. Aunque el Rectorado intentó presentar esto como algo progresivo, no quita que el vínculo con la megaminería continúe al igual que el aval a Agua Rica.

“Están esperando que se explote [Agua Rica] porque lo único que les interesa es la cuestión económica, cuánto ganarán en utilidades entonces. La Universidad Nacional de Tucumán ya tiene suficiente información y podría haber emitido directamente un uniforme, en base a lo que denuncian las organizaciones sociales y ambientales, y teniendo la experiencia de Minera Alumbrera, por todo eso tendrían que haber declarado que es un proyecto inviable”, señala Freddy Carbonel de Pro-Eco.

En octubre de este año, la UNT volvió a recibir después de siete años un giro de regalías por $109 millones. Y a fin de año, el Consejo Superior sesionó en secreto en varias oportunidades para discutir cómo cerrar una disputa judicial para volver a percibir el 50% de las regalías a las que se renunció con Cerisola y cómo continuará su participación en YMAD-Alumbrera. Estas reuniones secretas suceden mientras los decanos peronistas y radicales se preparan para disputar el Rectorado en 2022.

La relación entre la UNT y la megaminería contaminante es parte de la herencia menemista que ningún gobierno se atrevió a tocar. Por un lado, la privatización de la explotación de recursos naturales como la minería para entregarlos a multinacionales; por el otro, la Ley de Educación Superior (LES) que habilitó el financiamiento privado, vía por la cual ingresan las empresas para imponer sus intereses, como forma de paliar el vaciamiento y ajuste presupuestario. Entre 2009 y 2010 se abrió una discusión en diferentes universidades nacionales sobre los fondos de la megaminería, donde cinco de ellas los rechazaron. La UNT y otras como la UNSAM mantuvieron su aprobación. En aquel momento el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todos los rectores, aprobó una resolución que señalaba que esos fondos se recibían de manera “legitimada legalmente”, sin cuestionar el origen. Además se armó una comisión para “debatir el tema” que obviamente no prosperó [4].

Terminar con la universidad-empresa

A principio de año la UNT guardó un escandaloso silencio ante la brutal represión que ocurría en Andalgalá frente a las movilizaciones contra la megaminería. Este silencio no es menor por su responsabilidad en los proyectos megamineros. La posición de la UNT era toda una muestra de la lógica de “universidad-empresa” con la que opera en su relación con Minera Alumbrera. Charlas, cursos y eventos para avalar el saqueo de la megaminería, junto con carreras de grado y posgrado que forman profesionales para que vuelquen conocimientos y potencial desarrollo tecnológico para la megaminería u otras políticas extractivistas, como la producción de transgénicos o el fracking, mientras callan sobre la contaminación y el impacto ambiental.

La financiación en la UNT por parte de estas empresas solo puede ser a costa de ponerse al servicio de sus ganancias. Siempre estás vías nos conducen al saqueo irracional de nuestros recursos naturales y la destrucción del ambiente. Una universidad en función de los intereses de un puñado de grandes empresas y nunca al de las mayorías trabajadoras y populares, que son quienes son invadidos y sufren el impacto directo al perder sus ríos y sus tierras.

Andalgalá es uno de los pueblos que hace años sufre el saqueo minero y resiste semana tras semanas en las caminatas que lleva adelante el pueblo, mostrando que la megaminería no tiene licencia social alguna. Fabio Paz, joven activista de la Asamblea El Algarrobo, relata lo que ocurrió en abril: "El día que suben las máquinas perforadoras, el pueblo se entera de casualidad y allí comienzan a cambiar el clima. Se puso muy tenso porque el pueblo no está de acuerdo, no tienen licencia social para avanzar con los proyectos megamineros. Había covid19 nos pusieron en etapa roja, los vecinos debían estar en las casas y ellos subieron las máquinas. Comienza a calentarse el clima a sacar movilizaciones, acciones legales incluso hasta la Corte Suprema. Hay que remarcar la presencia policial, también había llegado el ejército ese día”. Además agrega sobre el despliegue represivo por parte del gobernador Raúl Jalil del Frente de Todos: “los detenidos fueron 12, compañeros de prensa, del pueblo, se hicieron allanamientos, se llevaron computadoras y hay un fuerte operativo de censura siempre. Se busca siempre armar causas. A través de la fiscal Rodríguez quien es ex trabajadora de la minera. Un caso que sensibilizó fue el de Aldo Flores de 72 años, se logró su domiciliaria pero continúan con causas armadas”.

Más allá de los discursos de ocasión, queda claro que las autoridades de la UNT están por sostener el vínculo con la megaminería contaminante. Como también el Gobierno, que promueve el extractivismo en busca de los dólares que dejan a modo de vuelto las multinacionales para pagar la deuda externa mientras desfinancia la educación.

Terminar con el extractivismo y el ajuste

Como parte de la búsqueda de dólares para pagarle al FMI, el Gobierno de Alberto Fernández impulsa la profundización del extractivismo, desde el fracking en Vaca Muerta a la instalación de megagranjas porcinas, pasando por el litio. En cuanto a la megaminería, se dió vía a un nuevo negocio de las trasnacionales como el Proyecto MARA en Andalgalá, mencionado más arriba.

El camino para ponerle un freno a este modelo de saqueo extractivista es profundizar la organización y la movilización entre los pobladores y comunidades, junto a los trabajadores, el movimiento estudiantil y ambientalista. En el movimiento estudiantil de la UNT es fundamental que los centros de estudiantes se pongan a la cabeza del reclamo por la ruptura de la UNT con la megaminería, y que dejen de jugar un rol pasivizador y cómplice, como lo hacen corrientes como el kirchnerismo agrupado en el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE) desde el Consejo Superior y la Franja Morada al frente de la Federación Universitaria de Tucumán. Con la formación y el conocimiento de la Universidad, debería discutirse cómo poner ese conocimiento al servicio de las mayorías y de pensar un modelo que sea sostenible para el planeta.

La pelea contra la ley de zonificación en Chubut demostró la posibilidad de tirar abajo los proyectos megamineros, como ya ocurrió en Mendoza, con una alianza obrera y popular. Desde el día 1, las movilizaciones fueron masivas en diferentes puntos de la provincia. Las jornadas de protesta tuvieron un salto en calidad con cortes en rutas y un llamado a paro provincial por parte de sindicatos estatales de la salud pública, docentes y judiciales junto a las asambleas ambientales, y la entrada en escena de sectores estratégicos como portuarios y marítimos, que sumaron su rechazo a la ley pesquera.

Esta confluencia en las calles, con un gran protagonismo de la juventud y fortalecidos desde los lugares de trabajo, resistió las represiones diarias y le impuso al gobierno de Arcioni la derogación de la ley cuestionada.

El triunfo logrado por el pueblo de Chubut es un gran ejemplo de lucha para el conjunto de los trabajadores, sectores populares y para quienes luchan contra la agenda extractivista y la destrucción del medio ambiente. El gobierno de Fernández, con aval de la oposición patronal, se prepara para acordar con el FMI. Más temprano que tarde, ese acuerdo sólo traerá mayores ataques sobre las mayorías populares y el ambiente. Lo logrado en Chubut con la lucha es una importante lección para prepararse para los combates que vienen.